Hace unos días, el 15 y 16 de mayo, se realizó un paro de 48 horas en la ciudad de Tacna-Perú, al cual se le denominó “paro contra el tarifazo del agua potable”. Esta medida contó con la movilización y el respaldo del pueblo trabajador porque amenaza el derecho al acceso de servicios tan básicos como el agua. Este nuevo plan tarifario, donde se tiene previsto un aumento progresivo del 14% para el primer año y 11% para el tercer año, es parte de las medidas privatistas de los servicios públicos que se vienen implementando desde el ejecutivo con la complicidad de los gobiernos regionales y municipales.
Los responsables del tarifazo
Este abusivo incremento tarifario que afecta la economía del pueblo trabajador de Tacna fue propuesto por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, la cual depende directamente del ejecutivo ya que se encuentra suscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta propuesta fue avalada por los funcionarios de la EPS (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna), que es la entidad encargada de brindar el servicio de agua potable en Tacna.
La EPS-Tacna, es una empresa municipal que está dirigida por la Junta de Accionistas. Según el organigrama jerárquico de su página web, esta instancia está a cargo del alcalde provincial de Tacna, el señor Julio Medina Castro, quien tiene entre otras funciones elegir a los miembros del directorio y fijar sus dietas, llevar adelante la modificación del estatuto social, remover a los miembros del directorio y designar a sus remplazantes. Por tanto, los incrementos tarifarios son responsabilidad política del alcalde provincial ya que él designa (y tiene también la capacidad de remover) a los gerentes de esta entidad que son los que a la postre, y haciendo uso de su autonomía, terminaron aprobando el incremento de las tarifas propuesto por la SUNASS.
Es importante que esto quede claro, porque muchos sectores provenientes de la izquierda reformista han hecho creer al pueblo trabajador que la gestión municipal de Julio Medina, así como el gobierno regional encabezado por Juan Tonconi, tienen un carácter “progresista” y de izquierda, por tanto, estarían del lado de las demandas del pueblo. Esto ha llevado a que estos sectores “colaboren” con estas gestiones a través de funcionarios y “técnicos” que hoy son asalariados y personal de confianza de la municipalidad provincial de Tacna y del gobierno regional. Sin embargo, estas falsas ilusiones - una vez más - mostraron sus límites cuando Medina no dudó en aceptar los incrementos tarifarios con los cuales no sólo se encarece sustantivamente el acceso al agua potable para las grandes mayorías, sino también, con este incremento se terminan pagando los suculentos salarios de los funcionarios de la EPS que bordean los 10,000 soles mensuales (3,500 dólares).
Sin embargo, es necesario destacar que el incremento de la tarifa del agua potable no es una medida aislada promovida solamente por el municipio provincial de Tacna, sino más bien hace parte del abierto paso a la privatización de las EPS que el gobierno central de Martín Vizcarra pretende implementar mediante el Decreto Supremo Nº 018-2018 que abre la puerta al ingreso de operadores privados a la gestión de las entidades públicas que hoy administran el servicio de agua y luz a nivel nacional amenazando con ello a los sectores más empobrecidos que – de concretarse estas medidas - se les hará imposible acceder a estos servicios básicos.
La contundencia del paro y la traición de los “dirigentes”
El paro fue acatado masivamente por diferentes sectores. Las labores educativas fueron suspendidas en colegios y universidades tanto públicas como privadas. Otros sectores productivos, como las empresas privadas y los mercados de abastos, así como los mercadillos fueron cerrados. Los trabajadores y el pueblo en su conjunto acataron esta medida y los días de la paralización, desde los conos de la ciudad se dirigieron hacia el centro en grupos manifestando su rechazo a este incremento del costo del agua potable que afecta sobre todo a los sectores más humildes.
Así, quedó demostrada la predisposición a la lucha y apoyo al paro. Sin embargo, los sectores que se encaramaron como la dirección de esta medida de lucha dentro de los cuales destacaban empresarios del transporte, operadores políticos del municipio y la región, así como burócratas sindicales, tenían una plataforma muy limitada y en todo momento se opusieron a confrontar a los verdaderos responsables del tarifazo. Por esa razón, al segundo día - cuando se reunieron con las autoridades locales y con los representantes de la EPS - terminaron firmando un acta donde solo se suspendía (mas no se anulaba) el tarifazo y se instalaba una mesa técnica cuyo objetivo real es desviar el descontento social. En el arco parabólico del centro cívico de la ciudad de Tacna hicieron uso de la palabra para intentar explicar y sostener que era una victoria la firma de dicha acta, lo cual fue duramente cuestionado por los manifestantes quienes intuitivamente entendían que una vez más habían sido traicionados.
Esta traición fue ratificada el viernes 17 de mayo cuando Justo Sarmiento, gerente general de la EPS, dio declaraciones a la prensa después de una reunión del directorio de esta entidad y señaló que: “El nuevo plan tarifario sigue vigente y que decidieron disponer el traslado de la petición hacia su despacho a fin de evaluar la viabilidad del caso”. En otro momento, en un medio local el representante de la Defensoría del Pueblo declaró que “fue el directorio de la EPS Tacna que admitió el nuevo plan tarifario; entonces se necesita que este acuerdo (acta) sea aprobado en directorio y elevado a la SUNASS para que se dé su suspensión mediante resolución”.
Como es de esperar, el alcalde provincial de Tacna no va a derogar el tarifazo ya que esta es una medida que viene digitada desde el ejecutivo que, como ya lo dijimos, tiene por objetivo – en el marco del ajuste y la promoción de la inversión privada – privatizar los servicios básicos como el agua potable. Por esa razón, el pueblo trabajador de Tacna, que supo ponerse de pie el pasado 15 y 16 de mayo, no debe desmoralizarse con este traspié, sino más bien debemos sacar lecciones para evitar que advenedizos y oportunistas hambrientos de poder terminen hablando en nuestro nombre. Para ello se impone la tarea de organizarnos desde abajo, desde los centros de trabajo, de estudio, desde los sindicatos, las asociaciones de vivienda, entre otros espacios, para enfrentar la arremetida privatista que, a partir de la suba de las tarifas, busca acabar con los más elementales servicios públicos. La lucha no ha terminado, la lucha continua. |
