Río, río, río

Que ha sido puesto en libertad.

Un río es un curso de agua en movimiento, pero también es mucho más. Fuente de energía, riega la tierra, siembra el valle, alimenta comunidades enteras. Un río también puede ser lodo, veneno, gases, balas y sangre. Esta es una historia de ríos, bosques y montañas, una historia de mujeres bravas que desafían a sicarios de empresas multinacionales y al ejército. Una historia como llamarada en la piel.

En el mapa, Honduras forma esa espalda doblada de Centroamérica, territorio histórico de la United Fruit Company y escenario de golpes militares digitados por los gringos en gran parte del siglo XX -costumbre que no han perdido hasta el presente-. Sus principales productos de exportación siguen siendo las bananas, el café y la Palma, pero la minería y las industrias maquiladoras han ganado peso.

En época colonial, Honduras aportaba el 80% del mineral extraído en América Central por España, aunque con el tiempo el desarrollo de este sector fue muy desigual. La ofensiva neoliberal ha permitido una nueva expansión de la industria extractivista, con capitales locales y multinacionales, provocando una acelerada degradación del medioambiente, contaminación, deforestación, expulsión de comunidades campesinas e indígenas y una creciente militarización del conflicto social. El asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres en marzo de 2016 solo es la punta del ovillo. Según Front Line Defender, entre 2014 y 2017 fueron asesinados 64 activistas defensores del medioambiente, cientos están criminalizados y muchos deben exiliarse por riesgo de muerte.

En el norte del país, departamento de Colón, municipio de Tocoa, se encuentra la pequeña comunidad de Guapinol, a los pies de las Montañas de Botaderos. La región, que alberga diferentes comunidades campesinas e indígenas, fue declarada Parque Nacional por sus riquezas naturales.

El conflicto de Guapinol comienza cuando la empresa minera Inversiones Los Pinares consigue una concesión para perforación y explotación minera, por medio de un fraude legal que garantizó el gobierno de Juan Orlando Hernández.

“El primer daño por el cual nosotros nos alarmamos fue el sedimento, el desprendimiento de tierra, porque hicieron aperturas de calles muy cerca de nuestro río y en lo alto de la montaña. Entonces se produce el desprendimiento de tierra floja y volquetas cargadas de material que van soltando. Entonces el río con el sedimento estaba hecho lodo y así llegaba a las llaves de agua de cada uno de los habitantes de nuestra comunidad. Eso fue alarmante, para toda la comunidad fue una alerta”. Así lo cuenta Dalila Argueta, una joven hondureña que el pasado 4 de abril tuvo que salir de urgencia de Honduras por las amenazas sobre su vida y hoy se encuentra refugiada en España.

Se calcula que en todo el país hay más de 500 concesiones de proyectos mineros, las cuales desde el 2017 suman 59 en el departamento de Colón y 18 en el municipio de Tocoa.

La vida cotidiana de la comunidad se vio alterada: “El agua era inservible, no la podíamos tomar, comprábamos agua en garrafones para poder bañar a nuestros hijos o lavarles el uniforme de la escuela. Era alarmante. Ellos decían que eran lluvias, pero no estaba lloviendo arriba. Eran las consecuencias del deslave del proyecto este”.

La comunidad de Guapinol se organizó y comenzaron las manifestaciones frente a la empresa, cortando la calle o delante de la Municipalidad, pero nadie los escuchaba. “Nosotros pedíamos al gobierno municipal un Cabildo abierto para declarar la zona libre de minería. Es decisión del pueblo decir que no está permitido, porque es nuestra tierra, son nuestras montañas”.

Pero el conflicto tomó otra dimensión cuando los habitantes de Guapinol, junto con el Comité de Defensa de los Bienes Comunes, montaron un campamento y cortaron las vías de acceso a la obra, paralizando la actividad de la empresa.

