La crisis del coronavirus está llevando a nuestro sistema público de salud al borde del colapso, en particular los servicios de UVI y UCI. Desde el gobierno se vienen anunciando medidas para contener la expansión sin conseguirlo. Algunas de ellas ya suponen un grave trastorno en la vida de millones de personas, como el cierre de centros educativos en la comunidad de Madrid, Vitoria y La Rioja, y otras que se prevé que tengan en el corto plazo consecuencias económicas negativas.

Este martes 10 el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para anunciar algunas más: reducciones horarias para conciliar la vida laboral, flexibilidad laboral y ayudas a las empresas, han sido los ejes de su intervención.

Además de la grave crisis sociosanitaria, una crisis social y económica también se está instalando. Como en la de 2008, la pregunta de quién pagará la crisis vuelve al debate público.

Por un plan de emergencia para contener la epidemia y evitar el colapso del sistema público de salud

Esta emergencia socio-sanitaria puede llevar al colapso a un sistema público de salud que arrastra una década de recortes y privatizaciones. Es urgente un plan de inversiones que evite el colapso del sistema sanitario y pueda contener la expansión del coronavirus en los próximos días y semanas. Para eso, habrá que revertir los recortes, que el PSOE ha seguido manteniendo situando el gasto 6 décimas por debajo que el de 2011.

Hay que implementar todos los recursos y contratar el personal necesario de forma inmediata, en especial en unidades UVI, UCI y respiradores artificiales y reabrir todas las camas cerradas, abrir nuevas y contratar a todos los licenciados, diplomados y graduados sanitarios en paro.

Hay que implementar todos los recursos y contratar el personal necesario de forma inmediata, en especial en unidades UVI, UCI y respiradores artificiales, como están señalando los mismos profesionales. Para ello habría que reabrir todas las camas cerradas y abrir nuevas; la contratación de todos los licenciados, diplomados y graduados sanitarios en paro; el pase a jornada completa de todos aquellos que están contratados por horas que lo deseen; y la dotación de todos los medios de diagnóstico, protección y atención necesarios. En el mediano plazo, es necesario elevar los fondos dedicados al sistema nacional de salud hasta al menos el 9% del PIB -la media de la UE-.

En una década de recorte se han perdido cerca de 21.000 millones en inversión, unos 9.000 médicos y más de 5.000 plazas hospitalarias y según la Encuesta de Población Activa todavía hay más de 80.000 trabajadores sanitarios en paro. La gran beneficiada de esta década ha sido la sanidad privada que ya representa el 30% del total. Las externalizaciones de servicios, pruebas diagnósticas y la introducción de la gestión privada, ha hecho enriquecerse a esta patronal que vive a costa de nuestra salud y mueve 30.000 millones al año.

Por eso, para evitar el colapso que ya advierten sus trabajadores, como el Sindicato de Enfermería de Madrid que ha denunciado el estado de “cansancio extremo”, es necesario intervenir también sobre la sanidad privada. La misma organización de consumidores FACUA ha planteado una medida esencial: que el gobierno intervenga todos los recursos de la sanidad privada para ponerlos al servicio de la red pública. Es urgente y necesaria la puesta bajo control público de todos los hospitales y clínicas privadas, así como de todas las empresas productoras de material sanitarios y toda la Farmaindustria.

Mientras los índices bursátiles se desploman, empresas como la española PharmaMar han subido un 15%, como otras multinacionales del sector -más de 30- que se encuentran ahora compitiendo entre sí por ver quien logra primero la vacuna y la correspondiente patente, en vez de cooperar y poner todos los recursos disponibles para lograr la más rápida solución.

Por último, todo este proceso de restructuración y relanzamiento de la sanidad pública debería estar dirigido por comisiones formadas por las organizaciones sindicales y profesionales, comités de empresa, asociaciones de pacientes y usuarios, que garanticen un sistema de salud al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.

