El nuevo proyecto supone un endurecimiento de las políticas migratorias de la UE, aumentando los ataques a la libertad de movimientos y a los derechos de miles de seres humanos en la “libre Europa”. Otra vuelta de tuerca a las políticas reaccionarias sobre inmigración en el conjunto de la UE.

Lo aprobado inicialmente pretende incrementar la política represiva sobre los inmigrantes, dado que se establecerá un mínimo de tres meses de internamiento. Actualmente la legislación a este respecto impone un máximo de 18 meses de encierro, pero no establece un mínimo de tiempo. Esto implica, en consecuencia, una posibilidad de ampliación del período de privación de libertad en muchos casos, lo que es un paso más en las políticas de agresión a los derechos de los inmigrantes. Y supone, además, la adopción de la agenda política antiinmigratoria impulsada por las tendencias más reaccionarias dentro del marco político de la UE. Todo esto según se desprende del contenido de ese documento, que aunque todavía tiene un carácter provisional y está en proceso de debate, tiene muchas posibilidades de que termine siendo aprobado.

Hasta ahora no existía ninguna regulación de un plazo mínimo para el internamiento de los inmigrantes. Aunque la normativa existente ya es, por supuesto, bastante dura. La privación de libertad durante meses, sin haber cometido ningún delito, que sufren los inmigrantes en el territorio de la UE, por el solo hecho de haber llegado a suelo europeo huyendo de guerras, persecuciones de todo tipo, o del hambre, sin ninguna esperanza para ellos ni para sus hijos o hijas, se va a hacer todavía más injusta, inhumana y arbitraria.

El cambio viene porque en alguna de las legislaciones de países de la UE, aunque se mantiene el rigor de las detenciones arbitrarias, al menos se posibilita la puesta en libertad de los inmigrantes, sin necesidad de llegar a esos tres meses de reclusión mínima que ahora se establecería en todos los Estados de la UE. De hecho, en el caso del Estado español, por ejemplo, actualmente se prevé una posibilidad de detención máxima de 60 días, lo que tendría que modificarse para cumplir el plazo de los tres meses mínimos, si acabara aprobándose esta reforma legal. Hasta ahora, si en ese periodo de dos meses no se produce la expulsión, el Estado tiene que poner en libertad a la persona retenida durante ese tiempo. Para cambiar esa situación y asegurar el mayor número de expulsiones es que se plantea realizar el cambio legislativo. Y surge porque en la práctica en Europa, según datos oficiales, no se logra expulsar o devolver a sus países de origen ni a un 40% de los inmigrantes irregulares que permanecen en centros de retención.
En la “democrática” Europa a las élites políticas no les preocupa el colectivo de personas emigrantes. Por eso, es claro que en lugar de tratar de mejorar sus condiciones y garantizar sus derechos, más bien las empeoran.

Actualmente en todos los países de la UE sin excepción, gobiernen los social-liberales, los conservadores o los populistas reaccionarios de derechas, los inmigrantes sin papeles detenidos pueden permanecer encerrados preventivamente durante un tiempo que oscila entre 2 y 18 meses, en centros o auténticos campos de concentración, siempre hacinados y con un tratamiento auténticamente carcelario. En muchos casos, además, sin atención médica de ningún tipo y sufriendo maltrato y vejaciones continúas. Recordemos, por ejemplo, el caso de la congoleña Samba Martine que estaba presa en el CIE de Aluche y que murió enferma de SIDA, tirada en el suelo, sin la atención médica debida, tal y como acaba de reconocer una sentencia en los juzgados españoles -si bien, vergonzosamente no se ha condenado a nadie por esa muerte-.

Esta nueva legislación europea abriría, en consecuencia, la posibilidad de incrementar enormemente el porcentaje de expulsiones. Al incrementar el período en el que el inmigrante permanece en estado carcelario, privado totalmente de libertades, como un preso común, y, en consecuencia, aislado y totalmente controlado por el Estado, es evidente que puede acabar siendo expulsado con muchas más posibilidades. El sistema represivo instaurado sobre los inmigrantes lo que trata sobre todo es de romper las redes de solidaridad de clase y de lucha unitaria de la clase trabajadora, provenga de donde provenga.

Por otra parte, las burocracias sindicales de CCOO y UGT no defienden con firmeza los derechos sociales y laborales de la población inmigrante, ni establecen puentes de conexión y redes de solidaridad y apoyo con el conjunto de la clase obrera. Ni exigen, ni plantean una lucha irreductible por la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIES en el Estado español.

Algunos desacuerdos en la UE

Parece que no existió unanimidad para adoptar esta medida. El ministro español del interior, Fernando Grande Marlaska, en concreto, rebatió la pretensión de implantar dicha actuación. Si bien lo hizo con una argumentación que dejó bien claro el poco interés del Gobierno de Pedro Sánchez en la defensa de los derechos sociales y económicos de los inmigrantes. Algo nada extraño, después del giro que dio a sus políticas migratorias tras los primeros gestos en los primeros días de su mandato. Hasta el punto, recordemos, de que el ministro italiano ultra reaccionario Salvini felicitó a Pedro Sánchez, tras impedir la salida al mar del barco de rescate Aquarius, coincidiendo en la política de bloquear la recogida de inmigrantes en peligro de naufragio y con grandes posibilidades de morir en el Mediterráneo.

En este caso, Marlaska se limitó a indicar que su rechazo a la propuesta era para buscar alguna fórmula “más útil y proporcional”. En este sentido, propuso una especie de detención “permanente revisable” que paraliza el tiempo mínimo de estancia en el CIE mientras el migrante tramita su pedido de asilo, de modo que al final se podría alargar bastante más del tiempo previsto.

El Gobierno aporta una visión pragmática y cínica sobre el tema: ¿Qué sentido tiene poner en un papel que vamos a devolver a todos los subsaharianos si sus países de origen no les reconocen?, cuestionan fuentes de Interior. No importa cuánto tiempo pase internado el inmigrante. Si su país no lo reconoce como nacional, y no colabora con su documentación, la expulsión nunca será viable. En 2018, el 42% de los internos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) en el Estado español no pudo ser deportado y quedó en libertad. Por eso y no por razones humanitarias, el ministerio, de hecho, ha dado prioridad a la privación de libertad de marroquíes y argelinos porque los acuerdos bilaterales con sus países facilitan las expulsiones. Ha dejado, por tanto, de internar subsaharianos, consciente de la dificultad de devolverlos a sus países de origen.

En definitiva, la política del Gobierno español es vivamente defensora del establecimiento de enclaves al sur de Europa, en el que se retengan a los inmigrantes, de modo que no lleguen si quiera a pisar suelo europeo. Sin importarle las condiciones en que esta población resulta retenida, ni la salvaguarda de sus derechos más esenciales. De modo que así ni siquiera hay que mancharse las manos, ya existirían gendarmes contratados por la UE para contener el empuje migratorio.

La posición pactada en el Consejo, paradójicamente con la oposición de Hungría por resultar demasiado laxa y de España por excesivamente restrictiva, debe consensuarse en el Parlamento Europeo para ser firme y modificar la directiva de retorno.

La única política posible desde un punto de vista anticapitalista y de clase es el libre acceso de la población inmigrante a los países de la UE, asegurando la protección y la salvaguarda de los mismos derechos que tiene la clase trabajadora autóctona. Así como plantear la movilización y la lucha sobre la base de una estrategia de lucha unitaria y conjunta por los derechos laborales, políticos y sociales del conjunto de la clase obrera, sin diferencias raciales, de origen o sexo.