“Nos instalamos a la altura de la montaña para impedir el paso de maquinaria. Fue cuando empezaron también las amenazas de esta empresa, gente contratada por ellos, intimidación también por parte de la policía, porque querían sacarnos. Y entre más días iban pasando, más comunidades se iban sumando, y esto se iba haciendo más grande”.

El campamento de la resistencia se mantuvo durante 88 días en base a la autoorganización de las comunidades campesinas y con el apoyo de las poblaciones cercanas. La tensión con la empresa, el gobierno y la policía también fue creciendo, con hostigamientos y amenazas cada vez más fuertes.

“Y en esos días empezaron a levantar perfiles de quienes liderábamos el comité, empezaron a amenazarnos, ahí empezaron a judicializar a los primeros 13 compañeros, y a varios compañeros se les giró una orden de captura. A otros compañeros los amenazaron cuando bajaban a comprar comida, un grupo de seguridad de la empresa los encañonó con armas largas”.

Un 70% de quienes participaban del campamento eran mujeres, y el personal de seguridad las acosaba al ir y venir del campamento. “Incluso se trató de abusar de una chica en los caminos”, era como para intimidar”, recuerda Dalila.

"Ser defensora en Honduras nos pone más en riesgo que en ningún otro país”.

Miriam Miranda es defensora de los derechos humanos del pueblo Garífuna, una comunidad afroindígena establecida en la costa atlántica de Honduras. En los últimos años viene aumentando la desposesión de sus territorios, entregados a empresas dedicadas al cultivo de la Palma o para mega emprendimientos turísticos de capitales extranjeros.

Miriam nos explica los altos riesgos que conlleva en Honduras la lucha por la defensa de los territorios y el medioambiente:

“Luchar por los recursos naturales, por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza… Inmediatamente sos un peligro para el Estado, sos criminalizada, judicializada totalmente. Te colocan como delincuente, como terrorista. Yo tengo varios juicios abiertos, en los cuales se me criminalizó y judicializó por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de los derechos del pueblo garífuna. Ser defensora en Honduras nos pone más en riesgo que en ningún otro país”.

Desde el golpe de estado de 2009 que destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya, la criminalización de la protesta social, la militarización del país y el asesinato de activistas se ha multiplicado. “El estado de Honduras está cooptado no solo por la corporación internacional, por el capital financiero, sino por el crimen organizado. La lucha y la defensa de los territorios es más riesgosa que en cualquier país”, asegura Miriam, que fue secuestrada de forma ilegal durante varios días en 2017.

Cuando se cumplieron 10 años del golpe de Estado, el país atravesaba una nueva ola de huelgas y protestas populares (médicos, maestros, sectores públicos, estudiantes) exigiendo la renuncia del presidente, al que organizaciones sociales acusan de haber llegado al poder por vías fraudulentas. Desafiado por la calle, Juan Orlando Hernández desplegó al ejército y desató una fuerte represión que dejó varios muertos y cientos de heridos.

Poco después, entre el 27 y 29 de junio, más de 1500 mujeres de todos los departamentos de Honduras se reunieron en un Encuentro de Mujeres Diversas en defensa de los territorios. Jesica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos destaca la importancia de ese encuentro en el que participaron mujeres del área rural, periodistas, estudiantes, trabajadoras y militantes políticas.

“Pensamos nuevas formas de protección, porque ya vimos que todas las formas de protección que se han usado en estos años no nos funcionan. Con el asesinato de Berta en Honduras nos dimos cuenta de que las cámaras no funcionan, que los teléfonos seguros no funcionan… Este gobierno y los gobiernos anteriores han creado muchas policías. Ahora tenemos policía para todo, hay policías para el transporte, policías antimaras, policías antidisturbios, y vivimos constantemente asediadas por la policía. Luchar todos los días para que eso no sea normal para nosotras es un gran reto”.

Para eso rescatan una palabra: acuerpar. “El concepto de acuerpar es poner tu cuerpo frente a la otra, y nosotras es una práctica que hacemos. Dentro de la asamblea una de las prioridades es no dejarnos solas, acompañarnos, acuerparnos”.