Ante el cierre de centros educativos: licencias pagadas para el cuidado de menores

Una de las primeras medidas que conmociona a las familias asalariadas es el cierre de todos los centros educativos desde los 0 años hasta la universidad. Hasta ahora la medida se ha aplicado a Vitoria y poblaciones próximas, La Rioja y Madrid. Solo en esta última más de 1 millón de menores quedarán sin clases a partir de este miércoles 11.

Se trata pues de medidas tomadas sin atender sus consecuencias directas en los sectores más humildes, que se acompañan de otras que rozan el ridículo. Como las recomendaciones del Gobierno vasco de viajar en transporte público dejando un metro de distancia, sin considerar que, sin un aumento de las flotas de bus, metro y cercanías, y una reducción de las frecuencias seguiremos viajando hacinados en las horas punta.

Es urgente establecer como obligatorio que todas las empresas permitan el goce de licencia con sueldo a uno de los miembros de la unidad familiar para el cuidado de menores.

El cierre de los centros escolares es una medida que golpea de lleno a las familias trabajadoras. Las que no pueden pagar un servicio de canguro y tienen los trabajos más precarios, donde ni el teletrabajo -que hasta antes de esta crisis apenas representaba un 4,3% de los empleos- ni la conciliación de horarios son posibles. Las dificultades para atender a sus hijos pueden tener consecuencias aún más graves, si finalmente se termina recurriendo a los abuelos y abuelas. Se trata de dejar a una de las poblaciones de mayor riesgo pasando horas y horas con uno de los sectores más asintomáticos de los infectados, los niños, pero igualmente transmisor.

Todas estas consecuencias van a descargarse de manera primordial sobre los hombros de las mujeres de estas familias. El gobierno, que se jacta de “feminista”, ha aprobado medidas para mitigarlas, que resultan totalmente insuficientes.

Hasta ahora lo único que se ha anunciado es “facilitar la reducción de jornada”, sin aclarar qué grado de obligación tendrán las empresas para acatarla y si esto implicará reducción salarial, tal como lo dicta la legislación vigente sobre medidas de conciliación familiar. Este miércoles han adelantado también que estudian la aprobación de una prestación, sin señalar la cuantía pero sí que en ningún caso correrá a cargo ni de las empresas ni de sus mutuas.

Es urgente establecer como obligatorio que todas las empresas permitan el goce de licencia con sueldo a uno de los miembros de la unidad familiar para el cuidado de menores. Una licencia que no debería implicar ningún tipo de perjuicio ni reducción salarial, como sucede con las bajas médicas o las excedencias para el cuidado de familiares.

Otra cuestión importante es atender a las condiciones laborales de las personas que cuidan a niños, personas mayores y enfermos: trabajadoras del hogar, cuidadoras a domicilio y canguros, en su mayoría son mujeres e inmigrantes las que cubren estos puestos. En estos días se está multiplicando la demanda de estos trabajos, en condiciones de extrema precariedad y sin condiciones sanitarias adecuadas.

Prohibición de los despidos, 100% de salario en bajas, confinamientos y suspensiones, no consumir el desempleo y reducción de la jornada laboral sin disminución salarial

Los efectos del coronavirus sobre la economía mundial se están haciendo sentir en las Bolsas y la agudización de los aires recesivos. En países como el Estado español -que hasta ahora se jactaba de esquivarlos pero que se encuentra junto a Italia en el centro de la crisis actual europea- la recesión puede tener un impacto inmediato en destrucción de empleo y suspensiones en sectores claves de la economía.

Nos referimos en primer lugar a todos los sectores del sector privado que empiezan a verse afectados como la hostelería o espectáculos. El Ayuntamiento de Madrid anunciaba este martes el cierre de todos los teatros. Por su parte, el turismo representa el 15% del PIB y ha generado el 20% de los empleos, después de la crisis de 2008, la mayoría de una gran precariedad. La Confederación Empresarial de Hostelería habla ya de una caída del 15% de las ventas. En el sector aéreo en estos días se ha producido una bajada del 2,3% del número de vuelos, algo que se prevé se agrave. Air Europa ha anunciado un ERTE tras la decisión de la anulación de los vuelos con Italia. Según el FMI se espera un retroceso, en el sector aéreo internacional, similar al vivido tras los atentados del 11S.

