Este lunes, Claudio Bonadío dictó un nuevo procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner con prisión preventiva en la causa que investiga la compra de gas licuado durante su gestión. El magistrado la acusa por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta de fondos públicos y considera al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a su mano derecha, Roberto Baratta, como organizadores, motivo por el cual también dictaminó su procesamiento y prisión preventiva.
Además, se establecieron embargos que van desde los 200 a los 300 millones de pesos y, en el caso de Cristina, se amplió el que ya pesaba sobre ella hasta los mil millones de pesos.
El juez argumenta la existencia de una maniobra defraudatoria en perjuicio económico del Estado Nacional, porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado.
En la causa también están procesados el ex titular de Enargas Walter Fagyas, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo, y se incluye a ex directivos de YPF y Enarsa.
Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF.
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