El Senado aprobó hoy por 48 votos a favor, con 2 votos en contra, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Entre otras cosas, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y establece la bancarización del sistema. Además reduce de 10 a 5% el tiempo de programación audiovisual gratuito con fines electorales.
Ahora se tratará en la Cámara de Diputados.
La votación fue impulsada por Cambiemos, el PJ y de partidos provinciales. El kirchnerismo se ausentó de la votación, planteando que “no se puede tratar una ley electoral en un año de elecciones”. Uno de los motivos de la demora fue la insistencia de los bloques peronista de que, además de las empresas, los sindicatos también puedan ser aportantes. ¿Se imaginan lo que harían Daer, Cavalieri y Barrionuevo con la plata de millones de trabajadoras y trabajadores?
Un capítulo especial se mereció la senadora tucumana Beatriz Mirkin (Hacemos Tucumán). La actual candidata a vicegobernadora de José Alperovich afirmó que por su pasado como funcionaria sabe "cuándo se arreglan las licitaciones o los acuerdos de precios".
Legalizando las campañas “Odebrecht”
El proyecto aprobado levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas. Los aportes de cada empresa serán vía bancaria, no podrán ser contratistas del Estado y no podrán superar el 2% de los gastos permitidos por campaña.
Pero hecha la ley hecha la trampa: un grupo empresario que tiene negocios con el Estado puede aportar por la vía de otras de sus empresas, e incluso superar el tope del 2% si lo hace a través de varias de ellas.
Para tener una idea, para las PASO esos gastos podrán llegar a 226 millones de pesos, sumando un total de 680 millones al completar las generales de octubre.
Los montos parecen exorbitantes, pero son solo una porción de lo que realmente gastan Cambiemos y PJ-Frente Para la Victoria. Como reconoció el periodista Hugo Alconada Mon en una entrevista con El Círculo Rojo, las grandes fuerzas políticas patronales gastan U$S 100 millones en una campaña presidencial.
Podemos decir entonces que la reforma electoral en marcha es una forma de blanquear el financiamiento de los empresarios a los partidos que van a representar, de una u otra manera, sus intereses. Tras los escándalos de corrupción, pasando por el Caso Odebrecht, los aportantes truchos o los cuadernos de las coimas, los partidos tradicionales quieren ordenar un poco los papeles. Pero al no poder reconocer en la ley los gastos exorbitantes que hacen en sus campañas, otra parte inevitablemente seguirá siendo “en negro”. La transparencia de las campañas es puro verso.
El artículo 2 es el que habilita esa privatización de la política. Pero hay otro artículo que revela los objetivos antidemocráticos de la reforma. En su artículo 12 indica que “los servicios de comunicación están obligados a ceder el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales.” Ese porcentaje actualmente está en el 10%. O sea que los espacios gratuitos se reducirán a la mitad, tal como vienen reclamando los dueños de los grandes medios. Ese recorte no afectará al macrismo o el peronismo que ya tendrá resuelto su financiamiento de la mano de los Rocca, los Roggio o los Madanes. Afectará a la izquierda y cualquier fuerza que no reciba financiamiento empresario.
La reforma es, a todas luces, una medida proscriptiva y antidemocrática.
El Frente de Izquierda ha rechazado el proyecto y denunciado la hipocresía de Cambiemos y el Peronismo. En su proyecto propone que “las campañas electorales serán financiadas en su totalidad por el Estado Nacional, quedando prohibido todo tipo de financiamiento privado, es decir toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física, ideal o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales”.
Hay que evitar que en Diputados se confirme esta contrareforma política y defender a la izquierda contra este intento de proscripción.
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