Al igual que sus pares nacionales de la CGT, distintos gremialistas de Córdoba realizaron estos días declaraciones de preocupación por la corrida cambiaria que impulsan los mercados, descontentos con los resultados de las elecciones primarias del domingo.
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Mientras el dólar subió un 25 % y los supermercados anunciaron que remarcarán los precios entre un 10 % y un 15 %, algunos sectores de trabajadores empiezan a sentir las consecuencias de manera directa. Desde el viernes, la fábrica de camiones Iveco suspenderá a todos sus empleados por tiempo indeterminado, debido a la falta de insumos por el aumento del dólar.
En el caso de Iveco, el SMATA había advertido el martes que podrían anunciarse suspensiones en las automotrices debido a la falta de insumos. Ese día el vocero del gremio, Leonardo Almada, indicó que “se preparan” para un escenario de creciente complejidad por la afectación directa del poder adquisitivo y que “defenderán” los acuerdos de estabilidad laboral firmados. “Tenemos que empezar a preocuparnos por cuestiones que no nos preocupaban”, aseveró.
En primer lugar, el SMATA nunca se preocupó demasiado por sus afiliados, ni en Córdoba ni en ninguna provincia del país. Más bien le preocupan las empresas y por eso firmó cuanto convenio a la baja le propusieron. No vaya a ser que multinacionales como Volkswagen, FIAT, Renault, Chrysler o Nissan vayan a perder un solo centavo de ganancia. Pero ni siquiera así logran que se respeten los “acuerdos de estabilidad”. Cuando las suspensiones (que se pagan al 75 % del salario neto, también gracias al gremio) ya no son suficientes, estos gigantes de la economía mundial no dudan en apretar a los laburantes para que acepten retiros anticipados o directamente despedir.
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Quienes sí se pusieron “firmes” son los dirigentes del sindicato docente, UEPC. En un comunicado, la Junta Ejecutiva del gremio exigió hoy al Gobierno provincial “la inmediata convocatoria a la Comisión de Política Salarial para resolver medidas que resguarden el poder adquisitivo de los salarios docentes activos y jubilados, y den cumplimiento efectivo a la aplicación de la cláusula gatillo oportunamente convenida”. Además, plantea su preocupación frente a “la grave situación económica y social que estamos viviendo tras las elecciones Paso del último domingo, y la corrida cambiaría que estamos transitando”.
Al parecer, el dólar a $ 60 fue demasiado para la burocracia celeste, porque a fines de julio el gobierno de Juan Schiaretti ya había anunciado que la cláusula gatillo que firmaron UEPC y el SEP (empleados estatales) en las paritarias iba a dejar de aplicarse en septiembre. Aunque la inflación anual ya se calculaba en 40 %, docentes y estatales terminarían el año con una pérdida de entre 10 % y 15 % del poder adquisitivo, al igual que en el 2018.
Por supuesto que UEPC no convocó a ningún tipo de actividad para arrancarle a Schiaretti sus demandas: ni paro, ni movilización, ni siquiera asambleas en las escuelas. Tal vez porque, al igual que el resto de la dirigencia kirchnerista, llamaron a votar al gobernador en la elección provincial “para echar a Macri”.
Por su parte, José Pihen, secretario general del SEP, no ha emitido declaraciones hasta el momento. A lo mejor está ocupado con sus múltiples cargos: además de dirigir su gremio, conduce la CGT Regional Córdoba, cada vez más fragmentada, y es legislador oficialista en la Unicameral. Poco puede esperarse de este burócrata.
Otro sindicalista que dijo estar “con una preocupación tremenda” es Rubén Urbano, de la Unión Obrera Metalúrgica. “Nadie quiere producir porque tampoco te venden ni siquiera el acero en las acerías ni quieren producir tampoco porque no saben qué precio se van a poner”. Con respecto al Gobierno nacional, Urbano agregó: “No discuto lo de tomar deuda, abrirse al mundo, pero se equivoca en los ajustes, porque para poder pagar la deuda tiene que producir Argentina”. Finalmente, aseguró que “vamos a estar atentos” por si hay suspensiones. Otro que se la jugó en las declaraciones.
Los que sí estuvieron contentos esta semana fueron los dirigentes gremiales de la lista del Frente de Todos. El mismo lunes hubo una reunión en la que estuvieron Juan Monserrat, Raúl Ferro de Bancarios, Mariana Mandakovic de Cispren, Gabriel Suárez de Luz y Fuerza, Pablo Carro de la CTA, Mauricio Saillen de Surrbac y CGT Rodríguez Peña, y los candidatos a diputados Pablo Chacón, de Comercio y Franco Saillen.
El objetivo de la reunión fue analizar el resultado electoral y las acciones futuras para sostener y mejorar la performance de la alianza, incluyendo la propuesta de fortalecer la fiscalización en octubre. Mientras los mercados “votaban” en contra del pueblo trabajador, los dirigentes plantearon la necesidad de “garantizar entre todos el voto democrático de los ciudadanos y ciudadanas, con transparencia y responsabilidad, ya que las elecciones son un momento necesario para mejorar, cambiar o ajustar el rumbo que debe tomar nuestro país”.
Frente al panorama de 5 millones de pobres más, como dijo la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la dirigencia sindical de la provincia donde gobierna un gran aliado de Macri, hace la plancha. Por más críticas a Macri y exigencias a Schiaretti que se hagan, nada cambiará para los millones de trabajadores y trabajadoras que ya sufren el deterioro del salario, las suspensiones y los despidos.
Por el contrario, el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad plantean la necesidad de realizar asambleas en los lugares de trabajo y los gremios para que la clase trabajadora pueda discutir sus propios destinos. Hace falta un paro general activo de 36 horas, con movilizaciones, para mostrar toda la bronca y la fuerza obrera y popular. Como medidas de emergencia, proponen: una cláusula gatillo para que los salarios se actualicen automáticamente ante cada suba de precios, la anulación de los tarifazos y la ocupación de toda empresa que cierre o despida masivamente, para que sea gestionada por sus trabajadores. |