Son necesarias medidas como la prohibición de los despidos, que en las bajas, confinamientos y suspensiones se garantice el 100% del salario sin consumir el seguro de desempleo y la reducción de la jornada laboral sin merma de sueldo en los sectores más afectados.

En el sector hotelero han visto reducirse las reservas que son habituales desde estos meses para las vacaciones de Semana Santa y verano, y un 75% de las empresas están sufriendo cancelaciones. Solamente la cancelación de los viajes del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) anunciada por el ministro de Sanidad, supone una reducción en la contratación de 900.000 plazas menos. Los despidos y, sobre todo, la no contratación en el inicio de temporada, dejarán a decenas de miles en la calle.

Otro gran afectado empieza a ser el sector del automóvil, que supone el 5% del PIB y el principal motor industrial. Varias empresas han anunciado que pueden quedarse en las próximas semanas sin suministros de piezas provenientes de China ante la paralización de esas fábricas. La Volkswagen de Navarra ha preanunciado un posible ERTE para los próximos días, la SEAT de Martorell afirma que solo podrá aguantar hasta comienzos de abril y otras auxiliares, como Denso o Fujitsu que exportan para Toyota desde Málaga, se encuentran en una situación similar. Los sindicatos advierten que, de seguir así, los anuncios de suspensiones pueden producirse en cadena y de forma masiva.

El gobierno no ha anunciado ninguna medida para atender esta inminente ola de despidos y suspensiones, a la espera de negociarlas con la patronal y los sindicatos el próximo jueves. Solamente aquellos trabajadores directamente afectados por el virus o por confinamiento, podrán acogerse a una baja por accidente laboral lo cual implica una rebaja del 25% de sus ingresos. Ante este escenario son necesarias medidas mucho más contundentes, como la prohibición de todos los despidos, que en caso de baja o confinamiento y de suspensiones (ERTEs) por restricciones sanitarias o imposibilidad de continuar con la actividad, se garantice el 100% del salario y sin consumir el seguro de desempleo y la reducción de la jornada laboral sin merma de sueldo en especial en aquellos sectores que vean caer su actividad para conservar los puestos de trabajo.

¿Quién tiene que pagar el coste de estas medidas?

La crisis de 2008 la pagamos la clase trabajadora y los sectores populares en forma de despidos masivos, recortes, contrarreformas y un déficit fiscal para rescatar a las grandes empresas y la banca, que ha quedado como hipoteca para tres generaciones.

En esta ocasión ¿pasará lo mismo? ¿hay otra alternativa? Sí, que las medidas de emergencia y sus costos económicos y sociales recaigan sobre los grandes capitalistas y no sobre las mayorías sociales. Pero esto parece que está fuera de la agenda de Sánchez e Iglesias si nos atenemos a los anuncios hechos hasta ahora.

Medidas como las que proponemos podrían ser un primer paquete de emergencia para contener las consecuencias colaterales del impacto del virus y garantizar las medidas sociosanitarias para combatirlo.

El dinero necesario para abordar esta crisis debería salir de impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios empresariales y medidas como la nacionalización sin indemnización de sectores como la banca.

La patronal, por su parte ya ha salido con sus propias recetas; quiere aprovechar la crisis para sacar tajada. Reducir cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto de Sociedades, que se faciliten los ERTE y asuma todo el coste salarial el Estado o anular el preaviso de 15 días para presentar EREs, son algunas de sus principales propuestas. El gobierno de momento no las ha hecho suyas al completo, aunque se ha mostrado abierto a las rebajas de impuestos y cotizaciones. También han filtrado a los medios que no se plantean derogar este año nada del legado de ajustes del PP y lo más probable es que se prorroguen los Presupuestos de Mariano Rajoy.

