En Bolivia y Brasil la vorágine capitalista ha diezmando a comunidades y a la fauna y flora nativas. Las leyes de desmonte y quema controlada en Bolivia muestran que el Gobierno de Evo Morales, con sus concesiones a los empresarios agroganaderos, es responsable por los incendios.
El desastre ambiental provocado por imparables incendios forestales que estamos viviendo, ya ha arrasado en Bolivia con más de 600 mil hectáreas de bosque en la Chiquitanía. Esta catástrofe en Brasil y Bolivia es consecuencia directa de las políticas depredadoras al servicio de los grandes capitales, de los empresarios agroindustriales y ganaderos. La magnitud de esta tragedia ha provocado días pasados una crisis diplomática debido al cruce verbal entre Macron y Bolsonaro haciendo gala, ambos mandatarios, de una asombrosa hipocresía como denunciamos aquí.
En Bolivia hace poco más de un mes, Evo Morales autorizaba el Decreto Supremo 3973 en el que avala el desmonte de bosques tanto en tierras privadas como comunitarias bajo la excusa de un “manejo integral de bosques y tierras” con el objetivo de alentar al sector ganadero el cumplimiento de los contractos de exportación de carne vacuna a China. Con este decreto Evo Morales profundizó la política de fortalecimiento y colaboración del Estado con los agroindustriales y ganaderos del Oriente, política que ya había sido alentada durante años por los representantes del llamado ciclo neoliberal. Tanto los oficialistas, con Evo Morales a la cabeza, como los representantes de la oposición de derecha, empezando por Carlos Mesa, Oscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas y otros, que hoy se llenan la boca solicitando “ayuda internacional”, son todos corresponsables del actual desastre ambiental.
La pérdida de biodiversidad que deja este siniestro es inestimable, pues no solo se arrasó con el bosque nativo chiquitano y parte del chaqueño diezmando la fauna y la flora nativas, sino que también afectó a numerosas comunidades que habitan este espacio y terminó con la vida de miles de animales, muchas especies únicas de este ecosistema.
La recién decretada Área Protegida “Ñembi Guasu” sufrió una pérdida de 203.125 hectáreas de territorio, que corresponden al 17% del área de conservación, amenazando también al pueblo no contactado de los ayoreo y a muchas familias de pequeños ganaderos y guaraníes que viven dentro o cerca del área.
Desde su jurisdicción como autonomía indígena, las autoridades de Charagua por medio de Mborokuai Simbika Iyapoa Reta –el órgano legislativo–, han aprobado y sancionado la ley autonómica N° 036/2019: De declaratoria de desastre por incendios forestales en la unidad territorial autónoma de Charagua Iyambae; haciendo uso de sus funciones como instancia responsable de normar procedimientos y decisiones definidas por el Ñemboati Reta (Órgano de decisión colectiva). Exigen presupuesto del Gobierno y un personal técnico capacitado que les ayude a emprender acciones a corto y mediano plazo.
Incendio en Ñembi Guasu, imágenes tomadas de Nativa.
La situación de crisis actual no deja de ser beneficiosa para los agroindustriales, empresarios ganaderos y el Gobierno, ya que lo que les conviene es tener más tierra deforestada para continuar con sus negocios. El Gobierno dice haber autorizado “quemas controladas”, pero lo cierto es que no existe ninguna instancia presente en los territorios que controle los chaqueos como lo puso en evidencia la complicidad de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) y el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) con los capitalistas del Oriente. Por otro lado, si es que existen sanciones, siempre recaen sobre campesinos pobres que han quemado una parcela de su tierra para hacerla producir, pero nunca para los grandes ganaderos que desmontan muchísimas hectáreas para sus actividades.
Esta situación, si bien tiene un referente directo en el Decreto 3973 de Evo Morales, es también consecuencia de la criminal deforestación que se ha estado dando en los últimos años en Bolivia, y cuyos principales afectados, además de la flora y fauna, son los pueblos indígenas y pequeñas poblaciones campesinas que habitan en los bosques y selvas bolivianas. Y Bolivia, es uno de los países menos preparado para las consecuencias del cambio climático que hoy ya se sienten con la escasez de agua en algunas regiones, sequías y la alteración de los ciclos de los ecosistemas.
