El enorme estallido social que se abrió el pasado 18 de Octubre expresó el agotamiento del régimen neoliberal heredado de la dictadura, conservado y perfeccionado por 30 años de gobiernos empresariales, que se encargaron de privatizar y destruir los servicios públicos.

Este régimen tiene su expresión en la Constitución Pinochetista de 1980, fraguada por el intelectual derechista Jaime Guzmán, con la irrupción de las protestas más grandes desde la vuelta a la democracia se puso en cuestión las instituciones que ésta regula.

En la Constitución de 1980 está inscrita una concepción del rol del Estado en la economía que se ha llamado “Estado Subsidiario”, el cual consiste en que el Estado solo puede intervenir cuando el privado no quiera realizar alguna acción o no pueda, según ha definido el propio Tribunal Constitucional.

El ex presidente Lagos también lo resume en una frase al señalar que "Todo aquello que es concesionable, se debe concesionar” fundamentando que permitía la “liberación” de recursos al Estado. Esta frase expresa el rol que juega el Estado y de cómo deja espacio a la iniciativa privada para hacer negocios. Pero, además, implica promover, mediante subsidios o diversas facilidades, la inversión e iniciativa privada.

En este sentido, implica que ante la incapacidad por parte del Estado para ejecutar y otorgar diversos derechos sociales, los privados deberán hacerse cargo de lo que el servicio público no puede realizar.

Con este modelo se impulsó la privatización de nuestros derechos sociales, incluyendo el servicio de salud para la población, el cual se encuentra surcado por beneficios para las clínicas privadas y las Isapres, las cuales han amasado un enorme negocio en desmedro de la salud pública.

Partiendo de que nuestro sistema de salud es mixto, en el cual conviven dos subsistemas; uno privado, administrado por las Isapres (Instituciones de Salud Previsional), donde se atiende un 18% de la población, y un subsistema público que es Fonasa (Fondo Nacional de Salud), donde se atiende un 76% de la población.

Este modelo ha significado un control desmedido del mercado de salud por un grupo reducido de empresarios lo que les ha posibilitado el abuso constante enriqueciéndose con los altos cobros al Estado y a los usuarios.

Sólo como ejemplo, durante el 2014, la red MegaSalud, controlada por la Cámara Chilena de la Construcción, recibió más de 15 mil millones de pesos del Estado por copago de bonos Fonasa.

Como resultado del modelo en el presupuesto del 2018 se destinaron 76 millones de US$ a los privados. El 2019 se redujo la compra de insumos y contratación de personal para los servicios públicos como consecuencia de la reducción de presupuesto en casi $1.500 millones, mientras que el sector privado recibió un promedio de $60 mil millones.

O sea que, mientras se trasladan millones al sector privado (con lo que se podrían costear hospitales) se profundizan la ganancias de unos pocos.

El rol del Estado Subsidiario

En este sentido, el rol subsidiario del Estado en la economía es responsable de las condiciones criminales que hoy tiene el sistema de salud pública para afrontar la crisis que abre el coronavirus. 30 años de recursos dispuestos a los privados para el enriquecimiento de gerentes y grupos empresariales que, hoy, tienen uno de sus agentes, Jaime mañalich, en la testera del Ministerio de Salud.

Eso que “todo lo que puede hacer una empresa privada no lo haga el Estado” se tradujo en el desmantelamiento la salud pública con la subsecuente falta de estructura para enfrentar catástrofes como la que abre el COVID19.

Ante esta crisis, se abre el debate sobre el rol del Estado y que éste debiese modificarse para pasar a asumir, matices más o matices menos, un rol solidario en la economía o de bienestar, el cual implica la intromisión del Estado en asuntos de interés público, debate que desarrollamos en la siguiente nota de La Izquierda Diario.

Sin embargo, pensar en modificar el Estado por uno solidario, con empresas aportando “un poquito” más, es una utopía para hacer frente y prepararse para catástrofes como la que se está viviendo en el país.

Si el estado subsidiario es criminal, el Estado solidario es una utopía ya que hoy, con la crisis económica, hay menos espacio para las reformas. En una situación de crisis como la que vivimos hoy, con el valor del cobre a la baja, no podemos esperar que la economía, por si sola, entregue los réditos necesarios para instalar reformas que robustezcan los servicios públicos, ¿Cómo vamos a pagarlo?, ¿de dónde piensan sacar los recursos en medio de una crisis mundial? Este es un problema para su implementación, ya que desarrollar un plan de este tipo implica la necesidad de recaudar mayores recursos, pero ¿estarán dispuestas las grandes ganancias a que se toquen sus riquezas?

Para esto es necesario tocar las ganancias de los empresarios. Acá, solidarios y subsidiarios que abren el debate, quedan mudos, ambos resguardaron las ganancias de los capitalistas por más de 30 años.

En los momentos de crisis que se vive, producto del desmantelamiento de la salud pública, de la cual son responsables los gobiernos de la transición (incluyendo a la derecha y a la ex Nueva Mayoría) , es necesario un plan de emergencia para hacer frente a la crisis.

Recursos para implementar planes urgentes de contingencia, tanto económica como sanitaria, hay. Pero están en manos de un puñado de grandes empresarios que controlan la economía, quienes no cederán sus ganancias y sus negocios sin oponer resistencia. Un plan así, que implique la reconversión económica, con inversiones importantes en los sistemas de salud y medidas preventivas (como las licencias pagadas y la prohibición de los despidos) solo puede alcanzarse mediante la lucha de la clase trabajadora y la instauración de un gobierno obrero.

Por eso, Estado subsidiario o estado solidario, mientras sigan gobernando los mismos que por 30 años reprodujeron un modelo al servicio de los más ricos no caben soluciones reales para los millones que hemos impugnado este sistema.

La crisis del coronavirus requiere medidas de emergencia que se agotan en los márgenes del debate “subsidiario” o “solidario”. El sistema requiere una intervención de emergencia pues en las actuales condiciones los empresarios han dado muestras de que prefieren recurrir a medidas medievales como la cuarentena, a punta de despliegue militar, antes que tocar sus ganancias.

Hay que reorganizar la economía para dar respuesta a la crisis, reconvirtiendo la producción para producir elementos esenciales para la crisis (como camillas, máscaras, alcohol gel, etc.), con licencias pagadas a los trabajadores que servicios que no sean esenciales y a los trabajadores que tengan el cuidado de más personas, prohibiendo los despidos y con beneficios para los trabajadores en negro, sin contrato o desempleados, financiado mediante impuestos a las grandes riquezas y mediante la renacionalización de los recursos naturales.

Los trabajadores pueden dar una respuesta.