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El boleto urbano subió 50 centavos, consumando un aumento total del 95% desde el año pasado, que podría llegar a los $7 exigidos por los empresarios del transporte. El nuevo incremento, que ubicaría al boleto en $ 5,50, traerá modificaciones en las demás tarifas. Es decir que no sólo se verá afectada la tarifa básica, que comprende el traslado en la zona céntrica y en los barrios adyacentes, sino que también impactará en el costo de los boletos de los servicios que van desde la Capital hasta Guerrero, San Pablo de Reyes, Yala, León y Lozano, y también puede incidir en nuevas subas en las tarifas para los viajes al resto de la localidades de la provincia.
Este aumento contó desde el primer momento con el apoyo de los concejales tanto del PJ como de la UCR, que borran sus diferencias a la hora de cuidar los intereses de las empresas, sobre la base de estudios de costos hechos por las mismas empresas y que contó hasta con el aval de la universidad que se prestó a certificar el pedido de aumento de los empresarios. Sin embargo ningún funcionario indaga sobre los libros de contabilidad de las empresas que mantienen sus ganancias en la más secreta oscuridad.
Además estos aumentos no garantizaron una mejora en los salarios de los conductores, inversiones para la mejora del servicio o más recorridos. Se trata simplemente de un ataque al bolsillo del trabajador y una forma de resguardar la ganancia empresarial por sobre la necesidad de miles de usuarios que día a día se trasladan a sus lugares de trabajo y estudio. Incluso la tarjeta SUBE, pronta a implementarse, reconocerá este monto como base, desconociendo que en relación con las distancias recorridas es uno de los más elevados del país. Y ni hablar si se suma que la provincia cuenta con un alto porcentaje de trabajo en negro (40%) y un promedio de los más bajos en materia salarial.
Así, aunque el gobernador Eduardo Fellner (FPV) y el intendente capitalino “Chuli” Jorge (UCR) sostengan que el transporte público es un derecho y se comprometan a bregar por la calidad del mismo, los únicos beneficiados son los empresarios del transporte de colectivos que recibieron $413 millones durante 2014 en concepto de subsidios. Por supuesto este dinero proviene del pago de impuestos, por lo que con el aumento del boleto se convalida otra fuente más de ingresos para el sector privado.
Por su parte la Organización Social Tupac Amaru salió a las calles a realizar diversas pintadas denunciando el aumento y al gobierno capitalino. Una acción testimonial si se tiene en cuenta la gran capacidad de movilización que posee. Asimismo, como parte del Frente Unidos y Organizados, poseen varias cargos legislativos que hoy están abocados a acompañar la gestión del actual gobierno, como mostró durante la apertura de sesiones, y no a apoyar y fortalecer la lucha del pueblo trabajador contra los ataques que el gobierno provincial y municipal vienen propinando. Frente a esto vuelve a plantearse la necesidad de que los sindicatos, los centros vecinales y las organizaciones estudiantiles se unan en las calles para terminar con el tarifazo en el transporte urbano en Jujuy. |
