Este martes está previsto que el Gobierno apruebe la reforma de la legislación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) junto a un paquete de medidas económicas ante la crisis del COVID-19. Se prevé que esta reforma este encaminada a flexibilizar y agilizar los despidos masivos e irá acompañada de un paquete de medidas y la inyección de millones de euros para salvar a las empresas.
Aunque aún no ha sido anunciada públicamente la reforma, la Patronal ’confía’ en que la medida tenga carácter retroactivo para que se aplique a los expedientes que ya han sido presentados y están pendientes de aprobación administrativa. Por ese motivo muchas empresas ya han comenzado a presentar ERTEs en la administración pública este mismo lunes.
En Andalucía ya hay 120 expedientes presentados, 70 en Cataluña que solo en esta región afectarían a 3.819 trabajadores, en la Comunidad Valenciana se han presentado 137 que afectan a 3.819 trabajadores y la lista continúa. Esto es solo un adelanto por lo que se calcula que centenares de miles de trabajadores irán al paro en los próximos días y por tiempo indeterminado.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, muy utilizados a partir de la crisis de 2008, permiten a las empresas suspender varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado, pudiendo ser incluso la totalidad de su plantilla. Ello implica que la empresa deja de pagar los salarios de los trabajadores por un tiempo.
Al tratarse de un despido, aunque no definitivo sino temporal, supone que el trabajador, pasa a cobrar la prestación por desempleo que supone solo un 70% de su salario y que será asumida por el Estado, lo que supondrá un desembolso millonario de las arcas públicas. Al mismo tiempo el Estado deja de percibir una parte importante de las cotizaciones de la seguridad social mientras duran estos ERTEs. Algo que sin duda repercutirá en las partidas que podrían asignarse en momentos como estos a la sanidad e incluso a las pensiones.
Tras años de flexibilización y precarización laboral muchos de los trabajadores a los que les afecten los actuales ERTEs además no podrán ni tan siquiera cobrar el desempleo porque no cumplirán los requisitos que exige la administración para ello, como haber acumulado el periodo de cotización necesario. En otros casos, podrán acogerse a la prestación pero esta no reflejará la realidad de sus salarios. Un ejemplo son todas aquellas trabajadoras y trabajadores de sectores donde la nómina se complementa con las llamadas `horas complementarias’ que llegan a suponer en muchos casos más de un 50% del total percibido a final de mes. Estas horas no son contabilizas a la hora de calcular el desempleo.
Los ERTEs suponen un asalto al salario indirecto de los trabajadores, y la preparación de una crisis de deuda del Estado que como ya ocurrió en el periodo anterior de la crisis capitalista, acabará traduciéndose en nuevos ajustes al pueblo trabajador.
Cientos de empresas se acogerán a la nueva legislación aprovechando la flexibilización que se espera con la reforma. Muchas de ellas de sectores clave de la economía como el comercio que emplea a 3,2 millones de trabajadores, la hostelería, a 1,7 millones, las plantas de automóviles y la industria en general a 2 millones o la educación a 1 millón.
Algunas de las empresas que ya han presentado o anunciado la aplicación de un ERTE entre sus trabajadores
Entre la industria del metal y la automoción los primeros en anunciar expedientes ha sido la ferroviaria CAF, que este lunes cerró sus plantas de Beasain e Irun (Guipúzcoa), con unos 4.400 trabajadores. La empresa permanecerá cerrada con permisos hasta este miércoles y se acogerá a un ERTE a partir del día 23. En Valencia, Ford comunicó el cese de su actividad desde hoy y se prevee presente un expediente en los próximos días que afectará a sus 7000 trabajadores de la planta de Almusafes. Seat cierra su planta de componentes y de cajas de cambio en Martorel. Volkswagen también comunicó el cese de su producción y Nissan acordó parar la planta de Ávila aplicando un ERTE desde este lunes. Michelin anunció que cerrará temporalmente sus cuatro fábricas situadas en Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid, que suman 8.000 trabajadores.
También la empresa zaragozana Pikolín que cuenta con 870 personas en toda Estado ha anunciado que presentará un ERTE ante la paralización de las ventas que está suponiendo el cierre de tiendas. Además, la actividad de su centro productivo y logístico en Zaragoza cesará temporalmente este martes aunque no ha precisado a cuántas personas afectará el expediente.
