Odebrecht: La corrupción que trasciende fronteras
Como una persecución política. Así es como la defensa del exmandatario peruano, Alejandro Toledo (2001-2006), califica su detención en la prisión federal estadounidense de Philip Burton en California, en donde permanecerá retenido hasta que los tribunales de justicia estadounidenses tomen alguna resolución respecto a la solicitud de extradición por parte del Perú. Medida que fue adoptada por posible riesgo de fuga, según señala la Corte del Distrito Norte de California.
Cabe destacar que según lo comentado por los fiscales a cargo el caso Toledo portaba más de 40 mil dólares de procedencia desconocida al momento de su detención, encontrándose además en calidad de prófugo.
Y es que Toledo se encuentra acusado de recibir por parte de la constructora brasileña Odebrecht 20 millones de dólares, con el objetivo de que éste obtuviera licitaciones respectivas a los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.
Es por esto por lo que por parte del Ministerio Público solicitó juicio contra Toledo, el cual concluyó en febrero del 2017 con una orden de prisión preventiva de un año y 6 meses. Sin embargo, un mes antes, Toledo ya se encontraba en Estados Unidos.
Es así que nuevamente salen a la luz involucrados en uno de los casos de corrupción más grandes del último tiempo en Sudamérica, con una serie de políticos corruptos que, privilegiando sus intereses y sus bolsillos, han realizado acuerdos con empresarios y multinacionales, implicando a países como República Dominicana, Venezuela y la Argentina, entre otros.
Una medida por lo bajo sospechosa: Las intenciones por descomprimir la fuerza social en Perú
Sin embargo, menos sospechosa la situación no puede ser. Y es que han pasado más de dos años desde la resolución de prisión preventiva.
La medida es adoptada por el gobierno de Martín Vizcarra que ocurre al mismo tiempo en el que se producen masivas movilizaciones de campesinos y trabajadores contra el proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo; proyecto de la empresa trasnacional Southern Cooper y que cuenta con el aval del gobierno de Martín Vizcarra.
En este sentido la detención de Toledo viene a ser utilizada por parte del gobierno represivo de Vizcarra a modo de medida descompresora de la movilización y el conflicto social que se presenta en el Valle del Tambo y que tiene cuestionado al mismo mandatario, de forma que la atención sea dirigida y desviada a este proceso judicial.
En definitiva, corruptos o no, son políticos que gobiernan a favor de los intereses empresariales a costa de la vida de las grandes mayorías. Debemos oponer una fuerza movilizada y organizada en las calles desde abajo, para acabar con este gobierno de los ricos, sostenido mediante coimas, corrupción y represión.
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