Todo empeoró en septiembre del 2018, cuando el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el retiro de los subsidios nacionales a las empresas de transporte.
Si bien, el servicio de transporte público provincial brindado por empresas privadas siempre tuvo crisis, el recorte del Gobierno nacional profundizó los problemas del sector, a tal punto que los mismos llegan hasta el día de hoy en forma mucho más alarmante.
Una muestra de ello se pudo ver en el último conflicto de casi dos semanas entre las trabajadoras y los trabajadores del transporte interurbano local, la UTA, las empresas privadas que prestan el servicio y el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá.
Mientras les choferes reclamaban legítimamente salarios adeudados desde enero de este año, las empresas privadas de transporte argumentaban descaradamente falta de presupuesto, y los funcionarios de la gobernación proponían, como de costumbre, aumentos en el boleto de colectivo.
En el medio de la disputa entre los empresarios (que siempre buscan mantener sus márgenes de rentabilidad) y la administración provincial (que siempre busca reducir costos y presupuesto) quedaron las trabajadoras y los trabajadores del transporte sin cobrar y les usuarios del transporte interurbano: miles de trabajadoras, trabajadores, estudiantes, jubiladas, jubilados y jóvenes.
Ante semejante situación, la respuesta atrasada del gobierno de Rodríguez Saá, fue otorgarle a las empresas privadas transportistas un préstamo de 35 millones de pesos, que no es otra cosa que un manotazo de ahogado y un parche a una crisis estructural en el transporte público que cada vez se profundiza más.
La conclusión de todo esto y, de un conflicto que duró casi dos semanas, es que los empresarios y la casta política gobernante nunca van a darle una solución de fondo a la crisis del servicio de transporte.
Por el contrario, la única que puede hacerlo es la clase trabajadora en unidad con los sectores populares que sí utilizan el transporte para ir a trabajar, estudiar, hacer trámites, trasladarse, etc.
En este sentido, la estatización del servicio de transporte, en una empresa estatal única, gestionada por las mismas trabajadoras y los mismos trabajadores del sector, y controlada por comités de usuaries, es una medida elemental para garantizar un servicio de calidad, sin la lógica del lucro privado ni especulación.
Combinado con el aumento progresivo de los impuestos hacia los sectores más ricos y acomodados de la sociedad puntana para garantizar un presupuesto hacia el transporte que dé respuestas eficaces a las necesidades del pueblo trabajador, son políticas de fondo que nada tienen que ver con los parches auspiciados y aplicados por quienes gobiernan la provincia hace 36 años y por quienes posan coyunturalmente como opositores. | 
