Toda la política mundial –incluyendo la brasileña, que ya espera un crecimiento económico igual a cero este año– sufrirá los impactos de este sismo en una economía mundial en terapia intensiva. Un país dependiente de las exportaciones de commodities, como Brasil, ¿podría mantener su equilibrio por mucho tiempo ante la contracción del comercio mundial, la debilidad económica de su principal socio comercial, China, y de la caída de los precios de las materias primas?
En este marco, las crisis sanitaria y política se retroalimentan, teniendo como telón de fondo la sombra de una nueva recesión global. Sin embargo, su combinación no provee los mismos resultados políticos. Mientras en países como China, Italia y Francia las medidas autoritarias recibieron una temporal “moratoria política” de las masas con la pandemia, en Brasil el desarrollo de la crisis sanitaria produce una agudización de la polarización política y social. El desenlace sigue abierto, así como el camino hacia los extremos que amenaza con poner en tela de juicio a la propia presidencia.
Brasil ya tiene más de 10 mil casos confirmados de coronavirus y registra hasta el momento más de 400 muertos. No es posible estimar categóricamente el curso exacto que tomará la pandemia, ni los ritmos que le impondrá a la crisis política. Tendencialmente, sin embargo, es probable que la calamidad sanitaria se agrave, teniendo en vista no solo su evolución internacional –en la que Estados Unidos ya pasó a China con 120.000 casos detectados–, sino también por la incompetencia de los ejecutivos federal y estaduales que la administran.
Ese escenario genera fisuras en el interior del régimen, en primer lugar con las Fuerzas Armadas, que se vacunan contra la línea negacionista de Bolsonaro. También los gobernadores de los estados buscan aprovechar la situación para proyectarse políticamente contra el gobierno federal.
Las motivaciones del negacionismo bolsonarista
Jair Bolsonaro y sus ministros Paulo Guedes (Economía) y Mandetta (Salud) dirigen con solemne ignorancia los intentos, no de combate sino de ocultamiento, de la gravedad de la pandemia. Bluffean sobre una ilusoria enorme cantidad de tests, cuando la población necesita cada vez más urgentemente tests masivos. No reconvierten las plantas de los grandes monopolios para la producción de respiradores y ventiladores o camas de terapia intensiva. No presentan ningún plan de contratación de trabajadores de la salud y estudiantes formados en el área, mucho menos consideran la centralización estatal de todo el sistema de salud, incluyendo el privado y sin indemnización, para hacer frente a la crisis. A las cuarentenas irracionalmente separadas de tests que identifiquen a los infectados, llevadas adelante por los gobiernos extranjeros, oponen un negacionismo oscurantista que representa todo el odio de clase de la atrasada burguesía que lo acompaña.
Bolsonaro habla en nombre de los trabajadores autónomos, informales y de la juventud precaria que agotan sus energías en iFood, Rappi y Uber. Pura hipocresía. Ellos son las víctimas de la reforma laboral y de la “Cartera Verde e Amarela” que legalizó el trabajo en negro, banderas de Bolsonaro que destruyeron los derechos más elementales de los trabajadores. A ellos, así como al conjunto de los trabajadores, Bolsonaro ofreció la “MP de la muerte”, un decreto que pretendía permitir a la patronal suspender por cuatro meses los contratos de trabajo sin remuneración. Tuvo que retroceder de esa medida y presentó otro decreto que permite la reducción de la jornada y de salarios o la suspensión del contrato por dos meses, con remuneración a través del seguro de desempleo.
El pronunciamiento presidencial del 24 de marzo fue un monumento al odio contra los trabajadores: despreciando las vidas trabajadoras, Bolsonaro dijo que la economía debía volver a funcionar normalmente porque “la gripecita se va a pasar pronto”. Una apuesta displicente, mientras la pandemia prospera en las venas abiertas de la catástrofe de la salud pública, “perfectamente organizada” por los capitalistas.
