El Estado no esta cumpliendo con la parte sanitaria de la Ley de Identidad de Género. "Garantizar la distribución ininterrumpida de los insumos, que los tratamientos sean de calidad y que el seguimiento profesional y los controles médicos estén siempre disponibles", es una de las demandas de la Asamblea de Travestis, Trans y No Binaries.
Luego de tres asambleas y dos acciones frente al ministerio de Desarrollo Social del que depende la Secretaría de Salud, que notificaba que “una de las empresas que provee la Testosterona 1% en gel, marca comercial "Androlone", de Laboratorio Beta S.A. no va a ser entregada más a los dispositivos de salud por la devaluación del peso frente al dólar”, travestis, trans, activistas y distintas organizaciones siguen exigiendo que se cumpla con la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743).
Es obligación del estado brindar las herramientas y el acceso a los tratamientos hormonales a todas las personas que lo requieran. Así lo expresa la Ley. Esto es consecuencia del brutal ajuste que llevó adelante el Gobierno de Cambiemos en complicidad con los gobernadores peronistas.
Marina Elichiry es médica egresada de la UBA y activista lesbiana y explica que "se deben garantizar las hormonas y las cirugías y otro tipo de tratamiento para desarrollar la vivencia personal del cuerpo y que esto está incluído en el PMO (Plan Médico Obligatorio) y que debe estar garantizado por los tres subsitemas de salud: público, obras sociales y privados". Para La Izquierda Diario agregó "se le niega el derecho a una persona que en muchos casos su expresión de género depende de su imágen corporal con lo cual la afectación psíquica de no mantener esa hormonización es negativa".
El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece cuáles son esas prestaciones que las entidades de servicios sanitarios están forzados a ofrecer y cumplir. El programa, entonces, apareció para cumplir con una lógica de estandarización de un programa que determina los alcances y deberes de las obras sociales.
Una publicación compartida por resistenciatranss (@resistenciatranss) el
La industria farmacéutica argentina es uno de los sectores manufactureros más pujantes. A pesar de la crisis económica actual, su producción se mantuvo por encima del nivel general de la industria desde el 2012. La facturación en el mercado interno creció a un promedio anual de 28,7%.
El rol de los laboratorios de origen nacional es clave en este sector: el 70,5 % de las ventas corresponden a la producción nacional (aunque el insumo clave de los fármacos, el principio activo, es en su mayor parte importado) y el 29,5 % a la reventa de medicamentos importados.
"Lo cierto es que entre la realidad y la ficción se mantiene una certeza: la inversión en investigación y la producción privada de medicamentos bajo el sistema capitalista se rige por un solo fin, aumentar la riqueza de sus dueños. Dentro de la selecta lista Forbes de los 50 argentinos con mayores fortunas encontramos a varios de los siguientes popes de los laboratorios: Alberto Roemmers, 1800 millones de dólares; Lilia Sielicki, accionaria de Laboratorio Elea Phoenix, (también negocios energéticos) cuenta con una riqueza de 1000 millones de dólares; Sebastián Bagó cuenta con una riqueza personal 800 millones de dólares", afirma la economista Guadalupe Bravo.
Como ya informamos en La Izquierda Diario "es necesario poner en pie un Sistema Nacional Único de Salud estatal y gratuito, donde el Estado a través de una gestión colectiva de médicos, enfermeros y representantes de la población planifique, financie y preste los servicios. Para abastecer a todo el país, en tiempos de ajuste fiscal del FMI que incluye recortes presupuestarios. La salud no tiene que ser un negocio rentable, sino un derecho. No queremos un ajuste que implique menos plata para la salud, que el dinero destinado a la deuda externa vaya a educación y a nuestro sistema sanitario".
Al reclamo del faltante de hormonas se le sumó la exigencia de justicia por La Chicho, víctima de un brutal travesticidio.
