Ilustración: Natalia Rizzo
La política de “renovación urbana” que se viene desarrollando en la ciudad, sobre todo en la zona sur donde se luce la nueva sede de gobierno, incluye un plan maestro para la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) con la creación de una Villa Olímpica para los juegos juveniles del 2018. La creación de los polos tecnológicos para eximir a las empresas de evadir impuestos también forma parte de este plan.
También en la costanera Sur con un mega proyecto para la construcción de un complejo habitacional de lujo en terrenos de IRSA, (que implicaría el desalojo del barrio Rodrigo Bueno o en su defecto la inundación del mismo tras proyectar la elevación de la cota del terreno), con un presupuesto estimado de más de U$D 1.000 millones.
Los negocios con las empresas constructoras como IRSA son moneda corriente en la ciudad. Han sido beneficiados con terrenos fiscales a precios irrisorios convirtiéndose en una de las mayores terratenientes urbanas de la CABA: dueña de la mayoría de los complejos comerciales (Abasto shopping, DOT, Alto Palermo, Paseo Alcorta, entre otros), posee más de 16 millones de m2.
A su vez los lazos entre empresarios y políticos son más que estrechos (tanto del PRO como del FPV, que sin sus votos muchos proyectos no serían posibles), como es el caso de Augusto Rodríguez Larreta que paso a ser ex directivo de IRSA a subsecretario de Gobierno del PRO, al que renunció para ser asesor de campaña de su hermano, el actual precandidato a Jefe de Gobierno por la ciudad. La constructora de Nicolás Caputo, no se queda atrás: es íntimo amigo del Jefe de Gobierno, quien ha salido beneficiado con múltiples licitaciones que incluye desde infraestructura para ferrocarriles y hospitales hasta la creación del parque acuático en Saavedra, entre otros.
La zona sur en retirada
Lo paradójico, es que la zona Sur de la ciudad es la que ha registrado un mayor crecimiento de la población. Durante el boom de la construcción la Comuna 8 ha actuado como “colchón” albergando al 32,9% de la población de capital que habita en villas y asentamientos. El valor del m2 ronda los U$D1200, siendo el más “barato” de la ciudad, seguido de Pompeya y Retiro que se estiman en unos U$D1600. Esta distribución territorial de la población, se da desde las zonas de mayor precio del suelo (donde más se ha urbanizado), hacia las de menor valor.
Este fenómeno de gentrificación se basa primero en un abandono (donde van degradándose los servicios básicos), seguido de una constante estigmatización por parte de los medios de comunicación asociando la pobreza a la delincuencia; como se vio por ejemplo en el desalojo del Barrio Papa Francisco cuya excusa fue el narcotráfico (que nunca pudieron demostrar) y la necesidad de saneamiento del terreno (que tampoco llevaron adelante). Seguido de la especulación, encarecimiento y futura expulsión (aunque esta vez fuera de los bordes de la capital) y comercialización de los nuevos emprendimientos. Esto planea Macri para la ciudad en general y la Comuna 8 en particular.
Por eso, el resultado de “la renovación urbana” que quieren implementar en la ciudad es obsceno e irracional. Los intereses de los especuladores inmobiliarios y los sectores empresariales de la construcción son los que digitan y ordenan la ciudad a la medida de sus ganancias. Para eso cuentan con una casta de políticos afines a sus intereses, siendo la construcción uno de los principales nichos de acumulación de ganancias.
Por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores planteamos:
La prohibición de desalojos por 180 días o hasta tanto no se compruebe que la familia tiene ingresos estables para poder alquilar en otro lado.
Que tanto IRSA, Caputo y los grandes grupos inmobiliarios den cuenta de las ganancias que tienen, cuántas viviendas vacías.
Impuesto particular por ser grupos concentrados. Control de la construcción. Que todos sus trabajadores estén en blanco y en condiciones seguras.
Hacia la vivienda ociosa: relevamiento de viviendas vacías producto de la especulación de empresas y sociedades de inversión, exigiendo la inmediata puesta en alquiler de los inmuebles o venta para ocupación comprobable. De no cumplirse, declarar las viviendas sujetas a estatización con opción a compra por parte del inquilino a un valor de cuota que no supere el monto del alquiler.
En cuanto a la construcción de viviendas nuevas, que participen vecinos, destinatarios, organizaciones sociales, profesionales y las universidades para que apruebe o no la construcción en relación al impacto urbano (valores de suelo, ubicación, redes de servicios, infraestructura, impacto ambiental, en la movilidad, paisaje urbano, etc.)
También es necesario establecer un porcentaje de viviendas en edificios de propiedad horizontal de inversión privada, para ser asignadas para uso temporario a familias con problemas habitacionales.
El crecimiento urbano deberá preverse en espacios vacantes de la ciudad, que tengan servicios o que sean los más próximos a ellos. La cantidad de viviendas a construir se tendría que evaluar según la relación de superficie del terreno a una proporción adecuada de espacios verdes, escuelas, hospitales, centro deportivos y culturales con un criterio de compacidad urbana y residencial. Supervisado por la participación de vecinos, destinatarios y organizaciones sociales. |