Entre las aerolíneas, Iberia fue la primera en anunciar el viernes pasado su intención de realizar un ERTE que podría afectar al 90% de la plantilla. Hoy, multitud de aerolíneas europeas están anunciando recortes drásticos de capacidad que, presumiblemente irán acompañadas de reducciones de plantilla. Por ejemplo, Norwegian aplicará durante mínimo un mes un programa reducido de vuelos que supone la cancelación del 85%, además de aplicar la suspensión temporal de empleo a casi el 90% de la plantilla, unos 7.300 trabajadores en total, entre todos los países en los que trabaja entre pilotos, tripulantes de cabina (TCP) y personal de mantenimiento y administrativo. Se espera que la compañía apliqué un ERTE a sus empleados en el estado español. Air Europa también ha anunciado un ERTE que se estima que afecte a la mayoría de su plantilla que consta de 3.600 empleados entre sus 22 centros de trabajo en el Estado.
El sector de la hostelería es otro de los sectores en los que se prevé mayor oleada de despidos y expedientes temporales. El grupo Alsea, que gestiona marcas como Burger King, Domino’s, VIPS, Starbucks o Foster’s Hollywood, y que cuenta con más de 22.000 personas en plantilla se ha adelantado al anuncio del Gobierno para anunciar un ERTE que afectará a la totalidad de sus trabajadores.
Muchas promesas pero todas las medidas están dirigidas a hacer pagar la crisis a las y los trabajadores
Es un hecho que la situación abierta por el COVID-19 ha tenido un gran impacto en la economía a nivel mundial afectando en primer lugar a sectores privados como la hostelería o el trasporte. Algunos de las consecuencias como destrucción de empleo y suspensiones temporales se han hecho notar.
El viernes el Gobierno se reunió con patronal y los sindicatos CCOO y UGT. El resultado de esa primera reunión será público mañana martes, pero ya conocemos todos estos adelantos y la avalancha de ERTES presentados nos avanza la dirección de las medidas.
El Gobierno ha agilizado los tramites para poner a disposición de las empresas un nuevo marco administrativo y un paquete de medidas que faciliten las suspensiones temporales de empleo y que reduzcan el impacto de la parálisis la actividad en algunos sectores de la economía. Se ha anunciado por ejemplo que habrá una inyección de dinero y avales públicos a las empresa algo que en estas horas se está terminando de negociar. También se aplazará el pago de impuestos a empresas durante posiblemente 6 meses.
Mientras se da todo este aire a los empresarios, cientos de miles de familias en el paro van a tener que seguir haciendo frente a sus pagos. Los suministros, alquileres y demás impuestos no son aplazados, mientras se ven reducidos los salarios o directamente se deja de cobrarlos.
El impacto de esta crisis en la economía, y en algunos de los sectores, puede prolongar la inactividad más allá del periodo de cuarentena. Algunas de estas empresas como Air Eiropa ya han anunciado que sus expedientes se extenderá más de un mes. En concreto la aerolínea anunciaba que en su caso sería efectivo hasta junio.
La crisis del Coronavirus no puede recaer en los sectores populares y el pueblo trabajador. Ante esta situación no se puede permitir ni un ERTE, ni un despido, debemos exigir licencias con el pago del 100% del salario, tomando como referencia la media cobrada en los meses anteriores para los contratos que incluyen horas complementarias como ocurre de manera generalizada en la hostelería. Y que el pago de los salarios esté a cargo de las grandes empresas y sostenido con impuesto a las grandes fortunas. No podemos permitir que se imponga el consumo del desempleo.
Las direcciones sindicales no se han pronunciado ante la oleada de ERTEs anunciada. Es necesario exigir a todas las direcciones de las centrales sindicales que rompan su silencio y opongan a las medidas de la patronal y el gobierno de PSOE y Unidas Podemos un plan de emergencia que preserve las condiciones de vida y trabajo de los sectores populares y el pueblo trabajador. y se aplique en base a los beneficios de los grandes capitalistas.
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