Las agendas políticas de la mayoría de los gobiernos fueron subvertidas en pocas semanas, y las tendencias que antes se manifestaban lentamente -como la retracción del crecimiento económico- se aceleraron de 0 a 100 en pocos días, y agitaron el fantasma de una nueva depresión y un panorama sombrío.

AMLO y el COVID19: del “todo bajo control” al aislamiento voluntario

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disfrutaba de una de las tasas de popularidad más altas de América Latina y una hegemonía envidiada por otros gobiernos de la región, incluso pese a la crisis interna de su partido, el Morena. Aunque en los meses previos ya resentía cierto desgaste y la economía mostraba estancamiento, nada permitía avizorar que, en pocas semanas, recibiría tantas críticas dentro y fuera del país, y se alterarían las previsiones políticas y económicas.

Ante la expansión de la pandemia, en el primer momento se limitó a emitir frases “tranquilizadoras” y a negarse a implementar medidas elementales para contener la expansión del virus. La justificación presidencial se basaba en que México aún no entraba en la fase de transmisión comunitaria: por detrás se adivinaba el temor gubernamental a acelerar los tiempos de la retracción económica y de la caída de su popularidad.

La curva pronunciada se vio rápidamente en la economía. El peso mexicano es de las monedas más frágiles de la región; un termómetro que se altera al ritmo de los mercados bursátiles internacionales. La devaluación del 30% en una semana, no dejó lugar a dudas y acompañó la caída pronunciada de la mezcla mexicana en los mercados de hidrocarburos.

Antes del coronavirus, la retracción del 0,1% del PIB en el 2019 fue acompañada de una expectativa de crecimiento de 0,5 para el 2020. Este escenario se hizo trizas: a tono con los anuncios de una recesión internacional: la caída vaticinada es ahora del 4%. Una pesadilla para el gobierno de la Cuarta Transformación, que muestra que la cuesta pospandémica será más que pronunciada y que puede afectar su hegemonía, en el marco de una fuerte recesión.

Desde que inició la epidemia, era evidente que México —país con incontables vasos comunicantes con Estados Unidos y Europa, destino turístico y puente aéreo para la mayoría de los continentes y con una porosa frontera norte de 3000 kilómetros por la que transita diariamente uno de los más importantes flujos comerciales del planeta—, pasaría raudamente de una fase de importación a una de transmisión comunitaria. Por eso fueron criticadas la falta de controles sanitarios preventivos en los aeropuertos y la terquedad de mantener eventos masivos, con evidentes fines comerciales.

Hace pocos días, el país transitó a la fase 2. La Organización Mundial de la Salud lo anunció primero, y el gobierno mexicano lo declaró tardíamente, llevando adelante una serie de acciones que descansan fundamentalmente en el distanciamiento social y el aislamiento voluntario hasta el 19 de abril. Recientemente, el viernes 27, anunció medidas de corte intervencionista, como es el decreto por el que se abre la posibilidad de la intervención en los hospitales privados.

Esto se combina con un pacto con los empresarios que fueron socios y beneficiarios, por décadas de los gobiernos neoliberales, y por un mayor protagonismo de las Fuerzas armadas, convocadas a tomar parte por la vía del plan DN-III en acciones de “solidaridad”.

Intelectuales y periodistas de la 4T: defendiendo lo indefendible

Distintos periodistas referenciados con el progresismo, e intelectuales afines a la Cuarta Transformación, defienden la estrategia política del gobierno ante la pandemia de COVID19.

Julio Hernández planteó en su columna de La Jornada del viernes 27, que se buscó “dosificar” lo más posible la puesta en práctica de mecanismos de aislamiento social, en función de sostener la actividad económica. Afirma que el gobierno, “ha mantenido y mantiene un enfoque del problema del coronavirus que busca no lesionar a los segmentos populares.” mediante una paralización de las actividades.

Este discurso también lo sostuvo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El programa de “Susana Distancia” fue presentado como un plan para achatar la curva pandémica, y no saturar el sistema sanitario, mientras se alerta que la fase 3 entrará irremediablemente en un momento posterior.

Lorenzo Meyer, reconocido historiador e intelectual que simpatiza con la Cuarta Transformación, defendió, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el accionar gubernamental planteando que era una respuesta “realista”. Sostuvo también que la situación del sistema de salud es una herencia del pasado con la cual debe lidiar la actual administración, y que —en el reino de lo posible— se trata de la política más acertada.

