La falta de acceso a agua potable, sistemas de cloacas, los niveles de hacinamiento y la limitada oferta de centros de salud gratuitos y de calidad, forman un cuadro peligroso en el que se inscribe la condición habitacional de enormes sectores de la población.

La situación desatada al calor de la pandemia por el peligro de que se expanda rápidamente el coronavirus, deja expuestos a determinados sectores sociales más que otros, pero, ¿cuáles son esos sectores? ¿Cómo se configuran poblaciones cuya precariedad en el mundo del trabajo se refuerza bajo la forma en la que se organiza sus viviendas?

Según un informe de la Encuesta Anual de Hogares del 2018, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, existen 365.000 hogares con déficit habitacional (construcción incompleta, con materiales precarios o con hacinamiento, es decir más de 3 personas por habitación), en donde habitan 1,17 de las poco más de 3 millones de personas que viven en la Ciudad. Son 7.900 las que viven en situación de calle y se estiman 20.000 más en riesgo de quedar en la calle. La relación entre vivienda y salud no es en absoluto desconocida: quienes se encuentran entre los sectores socioeconómicos de menores ingresos tienden a vivir en “áreas urbanas hiperdegradadas” y son quienes presentan los peores indicadores de salud.

Los derechos y garantías no son para todos

Pero, ¿cuáles son las formas concretas que asume la desigualdad habitacional? Sin ir más lejos, en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, un 84% de la población cuenta con una conexión irregular de electricidad que (tomando como referencia las Comunas 1, 4 y 8 que asciende al 100, 84 y 94% respectivamente). Por otro lado, el 93% cuenta con una conexión irregular a la red pública de agua en la mayoría de sus hogares, y el 96% utilizan gas de garrafa como principal fuente de energía. Solo en un 56,6% están conectadas a la red de desagüe pluvial, estando expuestos a inundaciones y enfermedades relacionadas al estancamiento de agua. Como señala la legisladora Alejandrina Barry en esta nota, en el barrio 21-24 de Barracas, el 25% de los niños menores de 6 años tiene plomo en la sangre siendo los más afectados por la contaminación del Riachuelo. A su vez, el 53% de las villas y asentamientos de la CABA no cuenta con pavimentación en las calles, dificultando el acceso tanto de personas como ambulancias, como sucede en la Villa 31 de Retiro.

No hay que entender estos factores como simples límites o lugares donde “falta” la intervención del Estado. Lejos de ser lugares transitorios o simples consecuencias de una economía industrial en expansión, las villas se han integrado de forma irregular al tejido urbano existente y esta realidad lejos de atenuarse se ha consolidado. Estas formas de organización de la vivienda cuyas necesidades se encuentran muy lejos de las políticas de intervención y asistencia que proponen los distintos gobiernos, producen poblaciones cuyo acceso diferenciado a los derechos y garantías básicas de reproducción de la vida, las vuelve más susceptibles a la transmisión, contagio y reproducción de enfermedades.
Ahora bien, si estos elementos conforman una situación de exclusiva precariedad en momentos de “normalidad”, ¿cómo se articulan bajo una situación de emergencia sanitaria?. Un elemento fundamental de la vivienda precaria es la situación de hacinamiento. En el total de la CABA, aproximadamente uno de cada diez hogares presenta situación de hacinamiento de personas por cuarto (10,1%). Cuando las principales políticas del Estado para prevenir el colapso de un sistema de salud - que viene de décadas de desfinanciamiento y abandono - son el llamado “distanciamiento social”, esto aparece como una broma perversa en las casas de trabajadores precarios que no sólo no pueden prescindir del trabajo diario, sino que también conviven en espacios reducidos con múltiples personas.
Son múltiples y generalizadas las denuncias alrededor de la desidia estatal en cuanto a la atención de emergencias. El esquema suele ser el mismo: los llamados a ambulancias no obtienen respuesta efectiva volviendo fatales situaciones que podrían ser evitables. Emergencia sanitaria y falta total de atención de emergencias agudizan de forma exponencial los riesgos de estas poblaciones ante la pandemia.

