El Gobierno argentino oficializó un decreto que, mediante la creación de un Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (Repet), permite incluir al movimiento islámico y partido político libanés Hezbollah entre las supuestas “organizaciones extremistas”, ampliando el listado actual comprendido por las organizaciones señaladas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La medida fue publicada un día de la llegada a Argentina del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. El funcionario de Trump viaja al país para participar de la Conferencia Ministerial contra el Terrorismo, que se desarrollará por primera vez en el país y se prevé que participe de algún evento organizado por el gobierno de Macri ante un nuevo aniversario por el atentado contra la AMIA.
Si bien el Decreto 489 no incluye el nombre “Hezbollah” en el listado permite el cambio en el registro de las supuestas “organizaciones terroristas”, hasta el momento la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que el grupo libanés no aparece.
El cambio muestra un abierto alineamiento con el Gobierno de Trump, en el marco de la creciente tensión entre los Estados Unidos e Irán por el desarrollo del programa nuclear del país persa.
Sin pruebas y en base a una investigación manipulada, tanto Irán como Hezbollah son señalado por sectores de la Justicia argentina y el gobierno argentino por el atentado a la AMIA, ocurrido en el año 1994.
La causa AMIA es un monumento a la impunidad. Tres horas después de la voladura de la AMIA tanto Estados Unidos como Israel acusaron a Hezbollah y a Irán de haber sido los autores intelectuales y materiales del atentado. Así, la CIA y el Mossad comenzaron a operar “brindando” información para “resolver” la causa.
Desde aquel 18 de julio de 1994, ninguno de los gobiernos, desde Menem a Macri, permitió la apertura irrestricta de todos los archivos, para que familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, que actúan en forma independiente, puedan acceder a ellos y dirigir la investigación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "el decreto permite que a las organizaciones que hayan atacado en Argentina (como Hezbollah) y que no están en las listas de Naciones Unidas las podamos considerar terroristas, porque han cometido un ataque en territorio nacional. En segundo lugar, si países que piden congelar activos de otras organizaciones en la Argentina, ese registro nos permite verificar qué tipo de activos tienen en el país. Punto tres, es una forma de asegurarnos contra quienes tienen algún tipo de acción o actividad de este tipo hacia el futuro", dejando claro que la nueva normativa posibilita arbitrariamente criminalizar organizaciones políticas, ya que no está probada la acción de Hezbollah en ataques contra el país.
En este sentido se pronunció la Confederación de Entidades Argentino Árabes (Fearab) , que agrupa a más de 300 organizaciones, cuestionando la decisión del gobierno de Cambiemos y expresando que catalogar a Hezbollah como “terrorista” era un yerro, ya que ese movimiento tiene una existencia institucional y es reconocido como partido político con participación oficial en la República del Líbano.
El registro creado por decreto es un paso más en el alineamiento, que ya había sido cementado durante el gobierno anterior con la aprobación de la ley antiterrorista a pedido de EE. UU., para complacer los requerimientos del Donald Trump y los intereses del Estado de Israel, cuyos gobiernos venían presionando fuertemente a Macri en este sentido.
Un día antes de la reunión que se realizará en Argentina, bajo el pretexto de “la lucha contra el terrorismo internacional”, Macri intenta mostrarse como el mejor alumno de la región cuando se trata de lograr una mayor sumisión al imperialismo. | 
