Miles de trabajadores estatales de la educación, la salud, judiciales y jubilados en toda la provincia se encuentran desde hace más de un mes en pie de guerra contra el ajuste del gobierno de Mariano Arcioni, que incluye pago escalonado de los salarios y jubilaciones, acuerdos paritarios incumplidos, obra social cortada –a pesar de los descuentos hechos por la provincia- y la suspensión del Transporte Educativo Gratuito desde el mes de junio, entre otros.
El gobernador, un títere de las petroleras y de los especuladores financieros, no dudó en intentar quebrar la lucha apelando a las fuerzas represivas y a la detención de docentes para imponer su plan. Pocos días después se reunió con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien transmitió su total apoyo al gobernador. Una primera muestra de lo que se viene.
Hoy el gobernador Mariano Arcioni insistió con que "el corte que se está produciendo en la zona de Comodoro Rivadavia provoca un perjuicio de un millón de dólares diarios porque impide el acceso a la zona de actividad petrolera, donde a diario circulan alrededor de 5.000 trabajadores de servicios", tras este argumento hoy exige que la justicia ordene el desalojo de los piquetes.
Pero esta historia no es nueva. Ya en marzo de 2018 el gobierno provincial enfrentaba una oleada de reclamos contra el pago escalonado de los salarios. En aquel entonces, una nota publicada en el Cohete a la Luna afirmaba que “El ground zero del incipiente temblor financiero que amenaza a nuestro país quizás no se encuentre en la avenida Hipólito Yrigoyen 250 (sede del Ministerio de Finanzas de la Nación..), o en la calle Reconquista 266 (sede del Banco Central de la República Argentina..), sino en la avenida 25 de Mayo 550 de la ciudad de Rawson, donde tiene su despacho el contador Alejandro Garzonio, quien el martes pasado, ocho días después de jurar el cargo de Ministro de Economía y Crédito Público de la provincia de Chubut y prometer “como objetivo principal que se paguen los sueldos”, anunció que su “primera medida” sería pagarlos escalonadamente con retrasos de entre diez y veintitrés días”.
Es que la provincia de Chubut no estuvo exenta del festival de endeudamiento público en dólares que caracterizó al gobierno de Macri. Hoy es la provincia con el mayor endeudamiento per cápita del país. Desde 2015 la deuda provincial aumentó un 405% y a la fecha se acerca a los 1000 millones de dólares, una cifra cercana a la totalidad de los recursos provinciales.
El negocio dolarizado de la deuda pública
En los últimos años de canilla libre para el endeudamiento, la parte de la deuda pública que corresponde a las provincias se quintuplicó. La provincia de Chubut, que ha dado rienda suelta a la emisión de títulos públicos nominados en dólares con jurisdicción norteamericana en caso de litigio, tiene hoy comprometidos el 70% de las regalías petroleras para el pago de una deuda.
Con tasas de interés que van del 9,35% a 14,6% en bonos con vencimiento a 7 años y la garantía de intangibilidad de las regalías que se depositan en un fondo fiduciario, la deuda que emite la provincia de Chubut resulta muy atractiva para los especuladores.
Pero lejos de un endeudamiento con fines operativos, la especulación financiera se ha convertido en una verdadera sangría de recursos y un negocio en sí mismo. Sólo en 2019 se acumulan vencimientos por 162,3 millones de dólares. Al tipo de cambio actual, representa casi 10.000 millones de pesos, poco más de un cuarto de lo que destina la provincia para el pago de sueldos.
A esta altura la deuda que toma la provincia se destina al pago de la deuda anterior, con lo cual se va formando un esquema de tipo Ponzi, donde se paga deuda con más deuda hasta que se vuelve insostenible. En marzo de este año el gobierno tuvo que emitir una especie de cuasimoneda (las TICADEP) para cancelar compromisos con acreedores. Si bien no es circula como medio de cambio en poder del público, es un título emitido sin autorización del gobierno nacional que no se puede negociar en el mercado bursátil.
Otro caso paradigmático es el de la emisión en 2016 de un bono a diez años por 650 millones de dólares. La ley provincial estableció que los fondos debían destinarse 50% a cancelar deuda, 16% para la transferencia a municipios y el 34% restante a obras públicas. La deuda siguió creciendo y las obras públicas no se hicieron.
