Esta semana importantes funcionarios del gobierno se refirieron a uno de los temas que más preocupa a la gente: las tarifas.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, le dijo a la misión del FMI que “habrá una revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas”. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, dijo que en junio habrá aumento de tarifas “para los sectores que lo puedan soportar”. Lo siguió el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien reconoció que en mayo habrá un nuevo aumento del transporte público, cercano al 10%.
La noticia no cayó bien. ¿Cómo iba a caer? Aunque en este momento está suspendido el último aumento, el tarifazo de Macri golpea los bolsillos populares. Si encontrás a alguien sonriendo en la cola del Pago Fácil te ganás un premio.
Quizá por eso en la mañana de este viernes Alberto Fernández tuvo que hacer nuevas declaraciones. “No está en cartera hoy el aumento de tarifas” dijo. Pero “no está en cartera hoy” es una frase un poco tramposa. Más si luego continúa diciendo “que nadie se apure, no sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso porque lo que a mí más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente”.
En criollo, “hoy no, en junio tal vez”. La puerta queda abierta, aunque Alberto prefirió entornarla un poco. Como decirle a sus voceros: “no seamos tan sinceros”.
En una entrevista a AM 750, Fernández llamó "pícaros" a quienes quieren "ganar en detrimento de la gente" y aseguró que "lo que tenemos bajo análisis es saber qué pasó para saber exactamente de donde partimos. Primero veamos quiénes se llevaron la plata durante cuatro años y después si los argentinos tienen que pagar más o no”.
De pagar menos ni hablar.
Pero ya sabemos quiénes se llevaron la plata de la gente estos años. Lo sabés vos, qué no lo van a saber los ministros. Los ganadores del tarifazo tienen nombre, apellido y logo. Incluso muchos y muchas parlamentarias del Frente de Todos han denunciado esos tarifazos y votaron la ley de “Emergencia Tarifaria”, que retrotraía los aumentos de luz, gas y agua a noviembre de 2017, y además prohibía su actualización por encima del índice de variación salarial hasta 2019.
Esa ley, recordemos, fue vetada por Mauricio Macri apenas aprobada. Los tarifas siguieron aumentando. Salvo el Frente de Izquierda, que directamente planteaba terminar con el negocio de las privatizadas, nadie volvió a insistir con la necesidad de retrotraer las tarifas.
Reperfilando el tarifazo
Hoy el peronismo está en el gobierno. El debate si las tarifas aumentan ahora, en junio o septiembre, si siguen igual, es miserable. Las privatizadas siguen haciendo de las necesidades elementales de la población un negocio millonario. Un negocio que obviamente se debe investigar, pero con los datos que son conocidos no puede haber dudas que estamos ante una estafa. La Izquierda Diario y diversos medios han mostrado muchas veces quiénes son los ganadores. No hace falta aclarar quiénes son los perdedores.
Ahora el problema es el siguiente: las privatizadas quieren seguir ganando fortunas pero el gobierno ya no puede sostener esas ganancias con tantos subsidios: la prioridad de los ahorros nacionales es el pago de la deuda. Alta causa nacional. Por eso lo que nos van a reperfilar ahora es el tarifazo. Prepará tu bolsillo "solidario".
Las negociaciones están en marcha. Según el portal especializado EcoJornal, "el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, recibieron a los principales directivos de las empresas que forman parte de la Asociación de Distribuidoras de Gas. Los ejecutivos reiteraron su pedido para que el gobierno comience con la revisión integral de las tarifas, tal como está previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" (14/2).
En vez de escuchar a los "pícaros" de las privatizadas, el gobierno debería tomar sin demoras una medida básica en defensa de la economía de millones de familias: retrotraer las tarifas a diciembre de 2015. Si hay que investigar, la única forma de llegar a un resultado creíble es que participen las organizaciones de consumidores, las universidades nacionales, los gremios y todas las organizaciones populares que realmente defienden a los usuarios.
La salida de fondo ya sabemos cuál es: que las empresas de servicios pasen a manos del Estado, administradas por trabajadores y usuarios, para satisfacer las necesidades de la población y no el bolsillos de unos “pícaros”. | 