Esta terrible situación junto a lo que acontece en el amazonas nos demuestra una vez más las consecuencias de la sed de ganancia capitalista, que se referencia tanto en Evo Morales, con su falso discurso “Pachamamista”, como en Bolsonaro y su directo desprecio por la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso mismo, que coincidimos con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en que ambos, Morales y Bolsonaro, son absolutos responsables del ecocidio que se está viviendo. Sin embargo, esta situación es al mismo tiempo, resultado y continuidad de años y años en los que todos los gobiernos tanto de Bolivia como de Brasil le dieron miles de millones al agronegocio, que quieren más y más tierras para pasturas, soja, para la producción de biocombustiles y para la minería entre otros grandes negocios capitalistas.
La gran industria ganadera es la responsable del 18% de las emisiones globales de GEI, además de la principal causa de la deforestación a nivel mundial. Solo en el Chaco trinacional (Argentina, Paraguay y Bolivia) se han deforestado casi 10 millones de hectáreas para la ganadería y Bolivia viene encabezando junto con Paraguay el índice más alto de deforestación en Latinoamérica. A pesar de esto, Evo Morales sigue afianzando su pacto con los empresarios ganaderos cruceños y otorgándoles las concesiones que piden.
Mientras sectores del ecologismo señalaron en las marchas de Bolivia que el problema “no es político, es ambiental”, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) y las agrupaciones que impulsamos como Pan y Rosas y la Corriente Estudiantil Octubre, sostenemos que se trata de un problema profundamente político. Si bien creemos que el despertar de la conciencia ambiental es importante, no podemos perder de vista que todo esfuerzo individual es nada ante la compleja estructura de un sistema económico que nos arrastra al desastre social y ambiental, y que es ahí donde debemos atacar. Necesitamos una mirada y salida estructural del problema.
Por todo ello y frente a esta crisis consideramos que:
El primer paso es pelear para que los campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas sean quienes controlen y regulen el mal uso de la tierra y las quemas realizadas, estableciendo el control obrero de la producción agroindustrial y ganadera con participación de las comunidades y pueblos indígenas en toda la cadena productiva de este sector. Solo de esa forma se podría lograr no solo un mejor control de las quemas, sino también el mayor respeto en las formas de producción, por la naturaleza y el medio ambiente.
Como medida inmediata exigimos la Abrogación la ley 741 que habilita el desmonte de hasta 20 has. en propiedades privadas y comunales y el decreto 3973 que permite las quemas controladas para la expansión de la frontera agropecuaria.
Es urgente alentar la organización sindical de las y los trabajadores agroindustriales quienes son explotados sistemáticamente por los empresarios agroindustriales.
Debemos exigir que toda la tierra deforestada no sea utilizada para el millonario negocio de la agroindustria y la ganadería, sino que se aplique un inmediato plan de reforestación y de restitución de fauna y flora, afectando las fortunas de los grandes capitalistas responsables directos de estas brutales pérdidas. El financiamiento para llevar adelante esta tarea debe provenir de impuestos progresivos a las millonarias ganancias en manos de estos empresarios que han causado esta tragedia.
Así mismo, es necesario y urgente reabrir la discusión sobre la propiedad de la tierra y el latifundio, el cual fue constitucionalizado por el actual Gobierno y la oposición en el pacto del 21 de octubre del 2008 que dio origen a la actual Constitución Política del Estado. Desde la LOR-CI impulsamos la expropiación del latifundio y la colectivización bajo administración directa de las y los trabajadores agrícolas de estas empresas latifundistas.
Ni Evo Morales con el MAS, ni las variantes propatronales y empresariales que hoy disputan las elecciones presidenciales son una alternativa, porque ninguno de ellos afectarán los intereses de los grandes capitalistas, porque son sus aliados y claramente como ha sido demostrado más allá de sus diferentes discursos, trabajan para el agronegocio.
Estas medidas son las primeras para impulsar efectivamente una lucha genuinamente anticapitalista que termine con esta barbarie. Desde la LOR-CI consideramos que la lucha contra este sistema capitalista no puede quedar solo en una frase abstracta y general sino que es necesario y urgente empezar a materializarla en disposiciones concretas que afecten los intereses empresariales y de los grandes capitales que están destruyendo nuestro planeta.
