“El estado de emergencia sanitaria permitirá que el Gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la lucha contra el coronavirus. De igual manera se reafirma el cierre total de fronteras, nadie sale y nadie entra al país, salvo por razones de salud”, manifestó Áñez en conferencia de prensa anunciando esta medida.
Con este anuncio lo que se está instalando son medidas represivas para tapar las “no medidas” sanitarias como: 1) La necesidad urgente de test masivos para poder determinar quiénes están infectados y quiénes no, aislar rápidamente a quien está infectado junto a todas las personas que tuvo contacto y conocer con más certeza el mapa de la infección y actuar con más recursos en las zonas donde existen los principales focos; 2) así como fortalecer el sistema de salud unificando el público y privado, con centralización estatal de todas las camas, establecimientos, aparatología y recursos disponibles, para que el acceso sea verdaderamente universal.
El Estado debe tomar el control de todo el sistema de salud privado, para poner bajo un comité nacional de trabajadores de la salud, médicos y especialistas, para organizar la lucha no solo contra esta pandemia sino contras las otras epidemias que apremian en nuestro país como es el caso del dengue. Se trata de reorganizar todo el sistema de salud sobre nuevas bases, al servicio del pueblo trabajador y de los sectores populares del campo y la ciudad. La centralización estatal de todos los sistemas de salud públicos y privados es una tarea que ya vienen reconociendo como fundamental estados capitalistas como el de Irlanda que acaba de nacionalizar su sistema de salud privado por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia.
Con la medida de militarización de la sociedad que ha decretado el Gobierno de Áñez, lo que se va a generar es que los sectores más empobrecidos sean víctimas de violencia policial y militar, ya que no están tomando en cuenta que la mayoría de las familias bolivianas tienen que salir diariamente a generar sus ingresos económicos para vivir. Ante esta situación de que las familias tienen que salir diariamente a ganar el sustento de vida de todos sus integrantes, Áñez señaló que "Vamos a repartir canasta familiar gratuita para 1.600.000 hogares. Yo sé lo que quiere cada boliviana y boliviano, es ganarse el pan con su propio esfuerzo, pero en esta emergencia les pido aceptar esta canasta familiar" reconociendo que la medida no es suficiente porque no logrará garantizar que todas las familias cuenten con los recursos que aseguren sus necesidades básicas.
Frente a esta medida, desde la LOR-CI proponemos, como medidas inmediatas: la prohibición de despidos y salarios de cuarentena para trabajadores y trabajadoras autónomas, tercerizados y precarizados, y que sean salarios que cubran las necesidades básicas de cada hogar. Así mismo, destinar los millones de bolivianos que se usa en el despliegue de tropas policiales y militares, en el salario de cuarentena para que muchos trabajadores y trabajadoras no se vean presionados a salir "para llenar la olla" y que sus familias puedan tener condiciones dignas para su subsistencia y que les permita hacer la cuarentena.
En todo el mundo esta crisis está demostrando no sólo la desidia e inutilidad de la clase capitalista y sus representantes políticos, sino también cómo la propiedad privada de distintas ramas de los servicios y la producción son una traba para que todos los recursos necesarios estén al servicio de enfrentar la pandemia e impedir muertes que pueden ser evitables.
¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas! | 