"Nuestro rio no estaba en negociación"

El 27 de octubre de 2018 se produjo el violento desalojo del campamento de Guapinol, después de 88 días de resistencia. Las palabras de Dalila, cargadas de emoción, describen cada detalle.

“Ese día, desde las 3 de la mañana estuvimos en la calle principal esperando, porque ya se había dicho que venía el desalojo. Y miramos como pasaba una patrulla, y otra, y otra más, y camiones llenos de militares que venían a hacer efectivo el desalojo.”

“Y era miedo: porque es la primera vez que estamos luchando, estamos tiernitos, es la primera vez que nosotros hemos tenido que hacer esto para defender algo que es nuestro. Y era miedo: mirarnos a la cara con temor, no saber qué iba a pasar. Pero también era decirnos: ‘estamos todos juntos para lo que venga’. Ya ese día nos movilizamos en carros, en motos, para llegar hasta el campamento y no dejar solos a los que allí habían quedado.”

Un video de un medio local de Guapinol captó el momento del desalojo, donde se ve claramente la desproporción del operativo policial y militar.

“Había unas 400 personas en el campamento, y ellos eran entre 900 y 1000 efectivos contra nosotros, militares, marinos, cobras, policía preventiva. La gente que pasaba nos cuenta que parecía que iban a la guerra. Y nos decían: ‘¡Ahí vienen, ahí vienen, resistan!’. Era miedo, eran nervios, no puedo ni explicar lo que sentí yo. Yo pensaba: “¿será que no voy a volver a ver a mis bebés?”. Era incertidumbre, y entre nosotros, dándonos fortaleza.

Yo estaba en un grupo en la altura de la montaña, y desde lo alto miramos hacia abajo cómo venía la tanqueta, policías y militares, en filita y marchando contra nosotros. Buses llenos de marinos.

Y era miedo. Pero nuestra gente no se apartó. Nuestra gente estaba decidida a defender nuestra montaña y nuestro río. Y se lo gritaban. Nuestro rio no estaba en negociación. Nuestra montaña no estaba en negociación.”

Las mujeres al frente en la defensa de los recursos naturales

Le pregunto a Miriam Miranda por el término “ecofeminismo”, que se escucha cada vez en estos días, cuando emerge un fuerte movimiento de mujeres y el movimiento de la juventud por el clima se hace masivo en varios países.

“Podemos poner palabras, podemos crear palabras, pero el contenido de esas palabras es importante. Y yo lo entiendo como que ya llegó el tiempo de que las mujeres hablemos y pensemos no solo de nuestro propio cuerpo, cuerpo-territorio (…) sino que tenemos que entender que el feminismo ha dado muchas luchas fundamentales y hay otras mujeres que están dando la batalla por nuestros territorios, por la defensa de los recursos naturales. Y entender que esas luchas que están haciendo las mujeres por la defensa de los ríos, los bosques, son tan importantes como las luchas que se están haciendo en las áreas urbanas. Yo celebro haber conocido feministas históricas que están reconsiderando ese feminismo que habían venido ejerciendo por mucho tiempo, porque hubo siempre una separación absoluta de lo urbano y lo rural y era un feminismo más de la clase media, blanco e individualista”.

“Va a haber en los próximos años una riqueza en la construcción de un feminismo diferente del que se había venido desarrollando en las últimas décadas”, concluye.

La lucha de la comunidad de Guapinol contra el extractivismo minero, así como todos los conflictos y resistencias de las comunidades campesinas e indígenas en América Latina contra la desposesión del territorio por parte de empresas capitalistas muestran que la lucha medioambiental no está desligada de la lucha de clases, contra el capitalismo depredador, el imperialismo y los gobiernos cómplices.

*Entrevistas a Dalila Argueta, Miriam Miranda y Jesica Trinidad, realizadas en Madrid, octubre de 2019. Fotos y videos de Guapinol brindados por Dalila Argueta. Foto de Miriam Miranda y Jesica Trinidad, por Josefina L. Martínez.