En los últimos veinte días se dio a conocer la muerte por desnutrición de 6 niños de distintas localidades del norte de la provincia, 5 de ellos pertenecientes a comunidades Wichi. Además el gerente del Hospital Perón de Tartagal, el Dr. Juan Ramón López confirmo que hay 26 niños más internados por mal nutrición en dicha institución. Cifras alarmantes que desnudan de manera brutal las condiciones de vida a las que son sometidas las comunidades indígenas de la provincia.
Ante esta situación el gobierno de Gustavo Sáenz declaró la Emergencia socio-sanitaria para los departamentos de Orán, San Martin y Rivadavia considerados en situación de urgencia, medida que tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser prorrogada por 90 días más. El mismo gobierno que hace unos días responsabilizó a los padres de los niños fallecidos y a la cultura Wichi en un discurso racista propio de un Estado que sostuvo y sostiene sistemáticamente la opresión a las comunidades.
Por su parte el gobierno nacional abrió recientemente una convocatoria a los investigadores de todo el sistema científico y tecnológico para el plan de Argentina contra el hambre. En la provincia, la situación crítica habla por sí sola y no da lugar a esperas, por esto es necesario que las autoridades de la UNSa pongan ya mismo a disposición de la comunidades los recursos de la universidad. A su vez se hace necesario que el movimiento estudiantil tome esta pelea en sus manos y establezca la unidad con los pueblos originarios.
Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas
El Chaco Salteño es una región semiárida que comprende a los Dpto. de Oran, San Martin y Rivadavia. En ella viven pueblos originarios como los Toba, los Pilagás, los Chiriguanos, guaranìes y Wichis, quienes han atravesado un complejo proceso histórico pasando por la colonización, el despojo de sus tierras, la imposición de la religión cristiana, el reclutamiento como mano de obra para los ingenios en el avance del sistema capitalista sobre sus territorios y vidas junto a la constante resistencia a los avasallamientos.
A partir del ingreso del paquete tecnológico de soja y siembra directa en los ’90 durante el gobierno de Menem empezaron a asentarse en la región empresas con fines agrícola-ganaderos, instalando, como en todo el país, el modelo extractivista sojero impulsado posteriormente por todos los gobiernos.
Esta situación fue llevando a una cada vez mayor expansión de la frontera agropecuaria provocando en muchos casos el desalojo violento de comunidades enteras teniendo que enfrentarse, en el mayor de los casos, a empresas agropecuarias que ganan cifras siderales de dinero y cuentan siempre con la complicidad de los gobiernos, la justicia y la policía. A esto se le suma el desmedido avance de los desmontes que implica el arrinconamiento de las comunidades que dependen económicamente del monte, ya que utilizan grandes extensiones territoriales para su subsistencia y tiene también gran importancia cultural, en su cosmología, sistema político y social.
La negativa del Estado provincial de Salta y el Estado Nacional Argentino, con un claro componente racista que hace a su consolidación como tal, a permitirles el pleno desarrollo en sus territorios ha implicado que se les niegue también el acceso a la salud intercultural, a la educación intercultural, y por supuesto a derechos absolutamente esenciales como el agua potable y el alimento.
Es así que según el Anuario Estadístico de la Provincia año 2017 – avance 2018, el ultimo publicado, en su apartado sobre el Estado nutricional de la población infantil, según Zona Sanitaria y Dpto. indica que en la zona del norte que comprende a los departamentos de Orán, San Martin y Rivadavia, de un total de 36.316 niños controlados de entre 0 a 2 años de edad, 727 registraron bajo peso y vale aclarar 46.469 ni siquiera fueron controlados.
Esto ha sido denunciado claramente en el Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado los dias 15 y 16 de Enero en Tartagal con representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba, donde exigieron el cumplimiento de la ley 7856 sancionada en el año 2014 que aun hoy se encuentra sin ser reglamentada. Con la cual se crearía una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, buscando “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Pero la realidad habla por sí sola.
En ese mismo sentido, la referente Wichi Octorina Zamora dijo en un medio local que “Esto pasa en todos los gobiernos, este disciplinamiento” y agrego que “no hay voluntad de solucionar la situación ya que los médicos de los pueblos indígenas que han crecido dentro de sus propias comunidades no han sido convocados para poder ellos hacer el proyecto y coordinar algún proyecto de salud para nuestros pueblos.”
La demanda de los pueblos es concreta, se basa en la plena participación en la toma de decisiones sobre sus condiciones de vida, es necesario que sus integrantes no solo sean escuchados sino que controlen la implementación del plan de emergencia. El Estado y los gobiernos tienen que poner los recursos y fondos necesarios de manera urgente para medidas básicas ante la critica situación.
Los pueblos originarios históricamente vapuleados por el sistema capitalista y sus gobiernos que muestran la clara política de dejar morir a las comunidades indígenas, mientras se incentiva y promueve el modelo extractivista que presenta un contraste brutal, es una representación gráfica de la irracionalidad capitalista. De un lado del alambre millones de pesos en campos de mocultivo, del otro, la pobreza, el hambre y la muerte. | 
