La medida fue convocada por la Red de Áreas Protegidas Urbanas. Denuncian que la inacción de los funcionarios del OPDS favorece al negocio inmobiliario, que incluye obras ilegales.

Bajo el lema “En defensa del territorio y la biodiversidad”, el pasado viernes 30 al mediodía unas 300 personas -representando a varios colectivos ambientalistas del área metropolitana de Buenos Aires y nucleados en la Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU)-, se movilizaron hacia la sede del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) en la ciudad de La Plata, para entregar un petitorio conjunto y diversas comunicaciones exigiendo que la entidad asuma su responsabilidad en la protección de los espacios y recursos naturales de la provincia.

La movilización fue convocada con la intención de “expresar la profunda preocupación que tenemos desde la Red de Áreas Protegidas Urbanas, sobre el escaso control ambiental que se viene llevando a cabo en los territorios naturales que aún subsisten en el ámbito de Buenos Aires. Nos movilizamos hacia OPDS ya que este organismo es el encargado de la aplicación y control de las leyes ambientales que rigen sobre la Provincia, esto quiere decir que cada movimiento de suelo, relleno de humedales, desmontes y toda obra de susceptible impacto en el ambiente debe ser aprobada y fiscalizada por autoridades de OPDS”, según informaron en un comunicado.

RAPU señaló que “es necesario que todos los organismos estatales encargados de hacer cumplir las leyes y normas ambientales trabajen en conjunto, y faciliten el acceso de los mecanismos de protección ambiental a la ciudadanía que se organiza para proteger los últimos espacios verdes, naturales y abiertos a la comunidad que aún existen en las áreas urbanas para beneficio de la población y el ambiente en su conjunto”.

Nahuel, de Isla Verde de El Palomar, confirmó en diálogo con La Izquierda Diario que si bien no fueron recibidos por la máxima autoridad del OPDS como esperaban, lograron que al menos su director de recursos naturales, Marcelo Martínez, se comprometa a gestionar una mesa de diálogo y trabajo conjunto con representantes de RAPU y el organismo, programada para mediados de septiembre, con el objetivo de responder los reclamos y avanzar en las medidas de protección de las áreas naturales provinciales.

Desde RAPU señalaron a LID que su reclamo es por la inacción del OPDS ante la destrucción por obras inconsultas y sin los correspondientes estudios o permisos en todas las áreas donde esta red actúa. Sin embargo, las autoridades se excusaron en cuestiones “de jurisdicción y municipales”, desconociendo el mandato constitucional que otorga la potestad sobre los recursos naturales a las provincias y siendo éste el organismo encargado de hacer cumplir las leyes.

Además, al requerirse información sobre el proceso de denuncia e informes sobre las intervenciones en estas áreas, sólo se les aconsejó a los ambientalistas dirigirse a los municipios. “Pero cuando vamos a los municipios nos mandan de nuevo al OPDS”, nos informaron los manifestantes. “Mientras tanto se rellenan humedales, se queman pastizales y desmontan bosques. Se llenan de hormigón los últimos metros cuadrados de tierra y se mira para otro lado mientras la tierra es destruida por el negocio y los intereses de unos pocos”, afirman.

En marcha por el derecho a un ambiente sano

Florencia, de la reserva provincial de Santa Catalina, comentó: “Esta marcha es algo histórico, que tantos colectivos de capital y conurbano nos reuniéramos en la puerta de OPDS para llevar nuestros reclamos es algo fuerte. Ahí también es cuándo te das cuenta que la inacción del Organismo es grave y que en muchas ocasiones esta inacción pone en peligro a los territorios que defendemos. En el caso del área que nosotros como vecinos defendemos -la reserva provincial Santa Catalina-, OPDS, frente a cualquier denuncia nuestra, responde diciendo que no puede hacer nada porque la reserva no está implementada, y mientras tanto Santa Catalina es rellenada, quemada y presa de negocios ilegales. Si este organismo que tiene bajo su tutela los recursos de la provincia no hace nada, no fiscaliza, no multa, ¿entonces quién? Por eso es que fuimos hasta sus oficinas, para exigirle que se haga cargo”.

Macarena, de la Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda, agregó que es importante enfatizar que “no sólo estamos hablándole al OPDS y exigiéndole que haga su trabajo, sino que también estamos diciéndole al ciudadano común que somos muchos y muchas y estamos organizados. Y que no hace falta más que convicción y ganas para juntarse y pensar qué queremos y salir a decirlo. No necesitamos esperar cuatro años para hacerlo”.

Silvia, del colectivo Multibarrial de Haedo, que vino en apoyo de Isla Verde de El Palomar, expresó los motivos de esta marcha: “Estamos en una coyuntura mundial crítica. Nos encontramos en la calle cantando, levantando banderas, intercambiando saberes y sentimientos, construyendo una conciencia colectiva, compartiendo evidencias sobre la realidad y ejerciendo soberanía para crear un discurso de respeto, cuidado y empatía con el ambiente. Creo que es a través de estos lazos como nos hacemos fuertes frente a intereses tan poderosos para poder lograr restaurar el equilibrio y la armonía con la vida”.