[Desde Perú] El pasado lunes 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República de mayoría fujimorista, inaugurando así un nuevo periodo en la crisis orgánica que hoy se vive en el Perú. Esta medida hace parte de un conjunto de hechos que han afectado duramente a la casta de políticos y a sus partidos más importantes como el APRA, el fujimorismo, el nacionalismo, el toledismo y a un sector de la izquierda reformista, quienes en un tiempo relativamente corto han visto a sus principales líderes en prisión e incluso uno de ellos –Alan García del APRA– terminó suicidándose.

Sin embargo, nos parece que el cierre del Congreso, si bien golpea duramente al fujimorismo y al APRA, no deja de ser una salida precaria que aún no termina de resolver del todo el conflicto entre estas dos facciones de la burguesía y que patea para más adelante nuevas contradicciones. Esto debido a la debilidad de origen del gobierno de Martín Vizcarra, lo cual lo lleva –precisamente por ello– a implementar este tipo de medidas de corte bonapartista que tienen como objetivo ganar apoyo popular para el Ejecutivo a fin de que este pueda, ahora a través de decretos de urgencia, profundizar las políticas de ajuste económico, que es la principal demanda de las burguesías en el continente ante el impacto de la crisis económica internacional.

1.-Disolución del Congreso: maniobra del Ejecutivo o lucha de masas

El cierre del Congreso por parte del presidente de la República ha abierto también una discusión interesante con los sectores reformistas y neo reformistas de la izquierda peruana que consideran que este hecho representa en sí mismo una victoria popular, la cual sería consecuencia de la movilización social y, por tanto, habría que darle la confianza y el apoyo necesario al gobierno de Martín Vizcarra y apuntalar así el proceso de transición, el cual devendría en un proceso constituyente que permitiría a la postre cambiar la constitución de 1993 y “recuperar el Estado para el pueblo”.

Si bien el cierre del Parlamento fue muy bien visto por la gran mayoría de peruanos y el lunes 30 de septiembre, en diversas regiones del país, se dieron movilizaciones de rechazo a los congresistas, esto está muy lejos de ser considerado una consecuencia de un proceso de lucha de masas, ya que las masas, desde hace un buen tiempo atrás, habían abandonado las calles debido a la política de desvío de la movilización que el gobierno y sus aliados de la izquierda reformista y neo reformista venían promoviendo desde el 28 de julio del año pasado, la cual estaba orientada a que el pueblo termine apoyando las diversas reformas políticas promovidas por el presidente (como el referéndum de diciembre del 2018 y el adelanto de elecciones); las mismas que demostraron esterilidad e inoperancia, por eso el fujimorismo y el APRA recuperaron fuerzas y pasaron a la ofensiva. Esto se expresó claramente en el copamiento del Tribunal Constitucional y en el archivamiento de la propuesta de adelanto de elecciones, lo cual hacía prever la posibilidad de la vacancia presidencial y un mayor endurecimiento de la política fujimorista, sobre todo ahora que las investigaciones sobre el caso Odebrecht (caso CODINOMES) empezaban a revelar los nombres de los políticos que habrían recibido dinero de la constructora brasileña, dentro de los cuales se encontraban muchos dirigentes del fujimorismo, del APRA y de las otras fuerzas políticas que al final terminaron atrincheradas en el parlamento.

Este proceso de desmovilización estuvo acompañado de un embrional rechazo social a la gestión de Martín Vizcarra, el cual se expresó concretamente en la lucha del pueblo de Tambo contra la minera Southern, que abrió otras luchas ambientales en la zona sur del Perú, así como en la huelga nacional minera. Tanto la lucha del pueblo de Tambo (que sigue hasta la actualidad), así como la huelga minera, confrontaron abiertamente al gobierno de Vizcarra y despertaron la solidaridad de muchos sectores populares de todo el país; a pesar de ello, el gobierno las reprimió violentamente. En Tambo e Islay el gobierno ordenó la militarización y desplegó toda una campaña de criminalización de la protesta y de represión violenta contra los manifestantes que terminó con decenas de heridos y detenidos, mientras que la dirección en pleno de la federación minera era detenida por órdenes expresas del Ejecutivo desconociendo todos los protocolos legales y el “Estado de derecho”.

