Con la asunción de Luís Lacalle Pou este próximo domingo se cierra el ciclo de gobiernos del Frente Amplio (FA) comenzado en el año 2005.
Tabaré Vázquez primero, José Mujica en el segundo mandato y posteriormente nuevamente Tabaré fueron los líderes que encabezaron estos gobiernos, que constituyen una experiencia inédita en el Uruguay, donde siempre habían gobernado los partidos capitalistas tradicionales Blanco y Colorado.
Más allá de la experiencia concreta de estos 3 periodos, la oportunidad invita a reflexionar sobre el proceso que se inició a principio de los 70 con el surgimiento del Frente Amplio. Veremos cómo desde entonces esta coalición ha intentado ser parte del régimen y finalmente terminó administrando el estado capitalista uruguayo.
A lo largo de todo este periodo histórico se dieron procesos tan importantes como el ascenso obrero y popular de los 60 y 70, la posterior dictadura cívico militar, la transición democrática y el Pacto del Club Naval, los gobiernos blancos y colorados (1984-2004) con el FA en la oposición y finalmente la llegada de esta fuerza política al gobierno, donde se mantuvo 15 años.
15 años de gobierno: más continuidad que ruptura
La llegada al gobierno de Tabaré Vázquez despertó grandes ilusiones en los trabajadores y sectores populares.
Luego de la crisis del 2002, con sus secuelas de hambre, crisis económica y desocupación, el triunfo del FA generaba muchas expectativas de cambio y de mejoras en las condiciones de vida.
A grandes rasgos, y como balance más general, podemos decir que hubo más continuidades que rupturas en relación a los gobiernos precedentes. Muy lejos quedó de aquel Frente Amplio que en su fundación prometía el cambio y una transformación social estructural, promesa que constituyó el motor del apoyo entre los trabajadores y sectores populares.
A lo largo de sus 3 periodos, aún con los matices que separan a Vázquez de Mujica, lo que primó fue un enfoque político que ubicó al Frente Amplio como un gestor y administrador del capitalismo en nuestro país, en el que el pago de la deuda externa y la aceptación de las directivas de los organismos internacionales imperialistas (FMI, BM, BID) nunca fueron puestos en cuestión.
A nivel económico, y en el marco más que favorable de los buenos precios de las materias primas que exporta tradicionalmente Uruguay, se favoreció la apertura de la economía, fomentando la llegada de capitales internacionales con subsidios, exoneraciones, creación de zonas francas y otras facilidades.
Las negociaciones para la segunda planta de celulosa de la trasnacional UPM ejemplifican la política que intentó llevar adelante el gobierno; buscar satisfacer las demandas de las multinacionales realizando obras en función de sus necesidades, negociación a la baja de las condiciones y derechos laborales y falta de cuidado por el medio ambiente.
Si bien los niveles de desempleo fueron comparativamente bajos, el “modelo” se sostuvo en base a bajos salarios y trabajo precario, especialmente entre los jóvenes.
Al culminar este tercer periodo, aproximadamente un 40% de los trabajadores ganan alrededor de 24mil pesos (600 dólares); cuando la canasta básica familiar se ubica en casi 85mil pesos ( alrededor de 2200 dólares).
Cabe agregar que en los sucesivos gobiernos frentistas no se revirtieron los procesos de tercerizaciones y privatizaciones en el sector público; e incluso en algunas áreas se profundizaron (UTE, OSE, IMM, ley de riego, entre otras).
A todo esto se suma el profundo proceso de extranjerización de la tierra (fenómeno de una magnitud nunca vista) que llevó a que alrededor del 50% de las tierras estén en manos extranjeras y que los propietarios uruguayos se desprendieran en los últimos 18 años de una superficie equivalente a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y Durazno.
A nivel de derechos humanos también hubo una continuidad de parte del Frente Amplio respecto de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. En lo esencial, se mantuvo la impunidad para los crímenes de la dictadura, y el discurso oficial (tanto con Tabaré como con Mujica) apuntó hacia el "olvido", la reconciliación y la "vuelta de página".
La presencia de otro de los históricos líderes del FA, Fernández Huidobro, un defensor confeso de militares genocidas, atestigua el límite que puso el Frente Amplio para avanzar, aunque sea mínimamente por el camino de la verdad y la justicia. El propio fenómeno de Manini Ríos es en parte responsabilidad del FA; su figura fue sostenida y promovida durante el gobierno de Mujica y luego de Vázquez, aún con su pensamiento conservador y autoritario que nadie desconocía.