Esta narrativa pretende que el accionar errático de las primeras semanas era parte de una estrategia coherente: enfrentar la pandemia considerando la situación preexistente del sistema de salud heredado del “periodo neoliberal”, evitando tanto su saturación como la paralización económica. Bajo esta narrativa, la estrategia de aislamiento voluntario sería la única realista y posible, atendiendo a la situación económico social del país y a que millones no pueden dejar de trabajar.

Más allá de estos argumentos, es evidente que el gobierno de AMLO no tuvo una estrategia de prevención ante la situación. Eso hubiera implicado un equipamiento emergente de los hospitales y clínicas de los distintos niveles, velar por el suministro de elementos básicos que hoy escasean y garantizar los recursos económicos necesarios para ampliar el presupuesto para la salud y para la contratación de más trabajadores del sector. Implicaba también contar con pruebas de detección suficientes para detectar la expansión del COVID-19.

Esto, por no mencionar cuestiones aún más básicas: abasto de agua para los millones de mexicanos que no tienen acceso a la misma, y que no pueden realizar medidas de higiene básicas, mientras viven hacinados. Entonces, desde fines de 2019 —cuando inició el brote epidémico en China— se podían tomar medidas para afrontar esta situación y empezar a revertir el rezago en la salud pública. Pero no se hizo.

El argumento de que respondió a una estrategia coherente para enfrentar el COVID, no tiene asidero. ¿Qué mejor forma que preparar la lucha contra el COVID que fortalecer el sistema de salud? Implicaba tomar medidas radicales, sin duda, como las que planteamos más abajo. En lugar de eso, AMLO pretendió convencer que “no pasaba nada” y que los conservadores querían debilitarlo, temeroso de hacer olas que afectaran aún más la situación de debilidad de la economía y le restaran más a sus índices de popularidad. Para ello, impuso a su gabinete una política muy centralizada de la información oficial.

La cuarentena y la clase trabajadora

AMLO terminó la semana con un video donde llama a la cuarentena. El subsecretario de Salud hizo el sábado 28 el mismo llamado a recluirse; ante la pregunta concreta de una periodista, afirmó que por ahora la convocatoria es a que sea voluntaria, pero dejó abierta la posibilidad de acciones coercitivas.

Pero el aislamiento no puede ser llevado adelante por el conjunto de la población, ni siquiera de forma temporal. Son millones de trabajadores del sector privado y el 57% de la población que está ocupada en el sector llamado “informal” que tienen que elegir entre llevar el sustento a sus familias o atender las recomendaciones sanitarias.

El gobierno debería prohibir los despidos y otorgar licencias masivas en las industrias no esenciales, las cuales deben ser pagadas por la patronal al 100% del salario, así como medidas de seguridad e higiene para todas y todos los trabajadores que siguieran trabajando. Junto a esto, es urgente que el estado garantice un subsidio al nivel de la canasta básica —un “salario de cuarentena”— para todos los trabajadores precarizados e informales. Y, a la par, todas las medidas de seguridad para quienes realicen actividades esenciales. Las organizaciones sindicales, empezando por aquellas que se presentan como democráticas y combativas, tienen que exigir estas medidas elementales.

Pero AMLO y el subsecretario de Salud se limitaron a “pedirle” a los patrones que no despidan. Esto, cuando en otros países aumentan exponencialmente los despidos (sólo en una semana crecieron 3,3 millones las solicitudes de seguro de desempleo en EEUU) en tanto que en nuestro país las empresas impulsan el licenciamiento sin goce de sueldo o con descuentos significativos, como es el caso de las maquiladoras en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas, que ya han provocado algunas protestas de trabajadores.

Aislamiento y pruebas de detección

Por otra parte, el aislamiento por sí mismo, aunque fuera generalizado, es una medida absolutamente insuficiente, como han declarado muchos sanitaristas. No puede disociarse de la realización de pruebas o test de detección rápida y temprana del virus. Lorenzo Meyer ridiculizó esta necesidad en la entrevista que mencionamos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomendó “test, test y más test” y que en países como Corea del Sur se llevó adelante masivamente, en tanto que Alemania está empezando a realizar 500 mil tests por semana.

La realización de pruebas masivas permite detectar los casos y la expansión de la enfermedad y combinarlo con distintas medidas para aislar los brotes y contener el contagio. Son parte de un plan integral de emergencia sanitaria, que debe también incluir el aislamiento de los casos detectados. Estas pruebas deben realizarse a quienes presenten algunos de los síntomas, a los contactos de quienes se encuentren infectados (lo cual permitirá llegar a una buena parte de los asintomáticos), así como a todo el personal de la salud que —como muestra la noticia de que 5 médicos del IMSS se han contagiado—, están altamente expuestos. De igual forma, a quienes se mantienen trabajando y no pueden entrar en aislamiento.

