La mañana de este sábado 4 de abril, el grupo de migrantes que para la fecha ya había ascendido aproximadamente a 470, quienes estuvieron en condiciones críticas en la localidad de Huara, lograron pasar en numerosos buses por la frontera con Chile, rumbo a un campamento instalado en Pisiga por el Estado boliviano y la Organización Internacional de Migraciones.
El acondicionamiento de este campamento se produjo recién después de 10 días, tras la presión de la opinión pública y diversos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Su situación se fue conociendo paulatinamente desde aproximadamente hace una semana atrás, develando no solo el abandono sino la violencia de conjunto con la que actuaron las autoridades, sin haberles garantizado ni alimentación ni lugares aptos para su estadía durante estos 10 días.
Recordemos que, por un lado, el ministro de Defensa, Fernando López, señaló que se trataba de "gente que se fue de vacaciones en plena crisis" y que por otro, diversas autoridades no solo negaban conocer la situación, sino que posteriormente reafirmaban la negativa argumentando "falta de recursos" para trasladar a estos migrantes y darles condiciones óptimas para que cumplan con la cuarentena correspondiente. Sin embargo, mientras durante días se hablaba de dicha “falta de recursos” para evacuarlos, ya se habían hecho noticia los millones sacados de las AFPs para salvar a la banca, anunciado por el ministro de Economía, sin mencionar el compromiso de incremento salarial para el aparato represivo policial que hoy se está discutiendo.
Las familias migrantes, en su gran mayoría de trabajadores estacionarios, ni fueron de vacaciones, como señaló López, ni vuelven a Bolivia en esta situación por gusto y gana. Son dobles víctimas de un Estado que antes, a la cabeza de Evo Morales y el MAS, no mejoró su situación pues continuó sosteniendo privilegiadamente a empresarios y bancos; y son víctimas también de la extrema derecha hoy en el poder, que no solo continúa sosteniendo este rumbo, sino que da un salto en la represión, explotación y opresión, como lo ha demostrado este hecho de desprecio racista y clasista.
Hoy finalmente se encuentran siendo trasladados a Bolivia, dónde deberán permanecer por 15 días en cuarentena bajo control del Estado, en un campamento que estaría en "óptimas condiciones" para su recibimiento. Pero esto no borrará el confinamiento criminal en la frontera, las carencias a las que se les sometió y las declaraciones de las autoridades bolivianas. Se trata sin lugar a dudas, de una flagrante violación de elementales derechos humanos. |