En relación a los derechos humanos en democracia, no se puede dejar de remarcar que durante los gobiernos frenteamplistas la cantidad de presos sociales alcanzó un record histórico y en relación a la población es una de las más altas de América Latina; además de que las condiciones de privación de libertad han sido inhumanas y condenadas a nivel internacional.
Con el correr de los años se fueron endureciendo las políticas represivas, aumentando las penas, poniendo trabas a los regímenes de libertad anticipada, fortaleciendo a las fuerzas represivas, dando un rol a las fuerzas armadas en la custodia de las cárceles y en zonas de frontera, entre otras cuestiones. Desde el gobierno se apeló a megaoperativos en barrios populares y se reprimieron movilizaciones opositoras que criticaban distintas políticas del gobierno (UPM, Codicen, esencialidad en la educación, etc.)
Tabaré Vázquez, además, elaboró el decreto antipiquetes que da cobertura legal a la represión estatal ante cortes de rutas u ocupaciones y durante su segundo mandato se sancionó la ley antiterrorista, a tono con las políticas del imperialismo para la región y para reprimir la protesta social.
En relación a la agenda de derechos democráticos elementales durante los periodos de gobierno del Frente se dieron algunas concesiones y sancionaron leyes progresivas aunque con muchas limitaciones como el matrimonio igualitario, aborto legal, consumo de marihuana, etc.). Estos logros, en ocasiones con opositores en las propias filas del partido de gobierno y limitados producto de las negociaciones con los sectores conservadores, fueron motorizados por los movimientos sociales pro derechos; nadie regaló nada, en todo caso fueron productos de décadas de luchas y movilizaciones para ampliar derechos y libertades.
Un Frente Amplio totalmente integrado al régimen político
Cabe preguntarse entonces qué puede haber sucedido en estos 50 años que llevaron a que aquel Frente Amplio temido, resistido y perseguido por las clases altas y el imperialismo en los comienzos de los 70 se haya transformado en un partido confiable para estos mismos sectores.
Ya desde sus orígenes, y a pesar de un programa tenuemente transformador (que incluía al menos en los papeles cuestiones tales como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior), la naciente coalición de izquierdas buscó canalizar el ascenso obrero y popular hacia el terreno de las elecciones, generando confianza y expectativas en que se podrían lograr transformaciones profundas con solo llegar al gobierno.
Ante el golpe del 73 (e incluso durante las jornadas previas de febrero) el Frente no potenció la profunda disposición a la lucha de los trabajadores y estudiantes que enfrentaban en la calle a los militares. La dirección mayoritaria llevó la resistencia hacia un callejón sin salida y a pesar del heroísmo de su base militante, durante el gobierno militar buscó acuerdos y acercamientos a sectores burgueses (que en su momento incluso votaron medidas represivas) como el nacionalista Ferreira Aldunate.
Hacia el final de la dictadura, cuando nuevamente el pueblo se encontraba a la ofensiva y quería terminar con el régimen de miseria que habían impuesto los militares, el Frente se constituyó en la pata izquierda de la transición pactada con los genocidas. Pacto de Club Naval mediante, el FA fue garante de la impunidad y del mantenimiento de cambios regresivos impuestos durante el periodo dictatorial.
Partiendo de esa matriz reformista y conciliadora, con los años fue profundizando su integración al régimen político, mostrándose primero como una "oposición responsable", que contenía a los trabajadores cuando aumentaba la conflictividad; o luego siendo un prolijo gobernante en la Intendencia de Montevideo (con su política de privatizaciones y tercerizaciones, así como de represión a vendedores ambulantes como sucedió en los 90 cuando Tabaré era intendente).
De aquel discurso confrontativo y crítico con el Uruguay batllista (por José Batlle y Ordóñez que impulsó una modernización capitalista a principios del siglo XX), que al menos declarativamente proponía transformar al Uruguay con cambios profundos, se pasó a esta versión “moderna” del Frente Amplio, aceptada por las clases dominantes y totalmente integrada al régimen político.
La crisis del 2002 puso en evidencia el rol del FA como instrumento de contención y apaciguador de los conflictos; pero su llegada al gobierno mostró en toda su plenitud su perfil de gestor y administrador del capitalismo neocolonial del Uruguay.
Su derrota en estas últimas elecciones hay que entenderla desde las expectativas que alguna vez despertó en los trabajadores y el pueblo, pero que llegado al gobierno no cumplió, dando lugar de esta manera a la recomposición electoral de la derecha.
La apatía, el escepticismo, incluso el voto de sectores pobres a conservadores autoritarios como Manini, hay que entenderlos desde el desengaño que provoca ver que más allá de algunos matices el Frente Amplio no se diferencia mucho de los mismos partidos tradicionales que han gobernado a favor de las clases dominantes por casi 180 años. | 