Aunque sea una locura, hay método en el pronunciamiento bolsonarista. Está inundado por el deseo de sacrificar las vidas de miles de trabajadores en el altar de las ganancias capitalistas. Bolsonaro sabe que su situación se haría más compleja si se desarrollaran: 1) un derretimiento económico producto del anémico crecimiento, de la nueva recesión mundial y de las consecuencias de la pandemia; 2) un cataclismo sanitario en Brasil que arrebatara una gran cantidad de vidas y su negacionismo fuera señalado por las masas como el responsable de la tragedia. Las Fuerzas Armadas están preocupadas especialmente con esa variante, y según el diario El País del Estado Español, aunque descarten por ahora la salida del mandatario, ya hacen reuniones para trazar un escenario de mediano y largo plazos, acercándose al vice Hamilton Mourão. Bolsonaro está preocupado por reactivar sin más demora la economía para evitar así ser la víctima política de la recesión, antes que por verse como la víctima de las muertes populares por el Covid-19. Así, que los trabajadores perezcan pero se enriquezcan los capitalistas.
Luego, en un nuevo pronunciamiento nacional el 31 de marzo, Bolsonaro fue obligado a retroceder de su retórica negacionista más agresiva. Dijo que la pandemia “es una realidad” y que su misión sería “salvar vidas, sin que las personas pierdan sus empleos”, llamando a un gran “pacto nacional con todas las instituciones” (gobernadores, el Poder Legislativo y el Judicial) para contener al coronavirus. Este giro también atendió a influencias políticas externas e internas. Desde el punto de vista internacional, el discurso de Bolsonaro se hizo justo después de que Trump también retrocediera de su retórica “economicista”, y ante el enorme aumento de casos confirmados y muertes en Estados Unidos, reconociera que el país vivirá “dos o tres semanas muy sombrías”, con una proyección de entre 100.000 y 240.000 muertos, por lo que no esperaba reiniciar la economía en abril. Bolsonaro una vez más tuvo que dar un giro de 180 grados de acuerdo con la política de la Casa Blanca, en vista del aumento de la cantidad de muertos en Brasil.
Los militares brasileños no fueron un factor menor para el retroceso de Bolsonaro. Alineados con el Pentágono, la cúpula de las Fuerzas Armadas operó una política de contención del negacionismo bolsonarista, poniendo a Walter Braga Netto, general en actividad y actual jefe de Gabinete -responsable por las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo- para comandar “no oficialmente” los esfuerzos contra la pandemia de acuerdo con las orientaciones de la OMS. El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que tiene una relación de roces con Bolsonaro, trabaja codo a codo con Braga Netto. La política de los militares en el Planalto responde al papel moderador de las Fuerzas Armadas en la crisis, desde que Braga Netto asumió el cargo en febrero. Han separado informalmente a Bolsonaro de la conducción de la crisis. Sin embargo, por ahora, los militares no quieren separarlo de la presidencia: sigue actuando como mandatario en todos los planos de la política nacional. Buscan preservarlo en el cargo para no incrementar las tensiones dentro del régimen y no generar descontento en los cuarteles contra los generales, teniendo en vista la influencia bolsonarista entre oficiales y soldados.
Las inestabilidades en la conducta de Bolsonaro son un indicio de que las tensiones seguirán, con nuevas provocaciones. A pesar de la actual política moderadora de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de los militares está inscripto en la situación. Braga Netto acumula poder y puede usar ese elemento a su favor en el curso de la pandemia y de la propia crisis económica, que no descarta el escenario de revueltas populares.
Los gobernadores como otro polo golpista y el peso cada vez mayor de los militares
A pesar de la enorme insatisfacción de las masas contra el gobierno, los trabajadores todavía no actúan como sujeto político independiente, alternativo a las patronales y a Bolsonaro. Esa condición puede cambiar porque no hay ningún muro que separe a la clase obrera de la autoorganización necesaria para tomar en sus manos la solución de la pandemia. Pero no es la situación actual. En ausencia del sujeto obrero, el Ejecutivo encabezado por Bolsonaro tiene como principal “opositor” a los gobernadores estaduales encabezados por João Doria (PSDB), gobernador de San Pablo. Ese campo fue robustecido por la ruptura del gobernador Ronaldo Caiado (DEM de Goiás) con el séquito bolsonarista.