La patronal tiene muy claro de donde saldrían los fondos para su plan ante el coronavirus: del bolsillo de la clase trabajadora, el dinero público y la ya casi quebrada Seguridad Social, que ha pasado de un fondo de reserva de 60.000 millones en 2009 a 1.500 en la actualidad.

La clase trabajadora tiene que levantar un programa opuesto al de los capitalistas, que plantee de donde deberían salir los recursos para financiar medidas de emergencia como las que proponemos.

Los mismos que quieres esquilmar nuestros salarios directos, indirectos y pensiones, han visto cómo los beneficios empresariales subían una media de un 13% anual en los últimos 6 años, acercándose al medio billón de euros. Es sobre los beneficios de estos grandes capitalistas donde hay que poner el ojo y pelear por impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios empresariales y la nacionalización sin indemnización de sectores como la banca, que en su último rescate se llevó 42.000 millones de dinero público. Solamente las empresas del IBEX35 ganaron en 2018 38.187 millones de euros y los cinco mayores patrimonios -Amancio Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig, Sandra Ortega y Sol Daurella- sumaban en el 2019, 104.890 millones de euros.

Es de ahí y no de nuestros bolsillos, de donde tienen que salir los recursos necesarios para atajar esta nueva crisis social, económica y sanitaria.

Solo así podremos garantizar fondos suficientes para los permisos retribuidos, ayudas a la manutención de menores o el 100% del salario en caso de suspensión; otras que eviten la quiebra y la ruina de sectores intermedios como los autónomos o pequeños productores, para sufragar sus cotizaciones o facilitar créditos a bajo interés que les permitan sortear la situación; y todas las que se deriven de la atención sociosanitaria para frenar la expansión epidémica del coronavirus.

Esta tarea no puede ser solo en el plano de un Estado, sino que debe ser parte de una lucha internacional. La coordinación de la UE y sus ministerios de sanidad, de la que se vanagloriaba ayer Sánchez, es una coordinación bajo los criterios de la austeridad y el respeto al lobby farmacéutico. Necesitamos una coordinación que sirva para poner bajo control estatal toda la sanidad y las farmacéuticas hoy privadas para planificar la investigación científica y la lucha contra el virus en Europa y el resto del mundo.

Hay que pelear por un plan de emergencia bajo control de las organizaciones obreras y de consumidores

Es sorprendente y lamentable ver cómo, mientras los representantes de las grandes empresas aprovechan la ocasión para pedir medidas que les permitan mantener sus millonarios beneficios, los sindicatos mayoritarios y la izquierda reformista, hoy ya en el gobierno, guardan un silencio cómplice ante el plan de medidas que se está imponiendo.

Recuerda, salvando las diferencias, a los primeros meses de la crisis de 2008. En aquel momento Zapatero tenía la desfachatez de convocar a la Moncloa a los representantes del IBEX35 para discutir qué medidas adoptar y cuando anunció un aval de 100.000 millones de euros para evitar la quiebra de la banca privada, los secretarios generales de CCOO y UGT hicieron una rueda de prensa para respaldarlo.

Con la crisis del Coronavirus está pasando algo similar. Es necesario exigir a las direcciones sindicales que rompan su silencio y opongan a las medidas de la patronal y el “gobierno progresista” un plan de emergencia que preserve las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora y el pueblo, y se aplique en base a los beneficios de los grandes capitalistas. Construir una izquierda que pelee por esta perspectiva es más importante hoy que nunca. Una izquierda de la clase obrera y anticapitalista para una época en la que este sistema está demostrando en el siglo XXI que no tiene nada más que ofrecernos que un futuro cada vez más próximo a los escenarios de barbarie a los que nos llevó en el siglo XX.