El miércoles 26 de junio cerró sus puertas JS Textil SRL, una fábrica ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro vinculada a la empresa Cheeky, propiedad de la familia de la esposa del presidente Mauricio Macri, Juliana Awada.
JS Textil era una fábrica que pertenecía a la familia Scazariello y que se dedicaba a la confección de prendas de vestir, pantalones principalmente, para diversas marcas, aunque mayoritariamente para Cheeky.
Según la patronal, la empresa no recibía desde hace tiempo el suficiente trabajo para la cantidad de personas que tenía contratada. Así, a mediados de mayo, decidió de manera unilateral suspender a un grupo de trabajadores por cinco días (sin informarles nada previamente nada a ellos ni al sindicato).
El anuncio de suspensiones lo hizo el abogado de la fábrica, quien reunió a los suspendidos un viernes, minutos antes de culminar la semana laboral, y les dio la noticia. A muchos de los suspendidos se les adeudaban vacaciones correspondientes a 2018. En esa reunión el abogado reconoció incluso la ilegalidad de la medida pero la justificó expresando que era “la única alternativa posible”.
Al lunes siguiente los empleados suspendidos acudieron a la Secretaría de Trabajo, donde también se hicieron presentes representantes de los gremios Sutiv y Setia. Tras unas horas de espera se realizó una audiencia en la que se acordó que todos los trabajadores cumplirían una jornada laboral reducida (tres horas diarias) y que no se suspendería a nadie. Aunque tampoco se pagarían las horas caídas. En ese momento quedó pactada otra audiencia para la semana siguiente.
En la semana siguiente se llevó a cabo la segunda audiencia. Allí se hicieron presentes representantes de Cheeky. La patronal solo ofreció pagar el 40 % de las horas caídas, lo cual fue rechazado por los trabajadores y se pactó otra audiencia en la que finalmente se acordó abonar un 70 % por horas caídas y continuar trabajando solo tres horas diarias.
Por esta razón un grupo de trabajadores decidió llevar a cabo una medida de fuerza y acampar en la puerta de la fábrica, con la intención de obtener respuestas inmediatas a la situación. Ese mismo día, Cheeky desvió trabajo que estaba destinado para JS hacia otra textil ubicada en Arrecifes. Nunca se informaron los motivos de esa medida patronal.
A la baja en el sueldo de los trabajadores se sumaba la incertidumbre que sufrían desde hacía varios meses, por desconocer por cuánto tiempo se mantendrían sus puestos de trabajo.
Y por si fuera poco llevaban mucho tiempo trabajando en condiciones muy malas: sin calefacción desde el invierno anterior, limitaciones para ingerir bebidas calientes, escasos ventiladores en verano, maquinaria sin mantenimiento, prohibiciones de hablar entre compañeros durante las nueve horas laborales y hasta en una ocasión “accidentalmente” se quebró la llave de un baño quedando inhabilitado.
En cuanto a los salarios, rondaban los $ 20.000 por mes para la categoría más baja y también sufrían la ilegal retención de aportes jubilatorios, previsionales y/o de obra social.
A todo esto la empresa ya había presentado dos Procesos Preventivos de Crisis ante la Secretaria de Trabajo, que no lograron ser aprobados por carecer de fundamentos. Mientras tanto ofrecían a los trabajadores acuerdos por un engañoso 50 % de indemnización, que en realidad representaba apenas el 30 % de la misma.
El 25 de junio se realizó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. Allí el representante de JS argumentó que, por decisión de los trabajadores, la empresa se vio “obligada” a despedir a parte del personal y así solo se quedó con cinco trabajadores, quienes luego también serían desafectados.
Mientras tanto Cheeky manifestó que, “no habiendo conflicto colectivo por resolver” y en razón de que algunos trabajadores habían iniciado acciones legales de forma individual, solicitaba se finalice esta instancia administrativa. Por su parte los sindicatos ratificaron la postura de que los despidos no se daban en el contexto del artículo 247 de la Ley de Contratos de Trabajo sino que corresponden a despidos sin causa estipulados en el art 245 de la misma.
Una vez más son los trabajadores los perjudicados, ya que además de quedarse sin empleo deben aceptar el 50 % de la indemnización. De otro modo deben ir a juicios que, de ganarlos, cobrarían en un futuro lejano.
La patronal es, en definitiva, la que siempre resulta beneficiada mediante la manipulación tanto de la legislación vigente como así también de la situación de indefensión de los trabajadores ante la escasez de oportunidades laborales y las necesidades económicas que atraviesan a la clase trabajadora en el contexto actual. | 
