Este martes se realizó la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares de víctimas, acompañadas por organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon hasta la Casa de Gobierno.
A partir de las 17, miles de personas empezaron a concentrarse en Colón y General Paz para reclamar justicia por los cientos de pibes y pibas que han sido asesinados a manos de las fuerzas represivas en la provincia. También se exigió el fin de la causa en la que están imputados 27 estudiantes de la UNC por tomar el Pabellón Argentina y una búsqueda real de las víctimas de las redes de trata como Yamila Cuello.
La movilización fue encabezada por la Coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil. Participaron además organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente de Organizaciones de Base (FOB), la Poderosa, Correpi y Movimiento Teresa Rodríguez, y partidos de izquierda como PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista, MST y Nuevo MAS.
Como ya es habitual en estas movilizaciones, no faltó la creatividad para expresar las demandas. Así se podían ver murgas, muñecos gigantes de tela representando a Mauricio Macri, un policía y Patricia Bullrich y miles de carteles con las imágenes y los nombres de quienes ya no están.
El recorrido terminó en la Casa de Gobierno, vallada y fuertemente custodiada por personal policial. En el escenario, la Coordinadora leyó el siguiente documento:
“Exigimos justicia por cada uno de los pibes asesinados, desaparecidos, torturados por el aparato represivo, alentado por políticas como la ‘doctrina Chocobar’. Los pibes se encuentran en una situación de vulnerabilidad al vivir en barrios populares o asentamientos, donde son hostigados desde muy temprana edad por la policía, que quiere demostrar que ellos mandan. Un ejemplo es el caso de San Miguel del Monte, donde 4 pibes de entre 13 y 22 años fueron asesinados. Quisieron armarles una causa, borrando pruebas, aportando pistas falsas y amenazando a familiares. Patricia Bullrich anunció la creación de un Servicio Cívico Voluntario a cargo de la Gendarmería para chicos que deberían estar en la escuela, promoviendo que se vuelvan represores de su propia clase. Las fuerzas represivas asesinan a un pibe cada 21 horas en el país, adoctrinándolos para obedecer sin protestar al sistema que los excluye. La Justicia cómplice ampara a los asesinos y nuestras causas están siendo cerradas o cajoneadas”.
“Creemos necesaria la presión en las calles, porque la justicia también está ahí, sabemos que estas muertes no son casos aislados. No es un policía, es toda la institución. El Estado es quien ordena y la policía es quien dispara. Los medios de comunicación hegemónicos juegan un rol importante en la construcción de la figura del ‘pibe chorro’, vendiéndonos violencia e inseguridad, siendo que la violencia y la inseguridad viene desde arriba”.
“Si no nos mata la policía, nos mata el Servicio Penitenciario. Se han registrado 15 muertes en las cárceles de Córdoba en lo que va del año, por abandono de persona y por asesinatos disfrazados de suicidios. En las cárceles se viven situaciones inhumanas. Sin espacio, sin agua, sin colchones, sin ropa de cama, con comida insalubre, torturados física y psicológicamente”.
“Hoy seguimos acá por todos los pibes que fueron asesinados, que les cerraron las causas, por los desaparecidos en democracia, los torturados, los presos. Porque si los nombramos, no desaparecen, siguen acá luchando con nosotros. Estamos acá luchando por los que nos quitaron y por los que nos quedan”.
Las cifras de la represión estatal
En Córdoba, según datos de Correpi, 435 personas fueron asesinadas por el Estado desde 1983 hasta el año pasado. El 78 % de los casos fueron durante los gobiernos de Unión por Córdoba, que lleva 20 años en el poder.
De los 340 asesinatos que hubo en estos 20 años, el 42 % fueron casos de gatillo fácil. Las muertes en cárceles y comisarías en Córdoba corresponden al 35 % de los casos. “Las condiciones inhumanas de vida y las torturas son una realidad dentro de los penales, los últimos asesinatos en la cárcel de mujeres de Bouwer volvieron a poner el foco en esta realidad que apalea a las personas presas, que en su gran mayoría provienen de los barrios más pobres: mientras se criminaliza la pobreza se premia a los genocidas con domiciliaria y no se encuentran en ninguna cárcel los funcionarios responsables del ajuste contra el pueblo”, denuncian.
Asimismo, el 54 % de las personas asesinadas tenía menos de 25 años, demostrando que el Estado tiene como foco represivo a la juventud y a la niñez. Es necesario recordar que, según datos del CIPPES, en toda la Provincia, el 55,6 % de los y las menores de 17 años viven en hogares que no cubren las necesidades básicas. La tasa de pobreza en niños y adolescentes es del 46,04 %, mucho mayor que la de la población en general.
