Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en comparecencias separadas, pero con pocas horas de diferencia, han participado el pasado fin de semana, en un encuentro que se celebra anualmente ante la élite empresarial catalana del “Círculo de Economía”. Y ambos, aunque con algunas diferencias de enfoque, han sabido tranquilizar suficientemente a la clase empresarial sobre las políticas a implementar, haya o no Gobierno con Podemos.
Los dos líderes políticos tienen algo en común que es la base de su entendimiento político de los últimos tiempos: no pretenden atacar los intereses de fondo de las élites empresariales y financieras. Aunque Pablo Iglesias, y así lo hizo en su comparecencia del viernes, continúe hablando de la necesaria implementación de nuevas figuras impositivas que caerían sobre los grandes grupos empresariales y financieros, plantea cuantías perfectamente asumibles por éstos. Y, sobre todo, de muy fácil elusión a través de la evasión de impuestos, los paraísos fiscales y/o la ingeniería fiscal por su ubicación transnacional.
El líder de Podemos insiste también en la necesaria elevación de impuestos sobre las rentas más altas y la posibilidad de alguna subida más para el salario mínimo, como ha ocurrido con la última subida de los 900 euros. Esta, sin embargo, es una medida muy limitada, pues no deja de ser un salario de miseria según el coste de la vida actual. Además, ni siquiera se aplica en muchos casos y sectores, como acaba de salir a la luz pública en el caso de los trabajadores de Telepizza y su convocatoria de huelga para que se les aplique esa subida.
Pero lo que queda claro es las políticas propuestas por Podemos son muy moderadas y no se acercan siquiera a las que defendían hace algún tiempo. Como señalaba un empresario presente en el acto: “lo importante es que Pablo Iglesias ahora no habla del 15-M, ni de nacionalizaciones y, de hecho, hoy ha venido a decirnos que ‘no soy tan malo’”. Es claro que el tono del discurso de Pablo Iglesias en ningún momento inquietó a la élite empresarial allí presente. Porque su programa no es más que intentar arañar unos pocos millones de euros para de paliar el déficit de un Estado del bienestar que se derrumba como un azucarillo, sin cuestionar la enorme deuda pública existente y sin plantear la urgente necesidad de recursos cada vez mayores para atender las necesidades de la mayoría de la población.
Pedro Sánchez, por su parte, se ubicó desde el principio con importantes concesiones a los empresarios, incluso respecto a su etapa de Gobierno anterior. Si en los diez meses anteriores había planteado algunas modestas subidas de impuestos a los grandes grupos empresariales, ahora estas quedan olvidadas en el baúl de los recuerdos. Renuncia, por lo tanto, a lo mínimo en este terreno que quedó planteado en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019.
Sánchez reafirmó su apuesta por el equilibrio fiscal y, aunque, admitió que habrá reformas en la fiscalidad, les pidió expresamente que no se asustasen. Añadiendo que todo, al final, se enfocaría hacia la denominada “fiscalidad verde”. Pero aclarando que estas políticas estarán alineadas con el crecimiento económico. “Nos podemos entender. Nosotros necesitamos a los empresarios” y por eso, “van a tener en el Gobierno un aliado”, remachó. Se puede hablar más alto pero no más claro.
Adiós, por lo tanto, a las nuevas imposiciones sobre las transacciones financieras de las que se hablaba en el proyecto de presupuestos, a la subida fiscal a las grandes fortunas, el patrimonio, o simplemente a intentar recaudar más de los contribuyentes con mayor nivel de renta. Al mismo tiempo, el gobierno ya prepara una reforma del Estatuto de los Trabajadores, con la que pretende implantar la llamada “mochila austriaca”, o lo que es lo mismo, que el trabajador se pague su propio despido con el ahorro que vaya produciendo y que llevará consigo allá donde vaya.
Ya no se habla más de la derogación de la reforma laboral de Rajoy. Es más, la actual ministra de economía, Nadia Calviño auténtica ortodoxa de las políticas de recortes del gasto público de la UE, señaló en esas mismas jornadas que “no es productivo reformar las reformas “, refiriéndose a la reforma laboral.
Pero lo más curioso de estas jornadas empresariales, de lo que incluso los propios participantes se extrañaron, fue el hecho de que Pedro Sánchez no habló ni un solo instante del conflicto catalán. Es claro que pretendió centrarse en las políticas económicas tranquilizadoras para el empresario sin abordar este asunto irresuelto que sigue siendo un foco de intranquilidad para las élites económicas y financieras del Estado español.
Las enormes limitaciones del neorreformismo de Podemos
El problema para Podemos son las limitaciones intrínsecas de su táctica política desde una óptica meramente reformista, dado que arrancar cualquier mejora relevante exigiría un mayor enfrentamiento con las élites económicas y políticas, a lo que no están dispuestos. Algo inherente a los nuevos reformismos populistas, como se vio claramente en el caso de Syriza en Grecia.
Esa orientación, en consecuencia, es propia de los nuevos reformismos y nace de la renuncia absoluta a la lucha de clases como herramienta de transformación social. Por eso, lo único que se plantea Podemos como opción política viable es ser socios preferentes de un Gobierno social-liberal con el PSOE, o como sostenedores fundamentales del mismo, alejados totalmente de la lucha y la movilización en las calles. Aceptando, viene de suyo, que como se trata de una política de consenso y siendo el socio más débil, tiene que aceptar la renuncia a muchas exigencias básicas de su programa. Por eso, en el próximo período, ya sea que se forme un Gobierno monocolor del PSOE o con ministros de Podemos, la clave será prepararse para los ataques que se avecinan sobre los derechos sociales, políticos y económicos de los trabajadores y las clases populares.
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