En los últimos días se supo que el Gobierno de Alberto Fernández nombró a Aníbal Ibarra “asesor” jurídico del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce. El hecho, lógicamente, fue repudiado por sobrevivientes y familiares de las 194 víctimas de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 cuando Ibarra era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Amigos son los amigos
Ibarra y Pesce se conocen desde hace por lo menos veinte años. De hecho entre 2001 y 2003 el actual presidente del BCRA fue el secretario de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires cuando Ibarra era jefe de Gobierno de la Alianza (también fue subsecretario de Gestión y Administración Financiera durante las gestiones anteriores de Fernando de la Rúa y Enrique Olivera).
También es conocida la relación histórica que une a Ibarra con el presidente Fernández, quienes pasaron en pocos años del enfrentamiento político a la unión familiar. Durante los 90 Ibarra integró el Frepaso y la Alianza (con la UCR) mientras que Fernández militaba apasionadamente para Domingo Cavallo. En el año 2000, de hecho, Aníbal le ganó la jefatura de Gobierno a la lista encabezada por Cavallo e integrada por Alberto y Gustavo Beliz. Pero las pujas entre ambos acabarían en 2005, cuando Fernández y Vilma Ibarra (hermana y compañera de militancia de Aníbal) comenzarían un romance que duraría una década.
Vueltas de la vida (y devolución de favores) mediante, ahora Fernández y Pesce convocaron a Ibarra para que los asesore en temas legales y jurídicos en el Banco Central. Parece que a los nuevos jefes de Ibarra les importa más la amistad y la personal que los prontuarios.
Obviamente Ibarra no trabajará ad honorem. Si se tiene en cuenta que a septiembre de 2018 (último dato publicado en la web de la entidad) el salario promedio de un asesor del BCRA era de $ 114.500 y que la paritaria bancaria para 2019 del sector fue del 50 %, se puede imaginar que el salario promedio para el cargo de Ibarra puede estar superando los $ 150.000.
Prontuario
Ibarra, como todo el mundo sabe, fue el máximo responsable político de una de las masacres juveniles más brutales de la historia argentina: la del incendio del boliche del barrio de Once República Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, donde 194 jóvenes perdieron la vida en cuestión de minutos y cientos sobrevivieron con consecuencias físicas y psicológicas que perduran hasta hoy.
Al conocerse la noticia del nombramiento de Ibarra en el BCRA, el repudio no se hizo esperar. El Movimiento Cromañón, que congrega a sobrevivientes, familiares y seres queridos de las víctimas, levantó su voz a través de un comunicado en el que expresa su “más profundo repudio a una medida que imprime legitimidad al accionar del máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
El comunicado agrega que el nombramiento de “quien fuera con justicia destituido de su cargo de jefe de Gobierno, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público”, directamente “ofende la memoria de las víctimas y avala impunidad”. Vale recordar que en marzo de 2006, mediante un juicio político, se lo echó del cargo de jefe de Gobierno pero no se lo inhabilitó para seguir ocupando cargos públicos. Por eso ahora vuelve contento a ocupar un puesto bajo el ala del Frente de Todos.
En ese marco, el Movimiento Cromañón impugna la supuesta “conducta ética” que debería guiar el acceso a altos cargos públicos. Y lo hace recordando qué hizo Ibarra luego de la masacre: “desoyó más de 16 alertas de que un siniestro podía producirse; puso en cargos de alta responsabilidad a personal no capacitado para el mismo; no organizó el operativo de la Emergencia del cual el jefe de Gobierno es el máximo responsable, provocando al menos el 40 % más de muertes evitables; se reunió con las cámaras empresariales en lugar de con familiares de las víctimas; eludió una interpelación de la Legislatura y convocó a un plebiscito para victimizarse, entre otras muchas maniobras distractoras ante la opinión pública”.
A su vez cuestionan que el propio Ibarra hace tiempo “intenta legitimarse, participando en espacios de derechos humanos, con banderas que no puede llevar con la frente en alto, ya que los derechos humanos incluyen el derecho que tiene la juventud a escuchar su música preferida, a reunirse, a festejar la vida, sin entrar en callejones de la muerte”.
Por último el Movimiento Cromañón exige en su comunicado “que el Presidente del Banco Central revea esta medida que premia con un cargo público, al máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
A la luz de los hechos, con ejemplos como el de Felipe Solá (responsable político de la masacre del Puente Pueyrredón, impune) al frente de la política exterior del gobierno de Fernández, cuesta creer que Miguel Pesce desande sus pasos y le pida a su amigo Ibarra que ya no lo asesore. Amigos, son los amigos.
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