La caída del parlamento no fue entonces resultado de una gran lucha popular –como en su momento fue la caída de Alberto Fujimori a fines de los 90– sino más bien representa una maniobra del Ejecutivo que, amparado en lo que establece la Constitución de 1993 (de corte neoliberal y autoritaria) y el poder de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, los grandes medios de comunicación y un sector del empresariado, se terminó sacando de encima a la otra facción burguesa encabezada por el fujimorismo y el APRA quienes, mas allá de los puentes de negociación tendidos por Vizcarra, decidieron apelar a su fuerza parlamentaria para asegurar la libertad de Keiko Fujimori –hoy en prisión– y la impunidad para sus dirigentes frente a las investigaciones por el caso Odebrecht. Esta maniobra, sin embargo, ha generado mucha popularidad ya que –como lo dijimos antes– se sostiene en el gran desprestigio del fujimorismo, del APRA y del resto de partidos políticos que hasta hace pocos días manejaban a su antojo el Parlamento peruano.

2.-Carácter de la crisis

En diversos escritos hemos establecido, desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores-CST, que la actual crisis que se vive en el Perú –y que se abrió hace unos años atrás a partir de la develación de los vínculos directos de ex presidentes y otros políticos con la corrupción promovida por la empresa constructora Odebrecht– es una crisis orgánica que demuestra el agotamiento del modelo neoliberal, de las instituciones heredadas del régimen de 1993 y de los partidos políticos (tanto de la derecha como de la izquierda reformista) que terminaron convirtiéndose abiertamente en correas de trasmisión de los intereses de los grandes empresarios.

Antonio Gramsci sostenía que las crisis orgánicas se daban: “ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas, o porque vastas masas (especialmente del campesinado y de pequeñoburgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto”.

En el caso peruano, si bien las masas aún no entran a la escena con sus propios métodos y se convierten así en el factor decisivo –lo cual no significa que esto no vaya a ocurrir más adelante–, en la actualidad lo que sí es innegable es el fracaso de la “empresa política” llamada neoliberalismo, que fue promovida por los diversos partidos políticos y sus principales dirigentes. La “empresa política” neoliberal es la base económica en la cual se sostiene todo el edificio jurídico del régimen de 1993, el cual se ha convertido en el principal escudo del que se valen los empresarios para promover la corrupción, la explotación laboral y el saqueo nacional. Esto ha llevado precisamente a que instancias como el Poder Legislativo, el Poder Judicial o el mismo Ejecutivo pierdan autoridad, llevándolos a una crisis de hegemonía.

Es precisamente para superar esa crisis de hegemonía que la gran burguesía se apoya en personajes como Martín Vizcarra, para que a partir del carisma y la popularidad generada puedan contribuir a recuperar la legitimidad de las actuales instituciones y del Estado en su conjunto, para de esa manera seguir manteniendo las relaciones de explotación y opresión. Por esa razón siempre se insiste, desde los grandes medios de comunicación y los otros aparatos reproductores de la ideología dominante, en la idea que hay que reforzar las instituciones y la probidad de los funcionarios públicos y de los políticos para, desde dentro del Estado y las instituciones, acabar con la corrupción. Ese discurso lo que busca en realidad es alejar lo más que se pueda y por el mayor tiempo posible a las masas de la política (entendida esta como la acción directa y la lucha de clases), creando así expectativas en figuras providenciales y bonapartistas y en el mejor de los casos en procesos electorales que siempre terminan dándose bajo la lógica del gran capital y del mercado.

