Este domingo todas las casas del país amanecieron sin luz. Los familiares de pacientes electrodependientes fueron quienes más sufrieron el corte masivo de suministro, no solo por lo que eso significa para ellos, sino que el día con intensas lluvías tampoco hizo fácil el traslado.
Mayra, secretaria de la asociación relató que si bien tienen protocolos para actuar en situaciones como estas, se vieron completamente desbordados. Apenas pudo ver su celular tenía cientos de mensajes desesperantes de papás y familiares de electrodependientes que no sabían que hacer.
Es que como relata Mauro en la entrevista, solo unas pocas familias cuentan con grupo electrógeno en sus hogares.
Ya el mes de marzo arrancó con un nuevo tarifazo en el servicio eléctrico. El incremento fue del 14 % y el acumulado en lo que va del año (en apenas dos meses) es del 43 %. Y volverá a aumentar casi un 10% antes de fin de año.
El tarifazo no le da tregua a los bolsillos de la inmensa mayoría de la población y pone en peligro a las personas electrodependientes, cuyo nivel de dependencia extrema a la electricidad las convierte en un grupo de alto riesgo.
El mayo de 2017, cuando el tarifazo ya se había convertido en una política constante, y luego de una ardua pelea por parte de los familiares de electrodependientes, el Congreso votó la Ley 27.351 que los exime del pago de la tarifa de electricidad por ser personas que requieren “de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico”. Suministro esencial “para evitar riesgos en su vida o su salud”.
Son 5.566 las personas ya registradas que gozan de este derecho, unas 1.000 más están esperando aún que se apruebe su trámite y más de 300 hoy se encuentran imposibilitadas de acceder a la tarifa subsidiada debido a que el Estado rechazó su pedido.
Hecha la ley, hecha la trampa
Un año después de promulgada la ley, exactamente en junio del 2018, falleció Valentino, un niño de tan solo cinco años. Valentino era electrodependiente a causa de una parálisis cerebral y murió a raíz de un corte de luz que hizo Edesur en su casa por la falta de pago de una factura de casi $60 mil. Un monto totalmente impagable para la familia de Valentino y para la mayoría de las familias argentinas.
Federico Engels, en 1845, decía que cuando es la sociedad, y en mayor grado la responsabilidad le cabe al Estado por supuesto, la que pone en riesgo de muerte a sectores de la población estamos en presencia de un crimen social. Se trata de "millares de seres humanos a quienes se les quita los medios de existencia indispensable”. ¿Cómo definir la muerte de Valentino si no es de esta manera?
“Después de una lucha intensa, tenemos una ley que debería protegernos, pero desde el Estado se tejió una gran red burocrática que imposibilita acceder a los derechos contenidos en esta ley”, dice Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes en conversación con La Izquierda Diario y explica las razones.
En primer, lugar porque “el Estado no genera las campañas de difusión reglamentadas en la ley. Es muy difícil que te puedas enterar de la ley”. Ese fue el caso de Valentino, que no estaba en el Registro de Electrodependientes a cargo de la ahora Secretaría de Salud.
“Llame muchas veces a Edesur para informales que tenía a mi nene electrodependiente, pero me dijeron que tenía una deuda”
"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", contó la mamá de Valentino días después.
La segunda razón son los largos tiempos de la burocracia administrativa que impone el Estado. “Si te enterás de la ley tenes que someterte a los tiempos de la secretaría (de Salud) porque para poder acceder a todos esos derechos tenes que registrarte en la Secretaria y está demorando hasta 7 u 8 meses el ingreso. Después, tenés que cumplir una serie de requisitos que puso el ENRE como tener un certificado de conformidad de instalación eléctrica que lo otorga un electricista matriculado y tiene un valor de $5500 en el mejor de los casos”, afirmó Stefanizzi.
“Nos pidieron que hagamos el pago a cuenta para que me devuelvan la luz”
Durante esa extensa espera se acumulan deudas impagables. Ese fue el caso de Sergia Moran, una jubilada electrodependiente de 78 años a quien Edenor le cortó la luz también por falta de pago en enero de este año, cuando estaba anotada en el registro desde noviembre del año pasado pero a la espera de una respuesta.
A la familia de Sergia se le acumularon tres facturas impagas (de $14.000, $17.000 y $ 21.000) y Edenor solo aceptó volver a suministrar la electricidad después de un pago parcial de la deuda. “Nos pidieron que hagamos el pago a cuenta para que me devuelvan la luz”, relató la hija.
Stefanizzi es claro en explicar que en estos casos la responsabilidad es del Estado. “La Secretaria de Salud se toma todo el tiempo del mundo para resolver los expedientes”. Además, indica que las empresas no reciben notificación del Estado al iniciarse un trámite, entonces en ese lapso las personas quedan a la deriva y ni el Estado, ni las empresas se hacen responsables.
Los casos de Valentino y Sergia no son los únicos. Ilustran, además, el drama que padecen las personas electrodependientes producto de la voracidad de ganancias de las empresas concesionarias del servicio, pero también del Estado, más interesado en garantizar la rentabilidad de las privatizaciones que el derecho a la vida. | 
