Incluso en plena campaña electoral ha estado completamente desaparecido del debate público, de las encuestas, de los debates de análisis post 28-A... Hablamos del Senado. Sin embargo, no es una institución sin importancia. Esta segunda cámara ha tenido un papel clave en la aprobación de las grandes ofensivas del régimen contra los intereses del pueblo trabajador. Así fue en la modificación del artículo 135 de la Constitución, que supeditaba el presupuesto público al pago de la ilegítima deuda, y en la aprobación del artículo 155 y la consiguiente intervención de la autonomía catalana.

Basta un rápido vistazo a la nueva composición de esta cámara tras las elecciones para dar cuenta de su marcado carácter antidemocrático. El Senado parece ser la única institución parlamentaria del Régimen del 78 inmune al ocaso del bipartidismo. El PSOE consigue 139 escaños y le arrebata al PP la mayoría que ostentaba desde 1993, quedándose con 56. Entre los dos partidos se reparten el 73% de la cámara. Ciudadanos saca tan solo cuatro senadores y Unidas Podemos, una fuerza apoyada por más de 3,7 millones de votos en el Congreso, no obtiene ningún asiento.

El mecanismo por el cual se eligen los senadores favorece esta composición tan desigual. Las listas abiertas son una farsa, pues no existe una campaña real por el Senado y nadie conoce realmente a los candidatos. Por tanto, la mayoría de la gente da sus votos a un solo partido. Esto en la práctica supone que el partido más votado se lleva tres senadores y el segundo uno, quedándose con nada el resto de fuerzas.

Además, esta cámara adolece de una enorme subrepresentación para las provincias más pobladas, donde se concentra la mayor parte de la clase trabajadora. Sea cual sea el número de habitantes cada provincia escoge el mismo número de representantes. Esta situación, que también se produce a otra escala en el Congreso debido a la circunscripción provincial, se eleva a cuotas estratosféricas en el caso del Senado. Así, un senador por Madrid representaría a cerca de 1,65 millones de habitantes, mientras que un senador por Ceuta no llegaría a representar a 43 mil.

El papel reaccionario de esta institución quedó patente en la aprobación del artículo 155 de la Constitución para anular la autonomía catalana. Una medida de castigo hacia el pueblo catalán que exigía que se hiciera cumplir la voluntad mayoritaria expresada en el referéndum del 1-O. La aprobación del 155 es de hecho la única potestad plena que tiene el Senado sin posibilidad de intervención del Congreso.

Otro momento fue la ratificación de la reforma constitucional propuesta por el Congreso que supuso la modificación del artículo 135, estableciendo el pago de la deuda como la prioridad absoluta del gasto público siguiendo las exigencias de Bruselas. Cualquier reforma parcial o integral de la Constitución requiere también una amplia mayoría en el senado, lo que debería despejar toda duda de la imposibilidad de un cambio constitucional en favor de las mayorías sociales desde los propios mecanismos de la “democracia”.

Este servicio a los grandes intereses financieros y al régimen monárquico es recompensado generosamente. Así, el sueldo base de un senador es de 2.981,90 euros al mes, al que hay que sumarle complementos, ayudas al transporte o indemnizaciones libres de impuestos para cubrir “los gastos que les origine la actividad de la cámara” que alcanzan los 1.919.63 euros mensuales, en catorce pagas.

El carácter reaccionario del Senado está ligado a su propia historia desde sus orígenes, funcionando a lo largo del siglo XIX como una cámara aristocrática formada por miembros de la familia real, grandes de España, nobles y arzobispos... muy similar a la Cámara de los Lores del Reino Unido. Fue suprimido durante la Segunda República y recuperado en la Transición. Desde entonces ha seguido funcionando como una institución para reforzar la representatividad y gobernabilidad de los grandes partidos del régimen y el dique del “atado y bien atado” en cuanto a la inmutabilidad constitucional y la indisolubilidad de España.

Esta no es una cualidad únicamente propia del Senado español, sino que es consustancial al carácter de estas cámaras en todo el mundo. Recientemente pudimos ver como el Senado argentino rechazaba la ley del aborto aprobada previamente por el Congreso y por la cual se movilizaron cientos de miles de pañuelos verdes.

A lo largo de la historia de la dominación burguesa, el Senado o “cámara alta” ha ejercido esta función de freno al ya de por sí limitado sistema parlamentario, conteniendo la representatividad relativamente más popular de la “cámara baja”. El Senado es la última trinchera parlamentaria contra las sorpresas que pudieran producirse desde otras instituciones.

Existe una conocida anécdota que ilustra esto a la perfección. Tras la Guerra de la Independencia de EEUU, el debate sobre la conveniencia o no de la existencia de dos cámaras enfrentaba a los primeros constitucionalistas norteamericanos. Durante el transcurso de los mismos, George Washington, respondiendo a la tesis monocameralista de Thomas Jefferson, vertió una taza de café hirviendo sobre el platillo que la sostenía, de forma que se enfrió enseguida. El Senado tenía, por tanto, el propósito de “enfriar” las iniciativas surgidas de la cámara baja, es decir garantizar los intereses de los grandes terratenientes frente a la impaciencia y el radicalismo del pueblo animado por los vientos de la revolución americana.

Frente a la naturaleza reaccionaria del Senado es necesario plantear su abolición y reemplazarlo, junto a las actuales Cortes, por una cámara única elegida por sufragio universal entre todos los mayores de 16 años, cuyos miembros sean revocables en todo momento por los electores y cuyo sueldo no supere el salario medio de un trabajador cualificado.

Esto no podrá conquistarse desde las propias instituciones del Régimen del 78, haciendo que el Senado vote su propia abolición, sino que será necesario imponerlo mediante la lucha por Asambleas Constituyentes Libres y Soberanas para que los pueblos del Estado español puedan decidir sobre el modelo de Estado, su organización, el derecho a decidir, cómo terminar con la justicia corrupta y la casta judicial... pero también sobre el no pago de la deuda o la nacionalización de las grandes empresas, entre otras medidas.

Una lucha democrática que quienes peleamos por una república de las y los trabajadores apoyaremos y defenderemos que sea llevada a cabo por medio de la movilización social con la clase obrera a la cabeza, en la perspectiva de poder conquistar instancias de participación democráticas superiores a la democracia (burguesa) parlamentaria: una democracia basada en los organismos de autoorganización que las trabajadoras y de los trabajadores, junto a los sectores populares, pongamos en pié en la pelea contra este régimen y los capitalistas.