En un spot de campaña de reciente aparición el intendente de la capital, Germán Alfaro, alerta sobre una “gran crisis económica y de valores” y llama a reconstruir el tejido social “por el bien de nuestras familias”, con las mujeres en la cocina y ocupándose de los quehaceres domésticos.
“Quiero decirles a las mujeres de mi ciudad que tengo una gran admiración por todas...Es la mujer la que sabe cómo dar de comer, cómo hacer para enviar a los niños a la escuela, cuándo contener al marido cuando el trabajo no rinde y lo que se necesita no llega..”, afirma Alfaro en un spot en el que corren las imágenes de mujeres empujando cochecitos de bebes o haciendo las compras.
Es de público conocimiento la posición antiderechos del intendente Alfaro, quien año tras año aporta los recursos e infraestructura de la municipalidad al servicio de la Iglesia y su campaña a favor del aborto clandestino.
No sorprende, pues, que en este spot no se mencione ni una sola de las distintas formas de violencia que recaen sobre las mujeres y que en nuestra provincia alcanza niveles muy por encima de la media nacional.
Hasta el Indec ha empezado a registrar los casos de violencia doméstica psicológica, física, simbólica, económica/patrimonial y sexual, aunque todas estas formas de violencia son eslabones de una larga cadena que derivan de la violencia institucional que se ejerce desde el Estado.
La propia Constitución Provincial, promulgada en 2006 bajo el gobierno de Alperovich, establece en su artículo 40 la tutela del Estado sobre las personas considerando la “existencia desde la concepción”, la familia como “célula primaria de la sociedad”, y la “protección de la maternidad, favoreciendo la participación laboral de la madre sin que afecte tareas propias del hogar”, es decir, naturalizando que la carga del trabajo doméstico recaiga sobre las mujeres, cuya inserción laboral no debería afectar la función social que se le asigna.
Violencia doméstica institucionalizada
Según un informe publicado por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo, en 2018 se registraron 281 casos de femicidios. El informe registra que el 73% de los femicidios se producen en el domicilio de la mujer o en un entorno familiar.
En Tucumán se registraron 17 casos de femicidios durante el año pasado, lo que la ubica en el 4° lugar del ranking nacional. Si se pondera la cantidad de femicidios por cada mil habitantes mujeres, nuestra provincia alcanza el 2° lugar a nivel nacional después de Chaco.
Sin embargo la ley de emergencia provincial en violencia de género, que se promulgó el 2016 por dos años y ya se encuentra vencida, jamás se aplicó. Nunca tuvo presupuesto.
La ONU calcula que debería construirse un refugio para mujeres en situación de violencia por cada diez mil habitantes. Es decir que en nuestra provincia deberían construirse al menos unos 160 refugios. Pero en Tucumán existe uno sólo (donde también funciona un albergue para personas en situación de calle), que depende de la municipalidad y se construyó debajo de la tribuna de un autódromo (!?). Por si no fuera lo suficientemente humillante, se encuentra clausurado por las filtraciones del techo (las gradas) que provocan sucesivas inundaciones.
El costo de construir un refugio es de 17 millones de pesos. Menos de lo que percibe un concejal por año entre dieta y sueldos para sus empleados, que equivale a 20 millones de pesos. El presupuesto total para construir los 160 refugios es apenas al 2,7 por ciento del presupuesto provincial. Nada. Si no se construyen es por una firme convicción política e ideológica de los gobiernos provincial y municipal.
Maternidades forzadas
Tanto el gobernador Manzur, como Alperovich, Elías de Pérez y Bussi, comparten la agenda antiderechos con la Iglesia. Juntos votaron a favor de declarar a Tucumán como provincia “pro-vida” y se oponen no solamente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sino que incluso están en contra de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Por eso no manifestaron ningún repudio a la tortura institucional que sufrió Lucía, la niña de 14 años embarazada producto de una violación, por orden y cuenta del Sistema Provincial de Salud de la provincia, cuyos funcionarios siguen amparados por el gobierno provincial a pesar de haber obrado de manera completamente ilegal.
