Foto Cuartoscuro
El gobierno de Moreno Valle se ha dado a conocer a nivel nacional por el endeudamiento en el que ha sumido al estado con absurdas obras públicas que no han beneficiado a la población.
Pero, sobre todo, por su trayectoria represiva que hoy lo tienen con más de 300 averiguaciones por diversas violaciones a derechos humanos y que de acuerdo con la información vertida a CENCOS por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social se ha mostrado en los 127 presos políticos, de lo que lleva de mandato, encarcelados por manifestarse o expresarse en contra del gobierno estatal, 15 de los cuales aún permanecen en prisión.
Los partidos del Congreso unidos contra la protesta social
En mayo del año pasado la llamada “Ley Bala” fue propuesta por el gobernador y aprobada con votos de todos los partidos del congreso de la entidad –Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La iniciativa que inicialmente incluía la posibilidad de usar armas de fuego como “último recurso” para dispersar manifestaciones, aprobó el uso de armas supuestamente “no letales” con el propósito de frenar la movilización popular y dar una muestra de disciplinamiento a aquellos que se atreven a cuestionar a este régimen. Dicha ley demostró que los partidos que hoy quieren contender para las elecciones a pesar de sus supuestas variantes de “izquierda” hacen pactos para barrer violentamente el descontento de la población.
La “Ley Bala” tuvo que ser derogada tras la muerte de José Luis Tlehuatlie Tamayo, niño de 13 años asesinado en la comunidad de Chalchihuapan por una bala de goma que impacto en su cráneo, el pasado 9 de julio, disparada por policías estatales que arremetieron contra una manifestación.
Ataques contra el pueblo y la juventud
Muchos de los presos políticos corresponden a opositores a los “proyectos de muerte” y en particular a los opositores del Proyecto Integral Morelos que comprende dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, que serán instalados afectando a 100 comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
A pesar de la oposición de las comunidades, que se están organizando para defender su territorio, las obras han comenzado a efectuarse en algunas zonas, ocupando la militarización y la presencia de la policía federal para asegurar reprimir el descontento de los pobladores.
Esto muestra una vez más la unidad del gobierno federal con los gobiernos de los estados, sin importar el partido del que provienen, para garantizar la aplicación de las reformas estructurales y en particular en este caso, de la energética que ha puesto nuestros recursos naturales a disposición de la inversión privada.
Lo anterior se da además en el marco de que en marzo del año pasado el congreso de Puebla aprobó una modificación a la Ley de Expropiaciones, que permite al Ejecutivo estatal tomar posesión de los bienes inmuebles para la ejecución de obras apenas se emita un decreto expropiatorio, sin que se otorgue antes el tiempo para que el afectado tenga derecho de audiencia, violando claramente la posibilidad de los pobladores de decidir sobre su territorio.
Hacia la juventud la represión tampoco se ha hecho esperar y como muestra está la represión efectuada contra la protesta contra la llegada de Peña Nieto a la Ciudad de Puebla, el pasado enero. Allí la policía estatal realizó un brutal desalojo de los jóvenes que se encontraban en plantón en demanda de un espacio para llevar a cabo un curso gratuito, organizado por un colectivo estudiantil, para acceder a la universidad. Esta represión terminó con decenas de estudiantes detenidos y golpeados.
Dichas detenciones, efectuadas durante el mandato de Moreno Valle, se han dado principalmente en base a los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, inseguridad de los medios de transporte, contra las autoridades en la modalidad de desobediencia, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso usados claramente contra la protesta social.
Yara Almonte, referente del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), declaró “Moreno Valle, del PAN, gobierna Puebla con la misma política represiva que el gobierno nacional de Enrique Peña Nieto, del PRI. Ambos criminalizan la protesta social, mientras los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero –estado gobernado por el PRD– continúan desaparecidos. Este régimen no puede reformarse”. Por eso desde el MTS convocamos a que en las próximas elecciones no se dé ningún voto a los partidos de este régimen que se unen para reprimirnos. Llamamos a poner en la boleta electoral #NosFaltan43, y poner en pie un gran movimiento que demande la aparición con vida de nuestros compañeros normalistas víctimas de la más brutal represión del Estado y sus partidos asesinos. | 
