En la Facultad de Ciencias Naturales el Consejo Directivo está en proceso de discusión una suba en los aranceles anuales de los postgrados. El aumento sería de un 300% aumentando la cuota inicial de $1500 a $5000.
La gestión se basó en la necesidad de actualizar los precios, como viene sucediendo en otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como por ejemplo Bioquímica, donde los aranceles en los posgrados tienen un monto anual de $9000.
Otro absurdo argumento sobre el que se sustenta el aumento es la sobrepoblación de inscripciones de postulantes a la oferta de doctorados que ofrece esta facultad. Al posible aumento también lo deberán pagar aquellos que ya se han inscripto este año.
Según la Secretaria de Posgrado Dra. María Cristina Rubio: “No podemos pedir que nos rindan cuentas cada universidad que hacen con la plata de los doctorados; avalemos la autarquía de cada universidad”, refiriéndose a la propuesta de aumento.
Un ataque a la universidad publica
En los años 90 se sancionó la Ley de Educación Superior (LES) que significó un claro ataque a la universidad pública ya que, entre otras medidas, se autorizó el pago el pago de aranceles, inscripciones y exámenes, entre otros. Se recortó la autonomía universitaria permitiendo el ingreso de empresas para el sostenimiento presupuestario, lo que significó su injerencia en los planes de estudio y la quita de contenidos de los planes de estudios para adaptarlos a las necesidades de las empresas y el campo. De esta manera los títulos de grado fueron degradándose al mismo tiempo que se formaron un gran número de carreras de posgrados y especializaciones, que obligan a los egresados a pagar para su formación.
Pocos años pasaron para sentir las consecuencias que trajo a la UNT esta ley con una fuerte impronta privatista. Posteriormente el kirchnerismo aprobó una serie de modificaciones ilusorias, como la sanción del ingreso irrestricto, luego de haber sido un férreo defensor de la LES. Pero nunca aumentaron el presupuesto universitario e hicieron oídos sordos a los desfalcos millonarios y a los sueldos siderales de los funcionarios de la UNT, que pasó a ser un centro de negocios de las grandes mineras y un escalón para los políticos del régimen provincial, mientras en casi la mayoría de las carreras universitarias se pide un “bono solidario” que son aranceles encubiertos.
Al respecto, la consejera estudiantil de la agrupación Lillo a la Izquierda, Constanza Contreras, manifestó: “estamos en contra de cualquier tipo de arancel en cualquier nivel de la educación pública, rechazamos la LES que incentiva al financiamiento externo de las universidades por parte del sector privado y el desfinanciamiento de la educación pública. La educación no es un bien de consumo, ni una empresa. Que esta ley siga vigente sólo responde a intereses de un sistema neoliberal y capitalista. Sólo la lucha de docentes, estudiantes y los trabajadores pudieron defender la universidad pública de cada uno de los intentos privatizadores. Por eso hoy, más que nunca, hay que seguir peleando contra este nuevo proyecto de arancel y por una universidad laica, irrestricta, gratuita y de calidad” | 
