Tras el acuerdo alcanzado con las direcciones indígenas para derogar el decreto del paquetazo del FMI, y establecer una mesa de diálogo para negociar uno nuevo, Lenín Moreno desató una feroz persecución contra los referentes de la oposición política referenciados con el expresidente Rafael Correa.
El Gobierno de Ecuador volvió a insistir este martes en ser el blanco de un supuesto plan de desestabilización y que las protestas de la semana pasada obedecían a un intento de golpe de Estado ideado por el expresidente Rafael Correa.
Bajo este argumento la ofensiva más fuerte la descargó con la detención de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) y líder del movimiento Revolución Ciudadana, de Correa. Los días previos había hecho lo mismo con otras y otros dirigentes políticos del correismo que tienen cargos en alcaldías locales.
En los días previos Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Nacional y una de las dirigentes más destacadas del movimiento político del expresidente, aseguró que estaba siendo amenazada por lo que se refugió en la Embajada de México.
Moreno salió a la ofensiva y mezcló todos los argumentos, desde corrupción hasta sedición para justificar esta persecución política: "Esos correístas están siendo juzgados por la Justicia, que ahora sí es independiente. Se robaron la patria", dijo apuntando a supuestos casos de corrupción.
Sin embargo a los referentes detenidos como la prefecta Pabón se las acusa de "rebelión", por haber instigado las protestas.
Correa repudió las persecuciones y rechazó por ilegal la detención de Pabón, asegurando que el delito de "rebelión" no se ajusta a la realidad y se opone al "derecho a la resistencia" que asiste a los ecuatorianos. Un argumento que de todas maneras no habría sido utilizado bajo su presidencia, cuando criminalizaba la protesta social.
Pabón por su parte dijo en las rede sociales que "Esto es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana".
A pesar de que las direcciones indígenas se sumaron durante los 12 días de movilizaciones al argumento de Moreno contra el expresidente, con el que se encuentran enfrentadas por la represión y persecusión que sufrieron bajo su Gobierno, estas mismas organizaciones tuvieron que reconocer durante la mesa de diálogo que los sectores movilizados no respondían particularmente a Correa.
Leonidas Iza, presidente de Movimiento Indígena de Cotopaxi, fue quién lo señaló más claro: "me parece irresponsable creer que esto es un acto vandálico de la gente o de los correistas. Nosotros mismos nos sorprendemos con la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello".
La afirmación del líder indígena tenía que ver con la demostración palpable de que las barricadas en Quito y de los enfrentamientos callejeros, venían aumentando exponencialmente y amenazaban con escapar a su control. Sobre todo porque en las calles se empezó a escuchar fuerte el grito de "Fuera Moreno", una demanda rechazada por las direcciones indígenas que solo planteaban la derogación del decreto del paquetazo.
Este martes, Moreno le habló a sus simpatizantes desde el balcón de la Casa de Gobierno en Quito, y ajustó su argumento: "No vamos a permitir que vuelva a enseñorearse la guerra, la pandilla, el asalto y el robo".
Esta acusación es similar a la que usó durante los primeros días de las protestas, para desacreditarlas diciendo que eran desde terroristas enviados por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, hasta narcotraficantes y seguidores de Correa.
Bajo ese argumento estableció el estado de excepción y luego el toque de queda, desatando una represión brutal contra todos los manifestantes, incluidas las propias bases indígenas, que sufrieron gran parte del ataque de la Policía y Ejército.
El objetivo de Moreno con esta ofensiva contra el correismo es reposicionarse políticamente tras el golpe que sufrió al tener que retroceder con el decreto del paquetazo después de 12 días de movilizaciones. Para este objetivo ya le dieron su apoyo los Gobiernos de la derecha regional, la OEA y el propio el FMI que envió una carta "felicitando" la mesa de diálogo para "encontrar un acuerdo que aborde los desafíos económicos actuales". Es decir que defina cómo va a pasar el ajuste exigido por el organismo.
Hasta el momento las direcciones indígenas no han rechazado ni denunciado esta persecución política brutal, que hoy Moreno descarga contra la oposición correista pero que sienta el precedente, los métodos y los argumentos con los que el Estado Ecuatoriano está dispuesto a perseguir y encarcelar por "rebelión" a todo aquel o aquella que se ponga a la cabeza de movilizaciones y levantamientos como el que acaba de vivir el país.
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