Y decimos que en el Perú el neoliberalismo ha fracasado porque este –que en su momento fue ofertado como la única posibilidad de progreso y desarrollo– ha sido incapaz de desarrollar las condiciones mínimas de subsistencia digna para las grandes mayorías explotadas y oprimidas, a pesar que en nuestro país entre los años 2002-2013 se vivió un periodo significativo de crecimiento económico como consecuencia del boom de las materias primas (llegamos al 8 % de crecimiento anual). Hoy, inmersos ya en la vorágine de la crisis económica internacional, nuestra economía ha caído significativamente (2 % de crecimiento) y no hay visos de solución. Por esa razón, la burguesía se ve obligada a redoblar sus mecanismos de explotación a través de políticas de ajuste como las que hasta ahora ha implementado el gobierno de Vizcarra. Ello ha llevado a que nuevas luchas obreras y populares empiezan a emerger –aún embrionariamente– en el terreno social, como bien lo expresaron últimamente la lucha del pueblo de Tambo contra la minera Southern o la huelga nacional minera, la misma que hace parte de un proceso de despertar del movimiento obrero minero que, con sus altas y sus bajas, ha empezado a luchar a nivel nacional desde el 2017 como consecuencia del impacto en el Perú de la crisis económica internacional.

Esto implica que se ha abierto en el Perú una nueva etapa que, por la profundidad de sus contradicciones, la burguesía no podrá cerrar sin grandes crisis, que pueden durar varios años e incluir distintos momentos de la política y la lucha de clases, con situaciones de estabilidad circunstancial, otras prerrevolucionarias o revolucionarias, y también intentos de salidas bonapartistas de derecha. Y es precisamente a esto último a lo que apunta el actual gobierno de Martín Vizcarra, como veremos a continuación.

3.-Carácter del gobierno

El gobierno de Martín Vizcarra es un gobierno al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros y del imperialismo norteamericano. Por esa razón, cuando el pasado 30 de septiembre estalló la crisis por la disolución del Parlamento, el gobierno no solo contó con el apoyo explícito del conjunto de las fuerzas armadas, la alta dirección de la policía nacional, sino que también la embajada norteamericana se pronunció abiertamente a favor del presidente. Esto último quedó evidenciado claramente en un comunicado hecho público el pasado martes 1.° de octubre por el portavoz de la embajada yanqui en Perú, donde estableció que “los EE. UU. apoyan las instituciones democráticas de Perú y seguirá como su socio en democracia”.

Cabe recordar que Vizcarra llegó al gobierno en marzo del 2018 como consecuencia de una gran crisis política que obligó a renunciar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien previamente había indultado al reo Alberto Fujimori. Vizcarra venía precedido de una gestión como presidente regional de Moquegua, caracterizada por su estrecha relación con la empresa minera Southern, lo cual lo llevó a vincularse a los círculos más íntimos del gran empresariado minero. Durante los primeros meses del gobierno de Kuczynski, Martín Vizcarra asumió la responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ello se le vincula a malos manejos en la licitación de la obra del aeropuerto de Chincheros en el Cusco.

Ya como presidente de la República, Martín Vizcarra ha venido implementando a pie juntillas diversas iniciativas para favorecer al gran capital, así como las recomendaciones de las agencias financieras internacionales que inducen a la reducción del gasto público del Estado. Por esa razón el año pasado promovió la eliminación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, lo cual es un duro golpe para este sector que ya no podrá exigir incrementos salariales en un momento donde los índices inflacionarios crecen. Así mismo, su gestión presidencial ha sido responsable de la promoción y aprobación de importantes medidas antilaborales y privatistas como el Plan y la Política de Competitividad y Productividad, que recorta una serie de derechos a los trabajadores y promueve la privatización de las pocas empresas públicas de servicios que aún quedan vigentes, como es el caso de las empresas prestadoras de servicios de agua y luz que próximamente serán vendidas a capitales privados extranjeros. Lo último en materia pro patronal del presidente Vizcarra fue la prolongación hasta el 2031 de los beneficios tributarios y laborales a los grandes empresarios agroexportadores, quienes de esa manera podrán seguir evadiendo impuestos al Estado y sobreexplotando a los más de 350 mil trabajadores que dependen de esta actividad económica. Cabe mencionar que todas estas medidas, a las cuales se suma el congelamiento del presupuesto público a sectores como educación y salud, las pudo concretar Vizcarra porque en el Parlamento contó siempre con el apoyo de la bancada fujimorista.

