Se trata de una figura jurídica que le da a las Fuerzas Armadas el rol de resguardar el orden público. Cuando recién se implemento el 5 de febrero, la justificación fueron los incendios. Ahora se prolongó, pese a que la ONEMI decía el 6 de marzo en sus informes oficiales que no existía ningún siniestro.

Sólo el 10 de marzo se declaró alerta roja en la provincia de Cautín y en la comuna de Traiguén por incendios forestales. Pero cuatro días antes, no hizo falta que hubiese incendio para declarar el “estado de catástrofe” en tres regiones. Bastó un “pronóstico de mal tiempo” para que el ministerio del Interior elijiese prolongar la medida. Andrés Chadwick justificó la decisión a partir de informes de la CONAF que indicarían que es más probable que se produzcan incendios dadas las condiciones del tiempo. Si de militarizar la Araucanía se trata, para el gobierno no hace falta que exista realmente una catástrofe para decretar el estado de catástrofe. Hasta un inexistente nuevo incendio futuro puede servir. Ahora que hay incendios en Cautín y Traiguén, no será sorprendente que busquen usarlos como justificación.

Militarización y vulneración de derechos democráticos

Cuando recién se inició el estado de catástrofe en febrero, el referente mapuche del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, denunció que con aquél, el gobierno encontró una forma de militarizar la zona. La denuncia no deja de ser cierta como se verifica en el hecho de que en ese entonces, la vocera de los agricultores de Malleco, María Gloria Naveillán, celebró la decisión. “Permite efectivamente resguardar el orden y la seguridad pública”. ¡Menos mal que era por los incendios! Ahora, no importa que no continúe ningún incendio. ¿No es precisamente gente como los agricultores y los empresarios forestales quienes más satisfechos pueden sentirse con la prórroga gubernamental al “estado de catástrofe”?

En la “Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional” (N°18.415), se explica que el “Estado de Catástrofe” es uno de los “Estados de Excepción” previstos en la Constitución, los cuales tendrían la finalidad de proteger la “estabilidad y seguridad del país o zona en particular (…) cuando ocurren situaciones anormales de distinta índole.” Por medio de esta figura se “podrá restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, y las libertades de trabajo, de información y de opinión, y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias”. Quien asume el control de la zona donde rige el “estado de catástrofe” es el jefe de la Defensa Nacional designado por el gobierno.

Quien asumió este papel a inicios de febrero es el general de brigada del Ejército, Rodrigo Pino, que en su primera aparición pública en su nuevo rol, declaró – ante la consulta de si estaría de acuerdo con que sus hombres usen el poder de fuego- que “en la necesidad de salvaguardar la integridad física de las brigadas de incendios forestales se tuviera que hacer uso de armas de fuego” lo haría “indudablemente”, conforme “a lo que establece la ley y los reglamentos de las instituciones”. En sus palabras se evidencia el afán de producir la sensación de un clima social inmanejable en el que sería posible acribillar a supuestos incendiarios.

Estado de catástrofe sin catástrofe: ¿para qué?

El objetivo subyacente de esta medida se hace evidente: “orden” y “seguridad” -dicho en otras palabras, fortalecer los dispositivos represivos para lograr una sumisión mayor del pueblo mapuche y mejores negocios para personas como empresarios forestales y agrícolas.

La prensa local colabora en generar un clima social tenso. Eso se ve, por ejemplo, en la noticia que publicó el 8 de marzo el portal australtemuco.cl, “Encapuchados queman máquinas y vehículos forestales en Nueva Imperial”. El sitio noticioso comenta: “Es el primer atentado bajo Estado de Excepción. El Gobierno se querellará invocando la Ley Antiterrorista”.

En la descripción del suceso, el medio de prensa relata que “el atentado ocurrió pasada la 1 de la madrugada de este jueves al interior del fundo Casas Viejas, en el sector rural de San Antonio, lugar donde la forestal Bosques Arauco realiza una faena de explotación de eucaliptos.” El ataque habría sido realizado por un grupo de 8 encapuchados que, según el diario, quemaron dos maquinarias forestales y una camioneta doble cabina en el lugar donde funcionaban las faenas de Forest Center y Tralkan, contratistas que prestan servicios a Bosques Arauco.

En soychile.cl se informa de la quema de dos máquinas forestales, la madrugada del 10 de marzo. “Una quema forestal que comenzó en el sector La Serena se habría extendido hasta el lugar (…) el cuidador de los vehículos habría asegurado a Carabineros que al menos tres personas encapuchadas y armadas habrían iniciado el foco del fuego.”

