Honduras es uno de los países más peligrosos para defender el territorio y los bienes comunes; es el país que vivió el asesinato de Berta Cáceres Flores, una indígena lenca que defendió el río Gualcarque de la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Según la investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 ambientalistas que se opusieron a la construcción de represas, minas e hidroléctricas en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o sicarios al servicio de los intereses empresariales.

El asesinato político de Mirna Teresa Suazo ha sido denunciado por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), quienes aseguran que el mes de septiembre se registraron otros tres asesinatos a mujeres garífunas e integrantes de dicha organización.

“En lo que va del mes de septiembre han sido asesinadas cuatro mujeres garífunas; el sábado 7 de septiembre el asesinato de Nayda Reyez Jiménez y el viernes 6 de septiembre a Gilma Cacho y Fiori Amaya, madre e hija en Santa Rosa de Aguán”, es lo que se lee en un comunicado.

Aunque las autoridades no han brindado detalles de los crímenes, distintas organizaciones señalan que Mirna había comenzado una fuerte lucha en defensa del territorio, siendo blanco de amenazas por lo que organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como IM-Defensoras, y Ofraneh (Organización Fraternal Negra Hondureña) condenaron el asesinato de Mirna Teresa Suazo Martínez.

Según la Ofraneh, la comunidad de Masca ha rechazado en diversas ocasiones la construcción de dos plantas hidroeléctricas en el río del mismo nombre, “las que han sido incluidas en el Fondo de Carbono de Naciones Unidas, sin haber efectuado consulta previa, libre e informada con la comunidad.”

La organización denunció que en el transcurso de una semana han acontecido ataques, amenazas y los asesinatos en las comunidades garífunas, donde reportaron presencia de grupos de hombres fuertemente armados, que atemorizaron a la población y que desde el mes de julio cortaron en diversas ocasiones los alambres de seguridad que protegen los límites de la comunidad de Vallecito. Asimismo, relatan que el pasado 2 de agosto incluso llegaron a disparar contra habitantes de la comunidad.

La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, quien cuenta con “medidas cautelares de protección” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sufrido durante el 2019 diversos actos de intimidación y acoso, por parte de funcionarios públicos, como detenciones arbitrarias por parte de fuerzas militares y policíacas, criminalización y acoso judicial.

A esta situación se suman los hechos del pasado lunes 9 de septiembre, donde la policía en Tegucigalpa disparó con armas de fuego y lanzó gases lacrimógenos contra una manifestación de personas defensoras de medio ambiente que se oponían contra la construcción de un proyecto habitacional en el parque nacional “La Tigra”y donde hubo varias personas heridas, entre ellas una periodista que cubría el evento.

Como se ha comprobado en el caso del crimen contra Berta Cáceres, en el fondo de los asesinatos políticos se esconden intereses empresariales y el servilismo del gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández. Así, detrás de los crímenes contra Mirna, Nayda, Gilma y Fiori se encuentran los intereses del monocultivo de palma africana, la explotación de territorios a manos de empresas turísticas y los intereses del narcotráfico.

El gobierno hondureño se ha encargado de mantener una política de criminalización y persecución contra los luchadores sociales, pero descarga su política más represiva contra las mujeres. Valiéndose del sicariato, las mujeres indígenas, las trabajadoras pobres o integrantes de la comunidad afro son asesinadas por custodiar los territorios que les pertenecen.

Por ello, la lucha por la defensa de la tierra, el agua y los bienes comunes en uno de los países más peligrosos del mundo debe fortalecerse con miles de mujeres, trabajadores y jóvenes en las calles contra el entreguismo del gobierno y la devastación que generan los intereses de la clase empresarial.