La vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, manifestó la voluntad del Gobierno del PSOE y Unidas de recoger en el Código Penal la prohibición de la “apología o exaltación” de la dictadura franquista y sus crímenes. Aún sin saberse la redacción concreta en que se va a expresar la propuesta que se llevará al Congreso, la medida ya ha generado un gran debate, no sólo entre los juristas y los especialistas en Derecho, sino dentro de la propia izquierda y el activismo social.
La medida estaba recogida en el programa electoral del PSOE de noviembre y en su proyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica, así como en el acuerdo programático entre el partido de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Otro gesto cosmético del PSOE, ahora de la mano de Unidas Podemos también, que se suma a otros como la exhumación de la tumba de Franco. Pero un gesto que, además, es del todo problemático.
La medida es ante todo una impostura viniendo del PSOE, el partido que más ha gobernado el Estado español desde el 78 y ha sido el principal garante de la impunidad de los crímenes franquistas y la continuidad de los aparatos estatales franquistas (sistema judicial, policial, militar, etc.). Muchos burócratas franquistas se levantaron un día “demócratas”, al tiempo que los crímenes franquistas eran ocultados e incluso se premiaba a los torturadores y asesinos que seguían en sus cargos. Un verdadero pacto de impunidad al que también se sumó el PCE avalando la Ley de Amnistía de 1977.
Mientras no hay ninguna intención de investigar los crímenes del franquismo ni cuestionar un ápice las profundas raíces franquistas de este Régimen, el Gobierno “progresista” se niega a derogar sin restricciones la maldita Ley Mordaza, mantiene la “Mordaza digital” aprobada por el PSOE -y la abstención de Unidas Podemos- durante su gobierno en funciones y, como vimos hace tan sólo unos días, se niega a hacer públicos los archivos sobre la “hoja de servicios” del torturador “Billy el Niño” y la Fundación Francisco Franco continúa recibiendo dinero público.
La medida impulsada por el gobierno ha sido muy bien recibida por amplios sectores que rechazan la dictadura franquista y su persistencia en la institucionalidad del Régimen del 78. Sin embargo, lejos de ser una acción que favorece el combate del franquismo y la extrema derecha, mediante el fortalecimiento del Código Penal y la punición de “delitos de opinión” sólo puede terminar limitando la libertad de expresión volviéndose contra las organizaciones sociales y políticas de la izquierda y la clase trabajadora.
Afortunadamente no son pocas las voces que ya comienzan a expresar su rechazo al camino punitivista que busca profundizar el Gobierno PSOE – Unidas Podemos. Como ha escrito en su cuenta de Twitter la activista de derechos humanos y abogada del SAT, Pastori Filigrana: “Perseguir los delitos de opinión no garantiza la emancipación. El Código Penal es una herramienta represiva del poder y difícilmente sirve para conquistar derechos. Es más democrático y emancipador acabar con la apología del franquismo con mucho Antifascismo de calle y barrio.”
En el mismo sentido se ha pronunciado la periodista Nuria Alabao cuando se pregunta : “¿Cuándo ha empezado a ser sinónimo de izquierda engordar el código penal con delitos de opinión?”. Y también el filósofo y ensayista César Rendueles, afirmando que no se le ocurre “mayor apología del franquismo que la inclusión de crímenes de opinión en nuestro código penal, empezando por esa aberración que es el delito de apología del terrorismo.”
Incluso Iñigo Errejón, abierto defensor del Gobierno de coalición, se ha pronunciado contra la medida asegurando desde su cuenta de Twitter que “Debemos enfrentar al franquismo con memoria y dignidad para sus víctimas y desterrarlo de cada lugar de nuestras instituciones y de nuestro país. Pero extender los delitos de opinión no es el camino. Y os lo dice un hijo de preso de la dictadura”.
La medida del Gobierno, aunque superficialmente pueda parecer un “golpe” a la extrema derecha, en realidad endurece las herramientas políticas represivas del Estado y abre la posibilidad de restringir duramente la libertad de expresión. Como sucede con todas y cada una de las medidas que fortalezcan el aparato punitivo del Estado capitalista.
Así lo hemos visto con la aplicación del artículo 510 del Código Penal, “que regulaba inicialmente los delitos de odio contra las minorías y que ha sido el empleado por jueces y fiscales para procesar a cientos de activistas del movimiento catalán por delitos de opinión sobre la policía”, como afirma Santiago Lupe en otro artículo de Izquierda Diario en el que recuerda como como la ley francesa contra las ligas fascistas de 1935 fue empleada por Charles De Gaulle para ilegalizar a la extrema izquierda tras Mayo del 68.