Vizcarra también hizo oídos sordos a las demandas del pueblo del Valle de Tambo que se oponía desde hace buen tiempo atrás a la instalación del proyecto Tía María, por eso no dudó en darle la licencia de construcción a este proyecto de propiedad de la minera Southern. Para concretar los intereses del gran capital, el presidente en ejercicio apeló a la represión abierta y dura contra los sectores sociales que resisten sus políticas; para ello militarizó la provincia de Islay y ordenó una fuerte represión policial contra los campesinos de Tambo que, como ya dijimos, ha costado hasta ahora decenas de detenidos y heridos. El mismo proceder represivo lo tuvo para con la huelga minera, a la cual reprimió salvajemente y terminó deteniendo injustamente a todos sus dirigentes. A ello se suma la criminalización de la protesta social promovida desde su gestión: esto tuvo su expresión más emblemática en el encarcelamiento del gobernador regional de Puno y ex dirigente social, Walter Aduviri, a quien el Estado abrió proceso y terminó sentenciando por participar en una lucha popular contra la minería en el año 2011.

Para poder implementar todas estas medidas, el presidente se ha valido de su encumbramiento como luchador contra el fujimorismo y la corrupción. Esto, a pesar de ser un gobierno de derecha no asentado, le ha permitido el oxígeno suficiente debido al gran desprestigio de este sector de la casta política que desde el Parlamento mostró lo más vil del accionar político. Por eso, la disolución del Parlamento abona al fortalecimiento de su figura y su peso político frente al pueblo. Ello, no nos cabe duda, le permitirá pisar a fondo el acelerador de las reformas pro empresariales en un escenario donde la burguesía que lo sostiene necesita ir por más y el poder político ahora se concentra en la figura presidencial ya que, hasta que se elija el nuevo congreso, el Perú se gobernará a través de decretos de urgencia promovidos por el presidente.

4.-El papel del reformismo, neo reformismo y la grandes centrales obreras

Los sectores reformistas y neo reformistas encabezados por el Nuevo Perú de Veronika Mendoza, el Partido Socialista, el Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Patria Roja, que habían venido apoyando al gobierno de manera implícita, después de la disolución del Parlamento han pasado a jugar un rol más abierto y explícito en relación a su apoyo al gobierno. Quien mejor evidencia esto es Veronika Mendoza del nuevo Perú, la cual en un medio de comunicación hizo un llamado público a conformar junto al presidente Vizcarra un gobierno de transición que les permita avanzar hacia cambiar las reglas de juego y abrir las posibilidades para un proceso constituyente; así mismo, Mendoza puso al servicio del nuevo gobierno sus técnicos y profesionales.

Esta cercanía al Ejecutivo de esta izquierda no es nueva, data de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2016, cuando estos sectores y las centrales sindicales llamarón a votar por PPK porque según ellos “era un tecnócrata eficiente y ético”, y Keiko Fujimori representaba la dictadura de los 90 e iba a indultar a su padre Alberto Fujimori. Esta izquierda hace suya la lógica “del mal menor”, por ello, lejos de tener una política de independencia de clase frente a ambos sectores neoliberales, decidieron apoyar a PPK. El apoyo a Kuczynski no terminó allí, sino que lo acompañó durante gran parte de su mandato, por eso cuando en el año 2017 se dieron las grandes huelgas de docentes que desde las bases terminaron tirando a la burocracia del SUTEP (vinculada a Patria Roja) y las huelgas de trabajadores de la gran minería de Cerro Verde o Southern, la dirigencia de estos sectores de la izquierda tuvo una postura pro patronal y altamente reaccionaria. Tiempo más tarde PPK se olvidó de sus aliados que lo votaron y sostuvieron en el gobierno y decidió indultar a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, en medio de las denuncias que lo vinculaban a la corrupción de la empresa Odebrecht cuando había sido ministro de Toledo.