Lo que ningún viento se llevó

La organización de la vivienda en torno a la propiedad privada y la especulación inmobiliaria nos muestra en contextos de emergencia su cara más brutal. Son cientos de miles de familias que se encuentran permanentemente desprovistas del más fundamental derecho a la salud. Sabemos que la igualdad ante la ley que nos ofrecen las democracias burguesas no se traduce en una igualdad ante la vida. Está ampliamente sustentado el vínculo entre humedad, moho, mala ventilación y bajas temperaturas con patologías alérgicas, respiratorias y coronarias. Los índices de mortalidad por enfermedades curables se disparan cuando focalizamos en estos territorios, así como ascienden los indicadores de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Esto no es casual, las viviendas precarias exponen a quienes residen en ellas a componentes alérgenos y químicos como el monóxido de carbono y el plomo, así como a plagas de insectos y animales vinculados con la propagación del dengue y otras enfermedades.

Ante la emergencia desplegada por el brote de COVID-19 en todo el mundo, urge dar respuestas a la situación de estos cientos de miles. En la Ciudad de Buenos Aires se estima que existen más de 340.000 viviendas ociosas (según el censo del 2010, hoy estas cifras se han incrementado), aproximadamente la misma cantidad de hogares en déficit habitacional. Es necesario poner jerarquía el derecho a la vivienda digna, ninguna solución transitoria rompe el cerco de miseria que la desigualdad impone, pero la utilización de estos espacios “vacíos” puede neutralizar relativamente el agravamiento de estos sectores y la formación de focos de contagio entre los que menos tienen para hacerle frente.
Por eso no es posible pensar una respuesta adecuada a una crisis de esta magnitud sin contemplar las múltiples dimensiones que abarca: es urgente la unificación del sistema de salud público y privado que pueda evitar el colapso y ofrecer respuestas adecuadas a todos los que precisen atención. De la misma forma, es necesario garantizar licencias pagas para el conjunto de los trabajadores: solo quedarse en casa no es una solución posible, no sólo para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, sino para los millones de precarizados que trabajan a destajo. En lo inmediato es apremiante la disposición de centros ambulatorios provistos de insumos elementales para tratar el Covid-19 y el dengue en estos territorios, así como garantizar el acceso de ambulancias cuando sea necesario. La provisión de elementos de prevención, diagnóstico y seguridad por parte del Estado.

Una salida real

Necesitamos un plan integral de viviendas que dé respuesta a los distintos sectores de la clase trabajadora. No hay una salida posible a este problema sistémico sino se ataca la concentración de la propiedad privada en manos de los grandes pulpos inmobiliarios y desarrolladores.

No alcanza con un impuesto a las viviendas ociosas, es preciso expropiar dichos inmuebles sin pago para resolver lo más urgente declarando la Emergencia Habitacional que incluya la prohibición de los desalojos. Así como la creación de una inmobiliaria social con control de les trabajadores y habitantes, que cuente con un registro y banco de inmuebles disponibles para administrar el acceso a los inmuebles expropiados. Para esto se debe hacer público el registro de propiedad del inmueble. La urbanización real de las villas y asentamientos con participación de sus propios habitantes como reclaman las distintas coordinadoras por vivienda. Poner en pie organismos de autoorganización comunales o barriales que nuclee y releve la demanda habitacional de forma territorial.

Estas demandas no son solo urgentes: son realizables si se revierte el ordenamiento de toda una economía orientada al pago de una deuda odiosa. No podemos seguir financiando la fuga de capitales que habilitó la contracción de deuda cuando lo que está en juego son las vidas de millones. Y nuestras vidas valen mucho, muchísimo más que sus ganancias.

Fuentes consultadas:
Informe TECHO sobre acceso a servicios públicos de villas y asentamientos de CABA.
Informe UCA Condiciones Materiales de vida en Hogares, 2018.
Último censo poblacional 2010, INDEC.
Encuesta Anual de Hogares (EAH), Informe 2018.
Mike Davis, “Planeta de Ciudades Miseria”, 2006, Verso, UK.