A una semana y media de las PASO, la Legislatura de Córdoba parece no haber tomado nota del golpe de los mercados que hizo subir el dólar un 25 %. En lugar de poner en discusión medidas de emergencia para paliar la difícil situación de los trabajadores, jubilados y sectores populares, este miércoles se votó la adhesión a la Ley Nacional 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que beneficia a las empresas desarrolladoras de software y otras tecnologías con exenciones impositivas.
Laura Vilches, legisladora por el PTS en el FIT, rechazó la adhesión e hizo referencia a la cantidad de empresas de distintos rubros que son alcanzadas por los distintos regímenes de promoción o convenios puntuales, tanto de Nación como provinciales. “Estas exenciones impositivas implican un gasto tributario importante. Hemos escuchado al presidente de esta cámara decir que un punto de aumento a los empleados estatales significa $ 1.000 millones, pero las exenciones impositivas de este sector alcanzan los $ 800 millones. Esas empresas que son beneficiadas con quitas de impuestos son además las primeras que despiden y suspenden como Lear o Renault”.
Vilches cuestionó duramente que la Legislatura discuta este tipo de leyes en lugar de proyectos que hacen a las necesidades populares para enfrentar la crisis económica en curso. “Por eso la semana pasada propusimos discutir medidas de emergencia e instar a los diputados nacionales a hacerlo en el Congreso. Por eso hemos presentado para que se traten en este recinto proyectos para poner impuestos excepcionales a los grandes ganadores de estos últimos años y de estos últimos días. Las patronales del agro se han llevado en estos últimos días 92 mil millones de dólares por la devaluación que todos los candidatos presidenciales convalidaron. Los tenedores de Leliqs se llevaron otros tantos millones”.
Propuso concretamente que se establezcan impuestos extraordinarios a esos sectores para garantizar un aumento salarial de emergencia para cubrir la canasta familiar, sosteniendo la cláusula gatillo; que los planes sociales sean duplicados o triplicados según la necesidad, para prohibir despidos y suspensiones. También hizo referencia a proyectos que han sido presentados por el Frente de Izquierda, como el de anulación de los aumentos tarifarios autorizados por el Ersep, o para que toda fábrica que cierre o despida sea puesta en funcionamiento bajo la gestión de sus trabajadores. “Estas son las leyes que deberíamos discutir, que debería discutir el Congreso Nacional. Y, sin embargo, solo hemos escuchado un silencio absoluto o la queja en una disputa por arriba sobre quién paga la quita del IVA a algunos productos”, agregó.
La legisladora convocó a la movilización que se realizará este jueves a las 17 desde Colón y General Paz. “El Frente de Izquierda está convocando a una movilización el día de mañana como parte de exigir un plan de lucha que comience con un paro de 36 horas a las centrales sindicales, que ni falta hace que les pidan que no hagan nada para mantener la calma social, como hizo el candidato a presidente del Frente de Todos”.
“Es necesario salir a enfrentar esta política de ajuste en las calles, porque cada crisis nos revienta más a los sectores populares, porque ante cada crisis son unos pocos quienes se llevan una tajada de ganancias mientras las mayorías son sumidas en la pobreza y en la miseria. El 50 % de los niños menores de 14 años es pobre, y cada vez que el dólar aumenta son esos sectores los que pasan hambre, los que salen a trabajar. Esa es la brutalidad de la crisis que quieren descargar y en la que todos acuerdan en este pacto devaluatorio. Por eso mientras discutimos estas medidas de emergencia que es lo que tendríamos que hacer de manera urgente, estamos llamando a discutir profundamente esta falsa democracia donde nosotros votamos una vez cada dos años y los mercados, los grandes actores de la economía mundial votan todos los días”. | 