El gobierno y los sectores más reaccionarios de la sociedad no pierden ocasión de usar este tipo de hechos para justificar la militarización de la Araucanía. La prolongación del estado de catástrofe y la facultad para las fuerzas armadas de tomar el orden público en sus manos es una medida que deja satisfechos precisamente a esos sectores. Los medios de prensa, al generar noticias en las que se omiten las circunstancias que rodean a los hechos que presentan; alimentan un cierto imaginario fértil para la criminalización del pueblo mapuche.

Volviendo a la decisión de alargar el “estado de catástrofe” que tomaron Piñera, Chadwick y su equipo, es indudable que no ha estado exenta de controversias. Para el abogado José Aylwin del Observatorio Ciudadano, “la única explicación es mantener una presencia militar para intervenir arbitrariamente deteniendo a miembros de comunidades mapuches”. Por su parte, Karina Riquelme, abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur, señaló que “con la presencia de las Fuerzas Armadas tememos que exista otra muerte como la ocurrida con Camilo Catrillanca”.

No es una preocupación baladí: el asesinato de Camilo Catrillanca no constituye un hecho accidental, al revés, es una cruda expresión del rol que cumple el Estado de Chile con respecto al pueblo mapuche. Que las Fuerzas Armadas adquieran facultades “excepcionales” con la justificación de una catástrofe que no existe, es la confesión del papel esencialmente coercitivo del Estado con los mapuche. ¿En qué otro lugar del país el gobierno iba a querer dar un paso tan riesgoso como el que da en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos: extender un estado de excepción sin que exista un hecho que lo justifique?

El Estado y el pueblo mapuche

El poder estatal y sus ampliaciones en el terreno de la sociedad civil actúan con una cierta peculiaridad en las regiones en las que se desarrolla el llamado “conflicto mapuche”: existe una cierta exorbitancia en el uso de los mecanismos coercitivos del aparato estatal – con diversos dispositivos de inteligencia y acción policial-, y márgenes para la ampliación de este poder en la propia sociedad civil (agricultores, descendientes de colonos).

Al mismo tiempo, se visualiza un cierto rezago en el desarrollo de los mecanismos de consenso en el ejercicio de dominación con el pueblo Mapuche. Desde el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 en el que las organizaciones indígenas firmantes se comprometieron a “apoyar y defender al futuro gobierno de la Concertación”, al mismo tiempo que Patricio Aylwin, candidato presidencial del conglomerado en ese entonces, se comprometió a otorgar “el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales”; hasta la asunción de Piñera, la designación de Alfredo Moreno como Ministro de Desarrollo Social y el anuncio del denominado “plan Araucanía” que retoma la promesa de “reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y brega por un “Consejo para la Paz en la Araucanía, integrado por representantes del Estado, del pueblo mapuche así como de los agricultores, parceleros y organizaciones de la sociedad civil”; los gobernantes chilenos han buscado “tender puentes”, construir vasos comunicantes con los mapuche con el fin controlar cualquier explosión de antagonismo. Pero así como las luchas por la tierra y el territorio en la década de 1990 desmantelaron la política consensual de la Concertación que asesinó – entre otros – a Matías Catrileo, el “plan araucanía” se estrelló con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Las causas de la violencia estatal son estructurales. La actual configuración de la propiedad privada en Ngulu Mapu – la zona mapuche ubicada en el actual territorio chileno- es una olla a presión: la propiedad forestal, la propiedad agrícola, los megaproyectos como los que quiere instalar la trasnacional Statkraft en contra de la voluntad de la comunidad en resistencia Pilmaiken, significan una tensión constante. El Estado chileno se apresura en proteger los intereses del capital. De esa manera reconoce un antagonismo estructural con el pueblo mapuche. Sólo sobre ese trasfondo, quienes gestionan el aparato estatal chileno, buscan crear mecanismos de consenso. Pero sus soportes siempre serán endebles. Mientras subsista el dominio del capital en Ngulu Mapu, cualquier relación armónica entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, no será más que una ilusión. No es posible que el pueblo mapuche pueda autodeterminar su destino si persiste el dominio capitalista en el país.

Es por esta razón que un debate estratégico ineludible en la actualidad es cómo derrotar ese poder sustentado en los intereses materiales de la clase dominante. Quienes militamos en el marxismo revolucionario consideramos que una alianza entre la clase trabajadora, y el pueblo mapuche urbano y rural, puede romper los grilletes que sostienen una opresión que ya es centenaria, a través de un programa anticapitalista que no se detenga ante las barreras de la propiedad privada que no es más que expoliación a favor de los grandes magnates. Hablar de derecho a la autodeterminación es imposible si sacralizamos el Estado y a los intereses capitalistas.