De acuerdo a un informe de la fundación "Mujeres por mujeres", entre 2012 y 2016 se registraron 6714 casos de mujeres que llegaron a los hospitales públicos de Tucumán por complicaciones por abortos clandestinos; pero en todo ese período apenas se practicaron 16 interrupciones legales del embarazo.
Según un informe de Unicef, desde 1980 la muerte por abortos inseguros y clandestinos es la primera causa individual de muerte materna en Argentina. Sin embargo, para el kirchnerismo (que ahora habla a través de Alberto Fernández) la legalización del aborto no es una prioridad.
En Tucumán el embarazo adolescente en menores de 19 años es record nacional y alcanza el 30% de los totales; mientras que el 20% de los nacimientos corresponden a madres menores de 19 años.
Desde el PJ, Cambiemos y Fuerza Republicana, no solamente se oponen a la interrupción legal y voluntaria del embarazo; se oponen también a la aplicación de la educación sexual integral (sancionada en 2008) y a la ley de educación sexual y procreación responsable (2012). Son antiderechos, enemigos de las mujeres.
La maternidad forzada obedece los principios sacrosantos que celosamente se encuentran bajo el resguardo institucional de la Constitución Provincial: para que la familia sea la célula económica primaria de la sociedad, las mujeres deben ver obturadas cualquier vía hacia la independencia personal.
Violencia económica sistémica
Si Tucumán es un reservorio nacional de mano de obra barata, la precarización laboral exterma tiene rostro de mujer. El desempleo y la informalidad laboral se ensañan particularmente con los jóvenes y especialmente las mujeres.
Para los capitalistas, la quita de derechos laborales sobre los más jóvenes representa un piso de precarización laboral para las generaciones subsiguientes. Esto se ve claramente en las estadísticas oficiales.
Si el desempleo promedio afecta al 7,6% de la población económicamente activa, en las mujeres jóvenes (menores de 29 años) llega al 18,7%. Si el trabajo en negro promedia el 46% en nuestra provincia, para los jóvenes alcanza al 75% de los ocupados. El nivel de informalidad registrado entre las trabajadoras domésticas (ocupación con mayor peso entre las mujeres) alcanza al 85%.
La brecha salarial promedio entre hombres y mujeres alcanza el 27,5% en el sector formalizado y se estira al 36% entre las trabajadoras en negro.
Las cadenas de la opresión se ciñen con fuerza sobre las jóvenes desocupadas. De los casi 40 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, el 68% son mujeres. Sobre la casi totalidad de ellas recae otro tipo de ocupación: el trabajo doméstico no remunerado.
Pero el trabajo doméstico no remunerado recae sobre el conjunto de las mujeres, ocupadas y desocupadas, y con mayor incidencia en Tucumán. Según el Indec, la tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado en nuestra provincia alcanza al 93,4% de las mujeres y al 57,5% de los hombres.
La estadística oficial registra que las mujeres gastan 7,3 horas diarias en quehaceres domésticos, apoyo escolar para los hijos y cuidado de personas. Mientras que en el caso de los hombres registra menos de la mitad del tiempo (3,4 horas diarias) en dichas tareas.
Esta distribución empeora cuanto más bajo es el nivel educativo alcanzado y mejora notablemente cuanto más liberada está del compromiso marital: las mujeres casadas gastan 8,9 horas diarias en dichas tareas, mientras que las divorciadas gastan 6,8 horas y las solteras, 5 horas por día.
De esta manera las cadenas económicas, institucionales y morales (religiosas), se entrelazan en beneficio de la clase dominante: los capitalistas, que de esta manera se garantizan una mayor tasa de explotación llevando al mínimo los ingresos familiares, el salario promedio y extremando la precarización laboral.
El movimiento de mujeres se ha puesto de pie a escala nacional e internacional dando gran impulso a la lucha contra la opresión de esta sociedad patriarcal. Pero capitalismo y patriarcado van de la mano. La lucha por la liberación de las cadenas de la opresión debe apuntar también contra el Estado y contra la clase que lo sustenta. | 