La miseria de lo posible o la salud de las mayorías

Los defensores del gobierno alegan que no es “realista” una estrategia distinta, debido a la situación del sistema sanitario y la propia realidad del país. Que lo hecho por AMLO es “el único camino posible”. Evidentemente, para llevar adelante una estrategia alternativa se requiere adoptar medidas profundas que el momento actual vuelve urgente.

El sistema de salud está en crisis. Hay que decir que esto no es solo responsabilidad de los gobiernos anteriores priístas y panistas: las políticas de austeridad de la Cuarta transformación implicaron una reducción del presupuesto —que es de los más bajos entre los integrantes de la OCDE— y retrasos en la asignación de recursos. Esto es consecuencia de una política que, siguiendo los lineamientos de los organismos y gobiernos internacionales imperialistas, favoreció a los empresarios del sector y precarizó a sus trabajadores.

Ante eso, la resignación y la miseria de lo “posible” no sirven. Se requiere tomar medidas enérgicas. Sin duda, las mismas generarán oposición en la clase dominante, pero también contarán con el apoyo de la mayoría de la población.

Por ejemplo, decretar un aumento de emergencia para el presupuesto a la salud, redireccionando hacia allí los recursos otorgados a la Guardia Nacional, los salarios de los funcionarios públicos de nivel alto, y el pago de la deuda pública. Esto, junto a la implementación de impuestos a las grandes fortunas, permitiría contar con los recursos necesarios para adquirir y/o montar la producción de tests masivos, cubrebocas, gel, el equipo médico tan necesario como respiradores), y todo lo necesario para enfrentar la pandemia.

Daría la posibilidad de contratar de forma emergente a todo el personal de salud que hoy se encuentra cesante y que podría ingresar de inmediato a fortalecer a quienes ya están en la primera línea de la pelea contra el COVID. Garantizaría por ejemplo los recursos para acondicionar una cantidad suficiente de inmuebles que puedan funcionar como centros de atención hospitalaria.

En una crisis como la actual, el sector privado ya es de interés nacional: no hay ningún lugar para el lucro a costa de la salud de la población por parte de quienes se beneficiaron del desmantelamiento de la salud pública, entre ellos los laboratorios. López Obrador, en un giro parcial de su política, lanzó ayer un decreto abriendo la posibilidad de utilizar los recursos de la salud privada, pero no queda claro sus ritmos, si será en su totalidad y si será pagando por los mismos del erario estatal.

Ante eso, la situación requiere una medida drástica: centralizar de inmediato, en manos del estado, todos los recursos de la salud, tanto del sector público como privado, garantizando el acceso gratuito de la población a los servicios esenciales para enfrentar la pandemia. Esto, en el camino de la expropiación y la nacionalización de los mismos sin ninguna indemnización.

A la par, los trabajadores del sector pueden establecer un control y una fiscalización de la utilización del presupuesto, y velar por la instauración de condiciones seguras de trabajo, a partir de su organización en comisiones de higiene y seguridad.

En México, al calor del Tratado de Libre Comercio, la industria se desarrolló e incorporó tecnología de punta. Poner la economía al servicio de la lucha contra el Covid19 implica la reconversión productiva. Anticipándonos a las protestas “airadas” de los defensores de la 4T, esto no sólo es posible: en otros países se está discutiendo cómo llevarla a cabo, como es el caso de las plantas automotrices en el Estado Español o en Inglaterra, para producir ventiladores y otros insumos fundamentales hoy. En otras latitudes, fábricas bajo gestión de sus trabajadores —como Madigraf en Argentina— han tomado decisiones valientes y están produciendo gel y otros productos necesarios.

El gobierno de López Obrador está muy lejos de adoptar una estrategia como la que planteamos, lo cual plantea que si la pandemia continúa creciendo, golpeará aún más duramente a los trabajadores y el pueblo.

Eso implica poner en cuestión el actual status quo capitalista, bajo el cual valen más las ganancias de los empresarios, y los compromisos asumidos con los organismos internacionales y los gobiernos imperialistas, que la vida de millones.

Una situación como la actual requiere medidas urgentes y radicales. Una estrategia anticapitalista que enfrente la pandemia y ponga en primer lugar los intereses de los trabajadores y las grandes mayorías de México. ¡Porque nuestras vidas valen más que sus negocios!