La tensión entre el bolsonarismo y los gobernadores había surgido con toda la fuerza durante el motín de policías del estado de Ceará, en el Noreste, cuando el presidente de la República y su séquito incentivaron abiertamente el quiebre de la jerarquía y la “movilización” de la policía con métodos milicianos para enfrentarse a los gobernadores, buscando de esa manera avanzar políticamente en la región. En la crisis del coronavirus, los gobernadores se vieron organizando un contrapunto con el gobierno nacional, contraponiendo a la política de “vuelta a la normalidad” una retórica de “preocupación con la población” expresada en la defensa de la cuarentena y el aislamiento social.
Es importante recordar que en el campo de los gobernadores están situados algunos factores reales de poder que fueron pilares fundamentales del golpe institucional. La Corte Suprema (STF), primer violín del autoritarismo judicial, perdió la paciencia con Bolsonaro y se ligó a los gobernadores. El Legislativo, encabezado por el presidente de Diputados Rodrigo Maia, base para la aprobación de las medidas neoliberales como la nefasta reforma previsional, también cerró filas con los ejecutivos estaduales. La prensa golpista (Estadão, Globo, Folha de S. Paulo) hace el coro de voces en este campo del régimen burgués.
Como decíamos antes, el aumento del peso de las Fuerzas Armadas al interior del gobierno se convirtió en un factor destacado del régimen con la transformación de Braga Netto de “ministro de la Casa Civil” en “presidente operacional” durante la pandemia. Es la culminación del proceso de bonapartización creciente del régimen post-golpe institucional, con la incorporación de oficiales activos del ejército en los puestos más cercanos a Bolsonaro. Al mismo tiempo que preservan a Bolsonaro de perder la presidencia, lo apartan de la conducción inmediata de la crisis, adoptando la línea que los gobernadores venían siguiendo (sugerida por la OMS y determinada por las agencias ligadas al establishment del Partido Demócrata estadounidense). La cúpula de las Fuerzas Armadas preserva su poder moderador sin destituir a Bolsonaro, pero limitando y moderando su poder en medio de la pandemia, haciéndolo ponerse a tono con los gobernadores, con el Congreso y el Tribunal Supremo –todo ellos personajes e instituciones reaccionarias y activamente comprometidas con el golpe institucional de 2016– parte de una especie de “bonapartismo institucional-militar”.
La alta cúpula de las Fuerzas Armadas dejó claro su alejamiento de la retórica bolsonarista con la declaración del comandante del Ejército, Edson Leal Pujol, que afirmó que la lucha contra el coronavirus sea tal vez “la misión más importante de nuestra generación”. También Bolsonaro viene siendo disciplinado por el general de reserva y vicepresidente Hamilton Mourão, a quien se acerca la cúpula del Ejército: Mourão “corrigió” el contenido de lo que el Planalto defiende, marcando las orientaciones de la OMS, y mostró insatisfacción evidente con el pronunciamiento confrontativo de Bolsonaro contra los gobernadores, llegando a merecer del presidente el calificativo de “tosco” en una entrevista al canal televisivo Band.
Ese campo, con toda su heterogeneidad de intereses, expresa la fracción de la clase dominante que se opone a la conducción del Planalto frente a la pandemia y a la orientación de la patronal de la industria y del comercio minorista que apoya a Bolsonaro. Internacionalmente, está alineada a la política del Partido Demócrata en Estados Unidos. Dependiendo de los desarrollos de la crisis, la actual política de este ala del régimen puede pasar de la exigencia de que Bolsonaro “se aleje de la conducción de la crisis” al que “se aleje de la presidencia”. Las próximas semanas probablemente aclararán este tema.
