Las reformas constitucionales presentadas por la actual Asamblea Nacional han despertado el repudio de la comunidad estudiantil y universitaria, ya que contempla modificaciones a los artículos 99 y 104 que reemplazan el rol de las principales universidades públicas, para imponer un organismo de acreditación y cuestionar la distribución de los aportes del Estado a la educación superior en todo el país.
El pasado martes 22 de octubre se llevó a cabo una manifestación de más de 10 mil personas y las autoridades universitarias se vieron rebasadas por la alta participación de sectores estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP) en contra de la medida de la Asamblea.
La manifestación encabezada por el rector de la UP, Eduardo Flores, estudiantes, docentes y personal administrativo marcharon hacia la Asamblea Nacional (el congreso panameño) para manifestar su descontento frente a este bloque de reformas a la Carta Magna.
Otras universidades se han unido al rechazo, tal es el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) que el pasado miércoles se unió a las movilizaciones para garantizar la defensa de la autonomía universitaria. Por medio de distintos pronunciamientos, los estudiantes y docentes plantearon sus inquietudes en torno a la discusión de las reformas constitucionales que se mantienen en la Asamblea Nacional de Diputados, y sus afectaciones en el funcionamiento de la universidad.
La salida en unidad de las universidades públicas obligó a la Asamblea Nacional a retroceder en la aplicación de dichas reformas. Sin embargo, la salida de sectores de trabajadores marcó un punto de inflexión para el actual proceso, ya que miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) decidieron unirse a la demanda contra la Asamblea Nacional manifestando su rechazo a dichas reformas.
Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, señaló que se trata de una protesta para rechazar lo que él califica como una “pantomina”, una “supuesta mesa de diálogo” en la cual “no se encuentra representado el pueblo”.
El dirigente sindical añadió que a partir de esta semana y a nivel nacional, “haremos sentir nuestro descontento frente a esta nueva venta de la patria y traición”. Así, este viernes estuvo marcado por las movilizaciones que llevaron a cabo los obreros afiliados al Suntracs en diversos puntos del país.
“Esta es la sexta manifestación que realizamos frente a este recinto en donde se está debatiendo a espaldas del pueblo un parche que en nada resuelve la grave situación que vive la mayoría de los panameños”, dijo Saúl Méndez.
Los trabajadores del Suntrans, del sector de la construcción, han demostrado ser punta de lanza frente a los distintos ataques del anterior gobierno de Juan Carlos Varela y su sucesor Laurentino Cortizo.
En 2018 los obreros protagonizaron el repudio contra el aumento del 8 % en la tarifa de luz, reclamaron los 32 millones de dólares en materia de salarios adeudados, y reiterarán su pedido de invertir un mínimo del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la educación.
Por su parte, los docentes panameños realizaron importantes huelgas durante el mismo año en protesta por el alza de la tarifa eléctrica, convocadas por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) que viene cuestionando al actual Ministerio de Educación y al gobierno por el endeudamiento de 300 millones de dólares para cubrir las inversiones públicas pendientes de ejecutar.
Lo anterior muestra el potencial que tienen las demandas de los trabajadores, docentes y estudiantes: no solo para frenar las medidas del gobierno, sino para imponer el conjunto de sus necesidades y reivindicaciones en la agenda nacional y conquistar sus legítimos derechos. | 