Se abrió así una profunda crisis política, con diversas movilizaciones que se oponían al indulto de Alberto Fujimori y cuestionaban el financiamiento a diferentes políticos por parte de la constructora brasileña. Este escenario obligó a renunciar a PPK y el 23 de marzo de 2018 asumió Vizcarra, quien el 28 de julio del mismo año cambia su estrategia y pasa a confrontar al fujimorismo. En ese sentido, anuncia en su Mensaje a la Nación la realización de un referéndum sobre cuatro puntos para hacer una reforma constitucional y con ello salvaguardar el régimen del 93 y fortalecer la institucionalidad heredada de la dictadura de los 90.

Esta nueva postura de Vizcarra llevó a que estos sectores de la izquierda malmenorista se vuelvan a alinear con el Ejecutivo bajo la lógica de que había que combatir al fujimorismo y recuperar la institucionalidad democrática, por ello no dudaron en hacer campaña por el referéndum, cuyos resultados favorecieron la propuesta del Ejecutivo, aprobándose la no re-elección inmediata de congresistas, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación al financiamiento privado de los partidos políticos y se rechazó el retorno a la bicameralidad. Esto llevó a que la popularidad presidencial suba considerablemente, lo cual le permitió al Ejecutivo implementar una Reforma Laboral a la medida de los intereses de los empresarios que no tuvo oposición real en la CGTP, CUT u otras centrales sindicales, porque estas estaban totalmente alineadas con Vizcarra. Estas reformas sin embargo resultaron ser meramente cosméticas, ya que no impidieron que los empresarios financien a los partidos políticos, y la tan anunciada Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, hasta la fecha no ha podido ser constituida. Lo que sí lograron estas medidas fue desmovilizar al pueblo e inocular la idea de que con Vizcarra a la cabeza y desde dentro de la institucionalidad se podía acabar con la corrupción.

Cuando Vizcarra da su segundo Mensaje a la Nación el pasado 28 de julio de este año, se venía dando el conflicto en el Valle de Tambo, que terminó desencadenando otros conflictos contra el gobierno y la minería en la zona sur del país; así mismo, ya se anunciaba la Huelga Nacional Minera; entonces el presidente no tuvo mejor idea que anunciar el adelanto de elecciones para el 2020. Esta iniciativa, una vez más, fue aplaudida y apoyada por la izquierda reformista que se olvidó de la lucha del pueblo de Tambo, de la huelga minera y de las otras luchas en curso y centró su atención en la posibilidad del adelanto de elecciones, hasta que el fujimorismo la terminó archivando y Vizcarra pasó a refugiarse en la defensa de la autonomía del Tribunal Constitucional, contando siempre con el apoyo solícito de este sector de la izquierda.

Y mientras estos sectores terminaban marchando detrás de las iniciativas del Ejecutivo, el presidente Vizcarra militarizaba Islay, reprimía en Tambo y encarcelaba a los trabajadores mineros y junto al fujimorismo aprobaba iniciativas como el Plan y la Política de Competitividad y Productividad que favorece a los empresarios o la ampliación de los beneficios a los grandes empresarios agro exportadores.