Tras la corrida cambiaria de la semana siguiente a las PASO el gobierno provincial recibió autorización del Banco Central para emitir nueva deuda, a la vez que solicitó a la Legislatura autorización para refinanciar una deuda carísima con vencimientos a menos de 7 años, aclarando que no habría quitas. Por lo que se espera que el festival de endeudamiento continúe comprometiendo cada vez más recursos provinciales. Sólo la lucha de los trabajadores estatales puede parar esta sangría.
Un régimen tributario al servicio de las grandes exportadoras
La mayoría de las noticias que dan cuenta del problema de la deuda provincial apuntan al aumento de la planta de empleados públicos como la causa de todos los males y sugieren que hay que golpear contra los trabajadores estatales. Detrás de esta idea está la Cámara Industrial de la provincia, que a principios de año publicó un informe en el que manifiestan que “el sector privado sustenta la base del Estado, pero no puede hacerlo si las presiones tributarias son siempre crecientes”.
Sin embargo, en Chubut no hubo un crecimiento exponencial del empleo público como señala el periodismo interesado. Según el estudio de CIMA a diciembre de 2016, había registrados 42.413 empleados públicos, un 1,6% más que el mismo período del año anterior. En el ranking nacional Chubut tiene 109 empleados públicos por cada mil habitantes, bastante menos que la Ciudad de Buenos Aires de Rodríguez Larreta, con 160 empleos públicos por cada mil habitantes.
Indudablemente el sector público es una fuente importante de empleos que sin embargo no alcanza para cubrir las necesidades de una población que supera la media nacional de desempleo, con un 12,3% de desocupados, cifra que alcanza al 30% de los varones jóvenes y al 22% de las mujeres menores de 29 años. La pobreza que mide el Indec, que también supera la media nacional, alcanzaba al 35,3% de la población en el segundo semestre de 2018. Situación que se va agravando de manera acelerada en una provincia que tiene uno de los niveles más altos de inflación –la canasta alimentaria aumentó más del 86% en dos años.
Un marcado contraste en la provincia en la que se asientan importantes multinacionales exportadoras de petróleo y gas, aluminio e importantes industrias pesqueras.
Aluar, que exporta el 80% de su producción de aluminio, facturó 1200 millones de dólares en 2018 (70.000 millones de pesos al tipo de cambio actual). Una cifra bastante por encima de la totalidad de los recursos provinciales. Sin embargo, por sus exportaciones no paga el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto que si recae sobre los pequeños comercios de la provincia. Con una alícuota básica del 5%, estamos hablando de un subsidio indirecto de 3.400 millones de pesos que se ahorró la empresa de los Madanes Quintanilla.
Chubut tiene el 45% de las reservas comprobadas de petróleo en el país, por encima de Neuquén con Vaca Muerta. Pan American Energy (de la familia Bulgheroni) concentra el 61% de la extracción de petróleo y el 89% de la extracción de gas natural.
Esta empresa tiene una facturación estimada en más de 7.300 millones de dólares (al tipo de cambio actual, son más de 423.000 millones de pesos). La regalías de la industria petrolera que ingresarían a las arcas del estado provincial se estimaron en poco más de 20.000 millones de pesos, un vuelto para esta importante empresa de hidrocarburos. Pero además hemos visto que incluso esos recursos están altamente comprometidos en el negocio de la especulación financiera. No sorprendería que una parte de los títulos de deuda pública los tuvieran estas mismas empresas.
Que la crisis la paguen los grandes empresarios y especuladores!
La lucha de los docentes, jubilados y trabajadores estatales de la provincia hoy apunta a que se cumpla con los compromisos salariales asumidos en el marco de una situación social que se agrava. Esta pelea será recurrente si no se apunta a una solución de fondo, que necesariamente debe empezar por desconocer la deuda externa contraída por la provincia –y por el gobierno nacional -, y por un régimen de impuestos progresivos a las grandes empresas. Una salida que incluye otras medidas urgentes para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, como plantea el Frente de Izquierda. | 
