Fotografía : Reuters
Esta denominación, ’Ley Mordaza’, por parte de la oposición a la misma a pie de calle, se debe a que comporta un verdadero retroceso para las libertades y los derechos democráticos.
Esta ley fue originalmente presentada por el Ministerio del Interior y aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de julio y cuenta con el rechazo de los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales, de jueces y abogados y todos los grupos parlamentarios excepto el PP.
La ley es conocida por convertir en delitos la protesta social, con penas de cárcel o multas de hasta 600.000€ por convocar manifestaciones o acudir a las mismas si las autoridades no las permiten, o considerar la resistencia no violenta atentado a la autoridad. Esta ley se une a una reforma del Código Penal que contempla entre otros aspectos, la cadena perpetua, como “prisión permanente revisable”.
A la hora de su aprobación en el Congreso, se endurecieron ciertos aspectos de la Ley, como autorizar la disolución de manifestaciones o considerar una falta grave el uso de imágenes de policías, así como legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en Ceuta y Melilla, donde además de colocar cuchillas en la valla de la frontera, el 6 de febrero de 2014 la policía fronteriza causó la muerte de 15 personas.
Aunque presenta grandes similitudes con la franquista Ley de Orden Público de 1959, esta ley se comenzó a gestar en el contexto de la crisis capitalista, en especial a partir de la emergencia del movimiento 15M y el auge de la protesta social en 2011. Con la Ley de Seguridad Ciudadana se viene intensificando esta campaña represiva de parte del Régimen, que busca perseguir y criminalizar las protestas sociales.
Durante estos años se venía dando un aumento de manifestaciones y huelgas contra los cierres, despidos, EREs o rebajas salariales de empresas o contra los recortes presupuestarios en educación, sanidad, servicios sociales y libertades democráticas. Esta movilización es una respuesta ante las medidas de austeridad del gobierno del PP, los desahucios, la corrupción política y el desempleo. La aprobación de esta ley es considerada un contraataque directo del gobierno y el Estado ante la protesta social con la intención de criminalizar a las luchas obreras y sociales.
Desde la propuesta de esta ley vienen convocándose numerosas movilizaciones de protesta en todas las ciudades, coordinados en buena parte en la plataforma "No Somos Delito", que agrupa a más de 70 organizaciones de juristas y activistas sociales, mientras la represión policial sigue centrándose en la juventud, las luchas obreras y los activistas sociales.
Así, miles vienen siendo multados por manifestarse, muchos detenidos han sufrido abusos y torturas en las comisarías, varios huelguistas han sido condenados a prisión por haber participado en piquetes, así como los mineros condenados en el marco de la gran huelga que llevaron a cabo en 2012.
También la represión policial se ceba en jóvenes luchadores condenados a prisión -como Alfon, Raquel, Ricardo o Juan Diego- y otros a la espera de juicio. Anarquistas acusados de terroristas bajo la invención de atentados en la Operación Pandora, los detenidos de la izquierda abertzale en diversas operaciones, junto a casos recientes de muertes a manos de fuerzas policiales y otros tantos de represión en la cárcel, unidos a la impunidad de la violencia policial en manifestaciones y comisarías. |
