El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Matamoros, Juan Carlo Hernández, anunció el despido de al menos cuatro mil trabajadores que se sumaron a la oleada de huelgas y paros que desde hace más de un mes ha golpeado los bolsillos de empresas nacionales y extranjeras en la frontera norte del país. Los obreros y obreras no piden la luna, sino un aumento del 20% (algunos menos) y el pago de un bono único de 32 mil pesos.
Según el empresario, para diciembre de este año podrían sumar entre 10 y 15 mil los obreros sin trabajo. Hacia el 20 de febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente registraba el despido de mil trabajadores.
Valiéndose de una postura llena de cinismo, el empresariado mexicano responsabiliza de estos despidos a los procesos de huelgas y paros en la ciudad fronteriza. Alegan que, al no tener contemplado en el presupuesto el pago del bono, sumado a una presunta disminución de sus ventas, " tendrían que hacer "recortes". No de sus ganancias, sino de sus trabajadores.
Los despidos en AFX de obreras que no sólo participaron, sino que se pusieron al frente de la lucha por el 20/32, son una muestra de por dónde han comenzado los "recortes" de la patronal: obreros organizados y dispuestos a la lucha en defensa de sus derechos.
El mismo presidente local de la Coparmex ha declarado que el "ajuste de plantilla" laboral para "cortar costos" (es decir, despidos), se replicará de las industrias a las demás empresas del municipio.
El despido masivo de trabajadores en la maquila busca lanzar un mensaje muy claro: "si te organizas, te despido". Un mensaje que choca de frente con el ánimo de triunfo que ronda la ciudad y que se ha extendido por el estado y el país.
El gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, busca eludir la responsabilidad en las condiciones de precariedad en las que labora la población. Acusando una suerte de conspiración "desestabilizadora", el gobernador insiste en un discurso de "mejores condiciones de vida" para los trabajadores "sin perder la competitividad".
El gobernador de Tamaulipas ha solicitado a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, la instalación de un Diálogo Nacional con empresarios, sindicatos y trabajadores.
El Gobierno Federal, por su parte, ha mostrado una vez más los límites de su discurso del "gobierno de ricos y pobres". Ante los reclamos empresariales de "hacer valer el Estado de derecho" ante los paros (algunos de los cuales siguen calificando de "ilegales"), la administración obradorista buscó lavarse las manos. No sólo de los reclamos obreros que han comenzado a tomar en sus manos la "transformación" esperada, sino también de las medidas que emprenda la patronal en complicidad con el gobierno local, sus organismos (como la propatronal Junta Local de Conciliación y Arbitraje que declara inexistentes las huelgas) y sus fuerzas represivas. Esta dupla antiobrera ya se ha visto en acción en agresiones como la ocurrida en las afueras de la Bright Finishing.
Ante el cierre de filas entre la patronal y el gobierno, la unidad de los sectores en lucha es clave. El despido masivo es un nuevo golpe que sólo podrá enfrentarse con la más amplia solidaridad efectiva por parte de sindicatos democráticos y la más firme unidad de trabajadores y trabajadoras en lucha por todo el territorio encarnada en el llamado a un Paro Nacional en solidaridad. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. | 