En efecto, como recomendara León Trotsky a los comunistas de izquierda franceses a mediados de la década del 30 y en pleno auge del fascismo, era necesario rechazar fervientemente todas “las medidas que fortalezcan al estado capitalista-bonapartista, aunque se trate de medidas que puedan causarles molestias temporales a los fascistas” y denunciar “que a medida que la lucha de clases se agrave, todas las leyes de emergencia, poderes extraordinarios, etcétera, serán empleados contra el proletariado”.
En términos generales la lógica con la que Trotsky aborda el problema es que toda restricción a las libertades democráticas, de expresión, opinión o reunión en la sociedad capitalista, más temprano que tarde serán inevitablemente utilizadas contra la clase trabajadora y sus organizaciones.
Como escribió en 1938, “Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera. La democracia burguesa es útil para el proletariado sólo en cuanto le abre el camino al desarrollo de la lucha de clases. Consecuentemente, cualquier ‘dirigente’ de la clase obrera que arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor.” Para el revolucionario ruso, en último análisis, “la agudización de la lucha de clases obligará a las burguesías de cualquier tipo a llegar a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán entonces leyes especiales, toda clase de medidas restrictivas, y toda clase de censuras ‘democráticas’ contra la clase obrera.” (León Trotsky, Libertad de prensa y la clase obrera, 21 de agosto de 1938).
Enfrentar (en serio) a la extrema derecha
La medida del Gobierno ha sido justificada, incluso por Pablo Iglesias (en una entrevista en Al Rojo Vivo), como una suerte de dique de contención para frenar el ascenso de la extrema derecha. Sin embargo, este argumento no se sostiene en ningún caso. Especialmente en el de Alemania, donde todas las medidas punitivas del Estado alemán prohibiendo y penando la exaltación del nazismo no han evitado el crecimiento de Alternativa por Alemania (AfD) ni de multiplicidad de grupos neonazis. Al contrario, en estos momentos liberales y conservadores alemanes están pactando con la extrema derecha para formar gobierno en la región de Turingia.
Aún no estamos ante una situación de ascenso del fascismo. Al no ver un peligro inmediato que amenace las bases de su régimen (por ejemplo, como sería ante un ascenso revolucionario), Las clases dominantes en el Estado español y Europa aún siguen optando por su integración en las instituciones “democráticas” de la UE y sus respectivos estados nacionales. Sin embargo, en el pasado el capital ha utilizado todas las vías posibles para sostener su poder cuando este se vio amenazado, desde los frentes populares (para engañar, pacificar y subordinar a la clase obrera como aliada de la burguesía), hasta la solución del fascismo (como método de guerra civil contra la clase trabajadora y los derechos democráticos).
Por ello combatir el crecimiento de la extrema derecha es una tarea ineludible. Y, sobre todo, combatirla correctamente, lo que implica también combatir a quienes proponen como “salvación” frente a la extrema derecha fortalecer el Estado capitalista y sus instrumentos represivos. Frente a esta lógica punitivista, debemos apostar por la lucha de clases y una agenda independiente contra el régimen heredero del franquismo.
Porque enfrentar a la extrema derecha es enfrentar al Régimen del 78 en su totalidad; es defender el derecho a decidir de los pueblos, enfrentando al reaccionario nacionalismo español; es cuestionar el sistema judicial y represivo, derogando las leyes mordaza y artículos aberrantes como el de “enaltecimiento del terrorismo”; es terminar con las Leyes de Extranjería y esas verdaderas cárceles para inmigrantes que son los CIES; es pelear por la apertura de todos los archivos de la dictadura y las fuerzas represivas; es dar cuenta no sólo de los crímenes franquistas, sino también de las torturas y asesinatos que hemos vivido hasta hoy perpetradas por los aparatos del Estado y sus secuaces como Emilio Hellín, asesino de Yolanda González; es terminar con la Monarquía, la mayor figura de continuidad y exaltación del franquismo y a la que este Gobierno y sus ministros aplauden, y luchar por la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos. En definitiva, es terminar con este régimen monárquico y corrupto mediante la lucha de clases, abriendo el camino al gobierno de las y los trabajadores y una democracia que merezca ser llamada así.
Es evidente que el PSOE y Unidas Podemos jamás impulsarían un programa así. Es necesario construir una fuerza política de la izquierda revolucionaria y anticapitalista que luche por él. | 
