Actualmente numerosas organizaciones internacionales como Naciones Unidas vislumbran como un problema de mediano plazo la escasez de agua en el mundo. En particular, en zonas áridas o semi áridas. En Mendoza, este tema que se presenta como un problema de todos, pero ¿realmente es así?. En esta nota argumentamos que no y desde la Izquierda Diario consultamos a productores y contratistas de Mendoza sobre los problemas que tiene con la dotación del agua.
En estos últimos años, en Mendoza, la aparición de períodos de déficit hídricos, han generado que el gobierno provincial declare repetidamente el estado de “emergencia hídrica” y son de público conocimiento las campañas que han destinado a pobladores a cuidar el agua. Sin embargo, el gobierno hace hincapié en las causas naturales del problema -como la merma en las nevadas-, pero excluye otros aspectos que también explican la ausencia del agua. Este problema de la escasez suele presentarse como una problemática general y homogénea de todo los mendocinos, sin embargo, esto oculta que existan asimetrías según los distintos usos del agua, los actores sociales involucrados en la apropiación y el manejo del agua. Dicho de otro modo, mientras el gobierno macha la idea de la escasez como problema “de los mendocinos” y que debemos cuidarla, los contrastes en el acceso al agua plantean interrogantes respecto de la generalidad de este problema.
En este sentido, la situación de los productores durante esta temporada de vendimia es alarmante. Por un lado, los turnos de riego de miles de productores han sido retrasados, disminuidos e incluso en algunos casos se les ha notificado desde mediados de febrero que es el último turno de agua para riego. Incluso a productores que todavía no han cosechado. Esto tiene un impacto profundo en la calidad y la rentabilidad de los productores por la pérdida de peso de los racimos y en el amarillamiento de follaje de la planta, como señalo una especialista que asesora a productores a la que consultamos.
En la Zona Este esto se ha sentido con particular fuerza. En Junín desde Irrigación se les han enviado una notificación que desde mediados de febrero no tendría agua hasta la nueva temporada. Ariel, contratista de Medrano, Junín, indicó que el caudal de riego es cada vez menor; “durante el turno, primero nos ingresaba a la finca un caudal de 300 lts por minuto, después bajó a 250, luego a 200, y ahora no sé si llegamos a 180 litros por minuto”. Es decir, que para una finca de 10 has, 24hs de turno con ese caudal representa un riego de solo 2mm. Además, agrega: “Hemos sufrido muchos retrasos en los turnos, incluso nos han salteado turnos, y hasta nos han cortado a veces el turno de manera repentina; y los tomeros no saben darte un panorama claro de la situación, ni decirte si van a suplir o no los turnos que se saltean”, indicó a quien consultamos desde la Izquierda Diario. Respecto a la situación de otros productores señalo; “nosotros incluso en esta zona estamos mejor que otros; yo formo parte de una asociación de contratistas, y sé que en otras zonas la situación está aún peor; a medida que uno se aleja de los diques, la situación se agrava; en Rivadavia, San Martín, y más al Este la situación es muy grave. En veinte años que llevo trabajando en viña, nunca vi una crisis como esta; quizás antes se veían problemas de distribución, pero esto no”, manifestó finalmente el contratista.
En palabras de Jorge, contratista en Las Catitas, Santa Rosa, manifestó que los contratistas y productores estamos peleando para que nos den un turno a fin de marzo o abril, porque si no la cepa pasaría sin agua hasta agosto; es decir, medio año sin agua”. Esto, según manifestó, determinaría la muerte por deshidratación de las cepas nuevas, además del efecto negativo en los viñedos en producción. “Si uno no tiene un pozo la situación es insostenible. Está muy complicado el tema del agua aquí en Santa Rosa y en La Paz”, agregó.
Foto: Vinomanos
En Luján, que corresponde a la primera zona de riego, una especialista que asesora pequeños productores de la zona de Pedriel y Medrano, indicó que en la primera la situación es preocupante porque si bien no se han salteado turnos de riego, los turnos han sido más cortos. No hay estimaciones certeras sobre cuánto se ha reducido el caudal. Aunque el personal de irrigación les dijo que iban a hacer mediciones de eficiencia de riego brindando mediciones del caudal que ingresaba a finca, pero “no aparecieron en toda la temporada”, según dijo la ingeniera. En la zona el último turno sería a fin de marzo, aunque no los han notificado por escrito; recordemos que en muchas de estas zonas no se cosecha hasta entrado abril.
Sin embargo, esto parece que no afecta de la misma manera a todos los actores y zonas. Recientemente, se conoció el caso de robo de agua en la cuenca del Atuel, que termino en escándalo y el desplazamiento del Inspector de Cauce de La Junta, Coihueco y Sosneado. También es conocido los problemas que hay en el Valle de Uco por las denuncias de hace unos años por el otorgamiento de pozos de agua –cosa que estaba prohibida- a nuevos emprendimientos. A esto se le suma la paradoja que mientras cientos de fincas no tienen agua para regar, desde el gobierno provincial insisten en impulsar actividades que demandan agua como la megaminería y el fracking. Para estos intereses empresarios pareciera que no existe el problema de la escasez. Otro tanto sucede con los productores grandes que tienen posibilidad de tener un pozo de agua, tanques de almacenaje o recurren a prácticas clientelares de compra de cupos o permisos discrecionales para abrir pozos, de manera que pueden escaparle a la escasez.
Ahora bien, según la Departamento General de Irrigación la agricultura utiliza el 80% de la dotación de agua. Y se estima que cerca de la mitad de la misma se pierde por la ineficiencia de los sistemas de riego. La Dirección General de Irrigación ha definido necesario que se destine un monto de U$S 240 millones para mejorar canales de riego secundarios de unas 90.000 hectáreas, es decir, el 30% de las 300.000 que se riegan hoy, ¿Cómo se podría conseguir el dinero? No de donde argumentaba sectores de la UCR y el Peronismo como justificación para modificar la 7722. Según ellos se podía financiar con la posibilidad de obtener nuevas regalías mineras por proyectos ligados a la megaminería o el fracking.
Como muy bien denunciaban las Asambleas por el Agua con la Ley 9209 -modificatoria de la 7722- en su art. 11 creaba un "fondo de compensación" conformado por 1,5% de la facturación de la minería metalífera, con la mitad del cual se podría destinar a financiar mejoras en el sistema de riego y distribución de agua para consumo humano. En el caso concreto del proyecto de Minera San Jorge su concreción habría aportado -en base la cotización actual de los metales- unos 2,05 millones de dólares por año. Es decir, el 0,85% de la inversión necesaria para poder realizar la obra de mejora de la eficiencia del riego. Es decir, que en solo 100 años habría cubierto el 85% de la obra. Sin embargo, esto se podría cubrir si se destinara el 4,1% de las regalías a los yacimientos petroleros provinciales que ya obtenemos que rondan los $3.724.895.017 pesos anuales. Sin necesidad de modificar la estructura productiva de la provincia.
En definitiva, la sequía histórica que está transitando Mendoza pone evidencia la poca previsión e inversión en infraestructura para poder distribuir el agua en beneficio de los miles de productores y contratistas mendocinos y no para el negocio de unos pocos. También se vuelve necesario que las obras hidráulicas que se realizan no refuerzan la desigualdad distribución del agua y su revés que es la escasez, sino que se dirija en beneficio de las grandes mayorías trabajadores en desmedro de los grandes grupos bodegueros y mineros. El agua de Mendoza no se negocia.