5.-Por una salida de los trabajadores y el pueblo

Por las razones mencionadas, afirmamos que el gobierno de transición de Vizcarra y sus aliados no representan una alternativa para el pueblo y los trabajadores, por tanto, no tiene ningún grado de progresividad –como sostiene el reformismo y neo reformismo–sino todo lo contrario: será de la mano de este gobierno que la burguesía nacional y extranjera tratará de implementar más medidas para ajustar a las grandes mayorías, como ya lo había venido haciendo hasta ahora. Por ello, no depositamos la más mínima confianza en el Ejecutivo y hacemos un llamado para que los trabajadores recuperen su independencia política y se organicen al margen del gobierno, exigiendo a las direcciones de las grandes centrales obreras del país la preparación y posterior realización de un gran paro nacional que nos permita parar la privatización de los servicios de agua y luz, la contaminación ambiental de las mineras como Southern, el recorte de derechos a los trabajadores, entre otros puntos que, en síntesis, eviten que las consecuencias de la crisis internacional las terminemos pagando el pueblo y los trabajadores.

Quienes nos reivindicamos socialistas revolucionarios somos conscientes que las genuinas demandas del pueblo y los trabajadores solo se podrán concretar a través de un gobierno obrero que rompa con la burguesía, el imperialismo y con su Estado. Por ello, nos parece reaccionaria la idea que promueven algunos sectores de la izquierda, en el sentido de hacer creer al pueblo que el Estado es neutro y que la gran tarea de la izquierda pasa hoy por unirse para ser parte de la gestión de ese Estado y que “desde dentro” lo podemos transformar para beneficio de todos. Estos planteamientos no solo son utópicos y carentes de toda base científica –ya que desconocen el carácter de clase de la sociedad–, sino que también la historia nos demuestra que, donde han sido aplicados, solo han llevado a grandes derrotas y frustraciones que han terminado generando el retorno de los sectores más conservadores al poder.

Sin embargo, somos conscientes también de que para avanzar hacia ese gobierno de los trabajadores y las grandes mayorías explotadas y oprimidas, hace falta que las masas trabajadoras eleven su nivel de conciencia y organización política; por eso consideramos que en la presente coyuntura es necesario luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de las ruinas del viejo régimen de 1993, y tomando como base la movilización y la auto organización de los trabajadores y el pueblo. Solo una Constituyente de esta naturaleza le permitirá a las masas explotadas y oprimidas hacer su experiencia sobre los límites de la democracia burguesa y avanzar en el proceso de organización de un doble poder capaz de confrontar en su momento al Estado y sus instituciones que solo sirven a los empresarios y a la casta de políticos corruptos. Por eso este proceso constituyente, si realmente queremos que sea democrático, no podemos esperar que nazca de la mano de un gobierno de los empresarios, ni como consecuencia de la actual institucionalidad política que emana del régimen del 93, que es altamente anti democrático y solo favorece a los ricos y poderosos de siempre. Hacer ello invalidaría el carácter progresivo de la constituyente y la convertiría en el refugio de la reacción, en una forma más de desvío de la movilización social, o en una mera reforma del Estado.

Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta con los métodos de la lucha de clases deberá tener funciones legislativas y ejecutivas. Allí podremos elegir a nuestros representantes a través de un distrito electoral único para que no puedan diluir el peso de las grandes concentraciones urbanas, para empezar anulando todas las reformas antilaborales impuestas por Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra. Allí también podremos batallar por el fin de los pagos de la deuda pública, la nacionalización de los recursos naturales, la renacionalización y estatización bajo administración y control democrático de los trabajadores y el pueblo de todas las grandes empresas estratégicas del país, que los jueces y fiscales sean elegidos por elecciones universales; así mismo, que los políticos elegidos por voto popular ganen el mismo salario que un trabajador calificado y si incumplen con el mandato para el cual fueron elegidos puedan ser revocados desde el presidente hacia abajo.

Como ya dijimos, creemos que esta experiencia contribuirá a que las y los trabajadores, los campesinos, los sectores humildes y desposeídos, los pueblos indígenas, comprendan que la única solución a todos los problemas es mediante un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, que apoyándose en los organismos de auto organización de los trabajadores y del pueblo, sobre la base de la democracia directa, avance en forma decidida confrontando el imperialismo e inicie la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores.