El documento, firmado por los líderes de los distintos partidos que integran la coalición “multicolor” es producto del acuerdo al que llegaron los representantes del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.
En esa negociación quedaron fuera las medidas que podían generar más rechazo, entre ellas la liberalización de la importación de combustible, la creación de más liceos militares, excluir a los docentes de la dirección de ANEP, o puntos de la reforma Vivir sin Miedo como la cadena perpetua. La eliminación de estos planteos seguramente apunta a ubicarse un poco más al centro del espectro político y no dejar en evidencia sus aristas más conservadoras y neoliberales; aunque nada asegura que de una u otra manera no vuelvan a aparecer más adelante. No puede leerse este documento olvidando que faltan pocas semanas para el ballotage, por lo cual fue elaborado con la mira puesta en no perder votos ni alejar indecisos.
En este contexto “Compromiso con el país” abunda en frases generales y ambiguas, con planteos que se sabe caerán bien (menos cargos de confianza, menos gastos en funcionamiento, etc.) pero que en la práctica no son ahorros realmente significativos.
Más allá de lo que aparece explícitamente en el programa de la coalición, se puede leer entrelíneas un pensamiento proempresarial, basado en la productividad, las facilidades para la inversión privada, el recorte de impuestos a los sectores altos de la sociedad y limitaciones a las empresas públicas.
Una propuesta de ajuste
Uno de los elementos centrales que señala el documento es el alto déficit fiscal y la intención de reducirlo.
La intención de reducir el gasto sobrevuela el texto, aunque las propuestas concretas que se anuncian tienen un impacto muy reducido, y más bien hacen pensar (con la experiencia que dan los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales) que tarde o temprano el salario será una variable de ajuste, así como la inversión en educación o salud.
Si bien se dice que no se tocaran los programas sociales se enfatiza el rol de las familias (“agente fundamental de protección, contención e impulso al desarrollo personal”) lo que también se puede entender como que el Estado tendrá un rol más secundario en el área de políticas sociales (en definitiva una creencia bien liberal), con iniciativas de descentralización y coordinación con los gobiernos departamentales y la “sociedad civil”, lo que no es más que una manera elegante de fomentar la tercerización de servicios, aumentar la presencia de ONGs de cariz religiosas y empresariales y de paso facilitar el clientelismo político.
Lo mismo puede entenderse en relación a los programas de cuidado intergeneracional y la intención de priorizar “el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia”. ¿Será una manera indirecta de decir que el Estado no se hará responsable?
Contradictoriamente con la intención de bajar el déficit fiscal, y casi de manera demagógica, se anuncian rebajas de impuestos y tarifas; aunque sin indicar como se financiaría esta renuncia fiscal.
En todo caso los impuestos que se anuncian reducir no son aquellos como el IVA ni el IRPF, que gravan a los sectores populares sino aquellos que recaen sobre los sectores más acomodados. Es decir que los ricos serán beneficiados con exenciones, más subsidios y rebajas impositivas, seguramente con dineros que saldrán del bolsillo del pueblo trabajador.
Aunque no se desarrolla en profundidad, se habla de productividad, rendimiento, mejoras en la competitividad; términos que en boca de neoliberales no significan más que mayor explotación, polifuncionalidad y precarización laboral.
Si bien no hablan de achicar el Estado ni privatizar empresas públicas (saben que esto les haría perder votos) si se acota su margen de acción y se pretende profundizar y generalizar el modelo PPP (Participación público privada), favorecer “la cultura emprendedora” e incentivar la parques industriales y regímenes de promoción de inversiones, todas formas de favorecer a los empresarios nacionales y extranjeros y garantizarles mayores tasas de ganancia.
Seguridad Social y Consejos de Salarios
En lo referente a la seguridad social, desde hace tiempo existe consenso en todo el régimen político de avanzar en una transformación de las reglas de juego que redundará en aumentar la edad de jubilación y los años de aportes, bajar las jubilaciones y conservar el sistema privado (Afaps).
Aunque aun resta definir los tiempos y ritmos de implementación de la reforma es un hecho en que hay acuerdo entre los principales partidos para encarar una reforma en esta área y que la misma será en perjuicio de los trabajadores y jubilados.
Con respecto a las relaciones laborales, aunque en el texto de la coalición no aparecen las propuestas de reformas de la negociación colectiva que habían anunciado Lacalle o Talvi, está claro que se avanzará en recortar el poder de negociación de los trabajadores.
El programa plantea el “levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva” es decir en función de las aspiraciones del sector empresarial, debilitando la negociación colectiva y el poder de los trabajadores; en definitiva apuntando a bajar el costo laboral y reducir salarios y derechos.
Educación y seguridad
En estas áreas, el documento tiende a ser más explícito y concreto.
En lo referente a la educación se toman muchas de las propuestas de Eduy21, con una mirada neoliberal que parece tomar como ejemplo los colegios Jubilar o Impulso (gestión privada con fondos del Estado), avanza sobre la autonomía de Anep y UdelaR con un papel más protagónico del MEC, apuntando a una formación “por competencias” y en función de las necesidades del mercado.
En relación a la seguridad, el documento parte de la necesidad de declarar “la emergencia nacional en seguridad pública” con una política de mano dura, represiva y autoritaria.
Entre otras cuestiones aparecen; el fortalecimiento y extensión de las fuerzas represivas (más Guardia Republicana, más comisarías); hacer cumplir la ley de faltas, construir más cárceles, “la presunción simple de legítima defensa” para policías y otras fuerzas represivas (que en la práctica habilita el gatillo fácil), la promoción de los “registros personales preventivos a sospechosos… y controles rutinarios” (es decir un avance autoritario que termina criminalizando la pobreza), o la limitación de las libertades vigiladas y la conservación de los antecedentes para menores infractores.
Beneplácito empresarial y resistencia popular
Las cámaras empresariales y representantes de Un Solo Uruguay, han mostrado su beneplácito con la posibilidad de un gobierno encabezado por Lacalle Pou en alianza con otros partidos de la derecha.
Sus aspiraciones y reclamos; tales como “shock de austeridad”, bajar el déficit fiscal, ajustar el gasto, devaluar la moneda, abaratar costos laborales y aumentar la competitividad o recortar el poder de los sindicatos, están en sintonía con el proyecto de país de la Coalición.
Un repaso por todo su programa, que en tiempos de balotage esconde sus aristas más antipopulares, muestra como el eventual gobierno de Lacalle irá en definitiva en contra de los trabajadores, atacando sus conquistas y derechos.
Si el gobierno que asume quiere imponer este ajuste encontrará la resistencia de trabajadores, estudiantes y sectores populares que deberán organizarse y prepararse para luchar.
El PIT-CNT ante cada ataque a nuestros derechos y conquistas debe convocar a la movilización y un plan de lucha en el camino de la huelga general.
Hay que tomar el ejemplo de los pueblos latinoamericanos que ahora mismo están enfrentando a sus gobiernos con los métodos clásicos de la clase trabajadora, la huelga, el piquete y la movilización en las calles. | 
