Tras la publicación de un reportaje de Canal 13, se revelaron los altos sueldos de curas con rango militar y que trabajan como capellanes en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Así, se determinó que serían más de $1.200 millones al año los que desembolsaría el Estado para financiar las remuneraciones y los privilegios de esta casta religiosa: salud gratuita, altísimas pensiones, vivienda y vehículos fiscales.
Para empeorar la situación, en los últimos años, cuatro obispos de esta institución han sido investigados por encubrimientos, abusos sexuales y mal uso de recursos fiscales.

Gonzalo Duharte, obispo castrense entre 1995 y 1999, fue investigado por presunto encubrimiento de abusos sexuales. Así mismo, Pablo Lizama Riquelme, sucesor de Duharte, entre 1999 y 2004 es investigado por el mismo delito, y además por recibir doble pensión en el marco del fraude de Carabineros. Por su parte, Juan Barros Madrid, obispo castrense entre 2004 y 2015, es investigado por presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima. Además de ellos, se encuentra Santiago Silva, actual líder del obispado castrense, también cuestionado por presunto encubrimiento de abuso.

Este último, al ser consultado sobre la pertinencia de estos millonarios gastos, señaló: “Tal como están las cosas, sí, corresponde. Esto uno lo recibe, no es que lo exija. Y las cosas están así”, agregó. Por su parte, el capellán de la Armada señalo: “Este gasto, es una necesidad que tiene el Estado y si determina que ya no es necesario, tendría que terminar con esa necesidad”

Cabe destacar, que fue en el año 1983, en plena dictadura militar cuando nació la figura de los obispos castrenses, quienes actualmente presiden las ceremonias religiosas de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

La Iglesia y el Estado, asunto separado

Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que es indispensable que se acaben de raíz todos estos privilegios que tienen cientos de curas, donde se produzca una efectiva separación de la Iglesia con el Estado, garantizando su laicidad.

No puede ser que de los bolsillos de todas las y los trabajadores salgan los millonarios sueldos de curas que día a día niegan el derecho al aborto a miles de mujeres, que abusan sexualmente de menores y que manejan gran parte de la educación chilena la cual historialmente ha sido subvencionada por el Estado y respaldada por los gobiernos de la ex Concertación y la Derecha.

Te puede Interesar: