Con el trasfondo de las movilizaciones contra las oficinas de Edet en distinto puntos de la provincia y la conmoción generalizada por el caso de “Mateo”, el niño que llorando de hambre increpó a los ediles del Concejo Deliberante de Concepción, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, anunció hace unos días que implementará una reducción de las tasas municipales que desde hace años se cobran sobre la tarifa de Edet.
La medida alcanzaría a unos 45 mil usuarios de la capital sobre un total de 160 mil usuarios que tiene el municipio y, según afirmó, implicaría una reducción del 15 por ciento en la tarifa final.
“Hay muchas medidas que tomó el Gobierno con las que no estoy de acuerdo. Creo que Macri ha subestimado la situación económica del país”, manifestó Alfaro, la pata peronista de Cambiemos, coalición que en 2017 llevó a su esposa Beatriz Ávila a la Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada acompañó todas las medidas de gobierno y no dudó en votar en contra de la “ley antitarifazos” que buscaba congelar los aumentos en los servicios públicos, y que el presidente Macri terminó vetando.
Quizás por eso, en plena campaña por la reelección el intendente capitalino busca mostrarse “gestionando”, lo más despegado posible de la candidata a gobernadora de su espacio, Silvia Elías de Pérez, y de su propia esposa, quien hace unos meses era la cara de los afiches en plena especulación sobre la composición de la fórmula.
Si con una mano Alfaro apoyó el tarifazo, con la otra no tiene mucho que ofrecer: una modesta rebaja en las tasas municipales que costará unos 100 millones de pesos anuales.
Si tenemos en cuenta que cada concejal percibe en promedio unos 20 millones de pesos anuales entre dieta y sueldos para sus empleados, estamos hablando de que el costo de la rebaja de las tasas municipales para 45 mil usuarios equivale a lo que perciben apenas 5 concejales de este municipio.
Desde el gobierno provincial, Juan Manzur, también amagó con el anuncio de cubrir la quita de la “tarifa social” que hasta hace poco percibían unas 160 mil usuarios de poco más de medio millón que tiene la provincia.
Aunque Manzur quiera despegarse de las medidas que viene tomando el gobierno, esa quita estuvo pautada en el Pacto Fiscal que firmaron los gobernadores del PJ con el presidente Macri, a instancias del acuerdo con el FMI.
El costo de subsidiar nuevamente esa tarifa social se estima en unos 500 millones de pesos para 2019. Una cifra que el gobierno viene retaceando pero que equivale a lo que el Estado provincial deja de recaudar por la alícuota cero a los ingresos brutos sobre la venta de limón y arándanos, y menos de la mitad de lo que perciben las empresas de transporte en concepto de subsidios directos.
Aunque pertenezcan a dos coaliciones enfrentadas electoralmente e intenten echarse la culpa mutuamente por las medidas que apoyaron al unísono, ninguno está dispuesto a tomar medidas serias para poner un freno al ajuste en curso que sigue al pie de la letra el acuerdo firmado con el FMI y que convalidaron los gobernadores.
Abolición del secreto comercial: que Edet abra sus libros de contabilidad
No solamente los funcionarios juegan a echarse culpas mutuamente por los tarifazos. El encargado de exculpar a Edet por los tarifazos es nada menos que el Ersept, ente regulador de los servicios públicos de Tucumán, a través de su vocal el Dr. Santiago Yanotti.
Con los mismos argumentos que el gobernador, Yanotti suele repetir en los medios que los tarifazos los impone el gobierno nacional y que Edet no hace más que trasladarlos a la factura, incluso haciéndose cargo de una parte y trabajando a pérdida!.
El año pasado, con un tarifazo del 50% a cuestas, el representante del Ersept llegó a afirmar que “a pesar de los tarifazos, Edet está perdiendo plata”.
Ciertamente una parte del tarifazo corresponde a la transferencia de los aumentos en el precio de la generación y transporte de energía que decide el gobierno nacional; pero un tercio del precio final corresponde al “valor agregado de distribución”, es decir, a la distribución de la energía eléctrica desde las centrales hacia los usuarios a cargo de Edet.
De acuerdo al último balance disponible, en 2016 Edet facturó 2.400 millones de pesos con un margen de ganancia limpio de 205 millones de pesos por la distribución de energía en la provincia. El primer año de gobierno de Manzur fue muy provechoso para la empresa, que vio aumentar su facturación en casi un 80% y sus ganancias en más de 45%, respecto del año anterior. Con los aumentos que hubo desde entonces estamos hablando de una empresa que en la actualidad debe estar facturando no menos de 5.000 millones de pesos anuales.
De acuerdo al contrato de concesión, la privatizada Edet tiene dos revisiones tarifarias anuales (igual que los empresarios del transporte) y la fórmula de actualización tarifaria que se basa en una matriz de costos con 35 variables. No dejan escapar nada.
Cada aumento es convalidado por el gobierno provincial y por el Ersept. Desde 2016 Edet consiguió autorización para aumentar casi un 600% el monto facturado en concepto de cargo fijo y un 360% de aumento en el precio de facturación por kwh (tomando como parámetro al usuario residencial con un consumo entre 300 y 600 kwh). Todos estos aumentos fueron a libro cerrado.
Hay que abolir el secreto comercial y exigir que estas empresas abran sus libros contables. Declarar la provisión de energía eléctrica un derecho esencial, prohibir los cortes de suministro a las familias que no puedan pagar la factura de luz y quitarle la concesión de este servicio público a las empresas privadas. Sin ganancias, no hay tarifazo. El sistema eléctrico debe ser estatizado y puesto a funcionar bajo el control de trabajadores y usuarios, bajo un plan racional que atienda a las necesidades de las amplias mayorías. | 
