Luego del papelón de la conferencia de prensa de Macri el lunes tras perder en las PASO y de desatarse un golpe de mercado devaluando el peso frente al dólar alrededor de un 30 % en un sólo día, el gobierno cambió su estrategia y salió a la carga con una batería de medidas para “llevar alivio al bolsillo de los argentinos“. Se podría denominar "Populismo de emergencia" como lo tituló el periodista Ignacio Fidanza.
En primer lugar, el miércoles 14 el propio presidente Macri emitió un video grabado en el que anunció una serie de medidas dirigidas especialmente a los sectores asalariados en blanco y en menor medida a sectores informales con hijos por intermedio de la Asignación Universal por Hijo, con vigencia sólo hasta octubre. Pero dejó por fuera a seis millones y medio de jubilados y pensionados, y a los jóvenes precarizados que son la mayoría de los trabajadores informales.
Así también, anunció un congelamiento de precios de los combustibles por 90 días, que fue duramente resistido por las petroleras y abrió un tironeo por su implementación que se encuentra aún en negociación.
Entre las principales políticas que fueron anunciadas allí se encuentran:
- Impuesto a las ganancias: elevación de 20 % del mínimo no imponible y deducción especial para jubilados y trabajadores en relación de dependencia. Devolución de impuestos ya pagados en el año de alrededor de 12 mil pesos para una familia compuesta por una pareja con dos hijos, y una reducción del 50 % de los anticipos que deben pagar los autónomos hasta fin de año.
- Reducción de aportes personales: para los trabajadores en relación de dependencia, no pagarán aportes personales con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes, por dos meses (sólo hasta octubre)
- Monotributistas: no pagarán la parte impositiva sólo por el mes de septiembre. Son entre mil y 4 mil pesos por persona (la mayoría está inscripto en categorías más bajas, es decir, un impuesto de mil pesos).
- AUH: Dos pagos extra de mil pesos por hijo, uno en septiembre, otro en octubre.
- Empleados públicos, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad: bono de 5.000 pesos, por única vez.
- Convocatoria para aumentar el Salario Mínimo: El gobierno se comprometió a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Aún no hubo precisiones al respecto.
- Pymes: Plan de moratoria a 10 años para regularizar deudas vencidas.
- Becas: aumento de 40 % en las becas Progresar, que estaban planchadas desde hacía más de un año. Ahora será de 2.520 pesos.
Pero la recepción de estas medidas por el pueblo trabajador se mastica como insuficiente. En sólo dos días muchas empresas importadoras, distribuidoras y supermercados comenzaron a remarcar precios. En algunos casos llegó inmediatamente a una remarcación del 15 %, y en otros rubros ya se estima una nueva lista de precios, si es que el dólar se estabiliza en torno a $ 60, con aumentos de más de 30 %.
Los parches empleados por el gobierno son a las claras medidas de contención del malestar y del descontento, con el objetivo “electoral” de llegar con el gobierno hasta octubre, no empeorar las condiciones de Cambiemos en los distritos en los que puede ganar y para los puestos legislativos, así como garantizar cierta “gobernabilidad” en aras de una transición sin estallidos sociales.
Reducción del IVA en alimentos y créditos UVA, hasta diciembre
Ante esta evidencia, el gobierno profundizó su afán “populista”. Es por ello que en el día jueves anunció dos nuevas medidas.
La primera de ellas es sobre los créditos UVA, muy afectados por la devaluación y la inflación. Esta medida fue adelantada por el presidente Macri desde su cuenta de Twitter y confirmada posteriormente por el ministro Frigerio en conferencia de prensa, aunque aún no fue confirmada oficialmente.
El congelamiento de las cuotas tiene una vigencia sólo hasta diciembre y beneficiará a quienes hayan sacado créditos por hasta 140 mil UVA. Nadie sabrá cómo se ajustará la cuota luego de diciembre ni qué pasará con aquellos que hayan tomado deuda por valores superiores.
La segunda medida fue anunciada a últimas horas de la tarde del jueves, también desde la cuenta oficial de Twitter de Mauricio Macri, en donde mediante un video el presidente detalló que se suspenderá el impuesto al valor agregado (IVA) para alimentos básicos como leche, el pan, la harina, la yerba y otros productos.
Esta reducción de 21 % a 0 % del IVA para una selección de productos alimenticios es sin dudas una de las de mayor interés e impacto en los sectores populares. Sin embargo, su vigencia, al igual que el resto de las medidas, dura lo que dura el período electoral: hasta diciembre. El presidente quiere calmar la “incertidumbre electoral”, pero lo que sobran son certezas electorales (Macri no tiene casi chances de dar vuelta el resultado) y lo que faltan son aquellas vinculadas con el dólar, la inflación y el poder adquisitivo de los salarios, más allá de las medidas “paliativas” que todo el mundo sabe que no revertirán el proceso de ajuste pautado con el FMI.
¿Esto significará que bajarán los precios? De ninguna manera. La mayor parte de las cadenas alimenticias ya remarcaron sus precios en alguna medida, de manera que esta reducción del IVA se aplica sobre niveles de precios más altos. Pero además, los empresarios tomarán esta reducción del IVA a su favor, en el mejor de los casos, para mantener los precios al nuevo nivel y no subirlos más, no para reducirlos.
