Luego de la repercusión nacional e internacional que tuvo la tortura que consumaron sobre la niña de 11 años abusada a quien obligaron a parir, se abrió un fuego cruzado entre la Justicia y las autoridades del Siprosa relegando responsabilidades hacia terreno ajeno.
El colmo, llegó cuando la Ministra de Salud Rossana Chahla responsabilizó a la madre de la niña por las dilaciones a la hora de realizar la ILE. Esta mañana circuló por redes y medios locales el texto del oficio que la fiscal Adriana Gianonni presentó actuando desde el Ministerio Público Fiscal frente a la “posible comisión de un delito de acción pública. Homicidio”. Junto a este oficio, la fiscal ya había solicitado la intervención de una defensora por el “no nacido”.
El texto del oficio lleva su firma y fue presentado el 11 de febrero ante las autoridades del Hospital Eva Perón. Se ampara en la Ley 8293 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La misma fue sancionada bajo el Gobierno de José Alperovich y señala como sujeto de aplicación a “toda persona desde la concepción hasta los dieciocho (18) años de edad”.
La comprobada obstaculización de la Justicia, sin embargo, no deslinda de responsabilidad a los funcionarios públicos a quienes desde el movimiento de mujeres les exigen la renuncia. En el caso del Secretario Ejecutivo del Siprosa, Gustavo Vigliocco había declarado a un programa radial el 21 de febrero, mintiendo que la niña quería continuar con el embarazo y que los riesgos no eran agudos ya que “pesaba más de 50 kg”. La ministra Chahla quien luego de cuatro semanas de postergaciones deliberadas emitió un comunicado aclarando que iban a realizar “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.
Es decir, la intervención de oficio de Gianonni (que el año pasado ya intentó criminalizar a una médica del Hospital Avellaneda, Fabiana Reina por haber garantizado una ILE a otra nena de 11 años) estuvo en absoluta consonancia con la intervención del Siprosa que actuó con dilaciones premeditadas para poder recurrir como hicieron en Jujuy a la cesárea.
El rompecabezas, se completa con la cúpula del poder político. En la provincia donde el gobernador Juan Manzur encabezó las marchas contra el aborto Legal, su brazo derecho el legislador Caponio presentó un proyecto para prohibir las ILE y todos los bloques de la legislatura aprobaron la declaración de “provincia pro vida”, lo que le pasó a Lucía no es un rayo en cielo sereno. Se trata de un régimen profundamente misógino donde funcionarios, fiscales, jueces, legisladores se han ensañado con las mujeres.
Frente a la aparición de este documento, Alejandra Arreguez, dirigente del PTS Frente de Izquierda y Pan y Rosas, declaró: “Cada avanzada contra derechos conquistados no es cuestionada en ningún ámbito de poder. Al revés, es respaldado como en este caso por una ley aprobada bajo el gobierno de Alperovich en 2010 y que se encuentra en sintonía con la reforma del Código Civil y Comercial que impulsó el kirchnerismo en 2014 y que en su artículo 19 plantea ‘la existencia de la persona humana comienza con la concepción’”.
En relación a las acciones que preparan desde el movimiento de mujeres, la dirigente sostuvo: “La injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos tiene graves consecuencias para las mujeres, jóvenes y niñas. No podemos permitir que se sigan tirando la pelota entre ellos. La bronca enorme que nos genera lo que le hicieron a Lucía tenemos que transformarla en movilización. Este 8 de marzo vamos a llenar las calles en todo el país para exigir la adhesión al protocolo ILE, la renuncia de Chahla, Vigliocco y Ávila. Desde Pan y Rosas vamos a insistir con la necesidad de fortalecer el movimiento de mujeres en alianza con las y los trabajadores y en las antípodas del peronismo, el kirchnerismo y Cambiemos que no perdieron oportunidad para arrodillarse ante la Iglesia y negarnos nuestros derechos”.