¿Más recortes o aval del FMI para inclumplir el déficit cero?
Cambiemos acordó con el FMI un déficit fiscal primario cero para este año. Se esperaba que la meta se cumpla a fuerza de los ajustes que realizó el Gobierno. La recaudación en términos reales lleva varios meses de caída por la recesión, y los ingresos disminuyeron por los beneficios impositivos que Cambiemos le otorgó a los empresarios como con la reforma tributaria. Macri, obligado por el Fondo tuvo que volver a implementar retenciones a las exportaciones, pero son leves.
El paquete de medidas anunciado por Macri implica un aumento del gasto, difícilmente llegue al déficit cero que prometió al FMI.
Las propuestas anunciadas el miércoles, según el Gobierno tienen un costo fiscal de $ 40.000 millones, representa entre 0,2 % y 0,3 % del PIB según estimaciones. El costo es superior a lo difundido, según fuentes oficiales de Hacienda, esa suma sólo representaría el gasto anual por los cambios en Ganancias. La exención de los aportes personales durante septiembre y octubre, significa un costo de casi $ 12.000 millones. Según Dante Sica, el costo fiscal por la eliminación del IVA a ciertos alimentos llega a $ 10.000 millones.
Es decir que será más alto el déficit fiscal primario que el prometido al Fondo. Según el memorándum de entendimiento con el FMI, se contemplaba la posibilidad de que se extienda a 0,2 % el déficit si era necesario subir el gasto social en caso de si la economía empeoraba, pero sería mayor a este porcentaje.
El Gobierno de Macri negociará con el FMI que permita mayor rojo fiscal o ¿de dónde saldrán los recursos?. Un informe de Cifra sostiene que “estos fondos saldrían de una reasignación de partidas presupuestarias (léase , de un recorte en otros gastos públicos) . En particular, se verán disminuidos frente a la inflación los haberes jubilatorios para los cuales no se prevé ningún reajuste”.
Además, agregan que “es la propia licuación del gasto público que generó la devaluación la que financiará esta medida. En efecto, si la recaudación total del país se incrementara nominalmente el 1,5 % por mes entre agosto y diciembre (adicional al aumento inflacionario inercial), el Estado recaudaría alrededor de $ 37.000 millones”.
También hubo rumores de aumentar las retenciones a las exportaciones, pero ¿Macri estará dispuesto a aplicar una medida contra uno de los pocos sectores patronales que aún lo apoya?. Habrá que ver si el FMI lo avala.
Patear la bomba para adelante
El combo populista anunciado por Macri son parches para evitar el malestar por la devaluación y el zarpazo al bolsillo. Las nuevas medidas anunciadas esta semana, junto a las que había realizado meses antes con fines electorales como congelar las tarifas hasta diciembre sólo pueden aliviar una parte del mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares.
Los anuncios tienen fecha de vencimiento y tendrá que decir el próximo gobierno qué hará si se prorrogan los beneficios o no. Por ejemplo: ¿qué sucederá con los tarifazos a la luz, el gas con las tarifas dolarizadas?, ¿cuál será el aumento de las facturas cuando el dólar futuro de diciembre ya se ubica en $ 83,20? Alberto Fernández prometió desdolarizar las tarifas, pero no habló de anular los tarifazos, es decir que es probable que las facturas costosas de los servicios públicos sigan.
El beneficio de anular el IVA para los alimentos caduca a fin de año. ¿Fernandez extenderá la medida?
Fernandez ya aseguró que seguirá pagando la deuda y respetará el acuerdo con el FMI. La incógnita es si el organismo avalará mantener los parches, herencia del macrismo o volverá a exigir más ajuste. Su historial de recetas adelanta que siempre pide reducir el déficit, además de avanzar con las reformas estructurales como la laboral y previsional que tiene en carpeta. El candidato del Frente de Todos avala los cambios laborales por convenio, es decir, reforma laboral por partes. Tampoco descartó las modificaciones en materia previsional.
Si la transición entre Macri y Fernández se concreta de manera ordenada en diciembre se abrirá un nuevo capítulo del ajuste al pueblo trabajador. El Gobierno de Ceo dejará una economía al rojo vivo y con un acuerdo impagable con el FMI. El Frente de Todos se prepara para cumplir con los requisitos del organismo y seguir pagando la deuda.
No al saqueo del salario
La devaluación ya impacta en el poder adquisitivo del salario, y no alcanzan las medidas anunciadas para recuperar la pérdida. Lo peor aún está por venir. Por eso son necesarias medidas de emergencia ante la crisis como terminar con los tarifazos, recomposición salarial, que aumente el salario cuando suba la inflación, un salario mínimo igual a la canasta familiar actualizada, jubilaciones mínimas equivalentes a la canasta de un adulto mayor, y la prohibición de despidos, no se puede perder ningún puesto de trabajo.
Hay que poner en el centro del debate un programa de emergencia para que la crisis no la paguen los trabajadores.
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