Analizando la dinámica de estos conflictos, en mayo de 2019 Daniel Matos escribía en La Izquierda Diario:
El desarrollo de las pugnas al interior del régimen golpista va delineando dos proyectos de bonapartismos distintos: uno “presidencialista imperial” de Bolsonaro, que busca alzar al Ejecutivo como institución absolutamente predominante del régimen y hasta mesiánica, a la que se deberían subordinar todos los demás “factores de poder”, utilizando a la Lava Jato y a “la calle” como herramientas de disciplinamiento. Y otro proyecto “bonapartista institucional”, donde los golpistas de los viejos partidos tradicionales (hegemonizados ahora por el DEM y teniendo como “centro de gravedad” el Congreso), en acuerdo con los demás “factores de poder” (STF, grandes medios de comunicación y parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas), buscan disciplinar el poder de Bolsonaro a las otras instituciones que fueron parte del golpe.
Desde entonces, hechos como la derrota de la operación judicial Lava Jato y las crisis sobre el involucramiento del clan Bolsonaro en el asesinato de Marielle Franco detuvieron los excesos del bonapartismo presidencial al interior de las instituciones, mientras llevaba al régimen político más a la derecha, con la entrada con mayor peso de oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas en altos cargos del Planalto. Usando esas marcas divisorias –la oposición real entre el bonapartismo presidencial bolsonarista y el bonapartismo institucional con cada vez mayor peso de los militares–, hay un cambio en la composición de fuerzas de este último proyecto burgués. A su vez, el Legislativo –que encabezaba ese polo golpista durante el año 2019– cedió, al menos provisoriamente, el liderazgo a un sector de los gobernadores, apoyado por la alta cúpula de las Fuerzas Armadas. Representan dos proyectos distintos que se apoyan en la herencia del golpe institucional y sus reformas reaccionarias.
Independientemente de la divergencia sobre los métodos de organización de la cuarentena, si la “horizontal" que restringe más duramente la movilidad o la “vertical” que aísla a los más viejos, la verdad es que, a pesar del discurso enfrentado, Bolsonaro y los gobernadores son dos polos golpistas que buscan descargar los costos de la pandemia sobre los trabajadores. No hay forma de alcanzar una salida progresista para estos, los que más sufren por los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, en cualquiera de estos campos burgueses reaccionarios.
El combate para garantizar todos los recursos que puedan salvar vidas y enfrentar los efectos de la pandemia solo puede prosperar si es tomado en sus manos por los propios trabajadores, contra Bolsonaro, los gobernadores y los capitalistas.
“¿Todos unidos contra Bolsonaro”?
Así, combatir a Bolsonaro junto con los gobernadores y el Poder Legislativo y todo el campo golpista del bonapartismo institucional significa abandonar cualquier vestigio de independencia de clase en nombre de un “frente amplio contra Bolsonaro” que fortalece el autoritarismo estatal contra los sectores explotados y oprimidos. Medidas de los gobernadores, como cuarentenas sin tests –que le quitan su eficacia–, la negativa en garantizar barbijos, camas y respiradores, unifican a los Ejecutivos de los estados con Bolsonaro en el desprecio hacia la población. Una batalla real que implica separarse de todas las fracciones burguesas.
Al diferenciarse de la política de Bolsonaro, el PT se disciplina a ser el “ala izquierda” de la política llevada adelante por los gobernadores y el bonapartismo institucional con peso redoblado de los militares, que como dice Lula, “tiene más responsabilidad” que el Ejecutivo federal. Lula intercambió elogios con el gobernador derechista João Doria en las redes sociales, ampliamente difundidos en la prensa como un movimiento para aislar a Bolsonaro. El PT se disciplina incluso en la falta de alternativas radicales frente a lo que hace Bolsonaro. En los cuatro estados del Noreste que gobierna, el PT se niega a tomar medidas contundentes, empezando por los tests masivos, la centralización del sistema de salud o impedir los despidos que siguen flagelando a la población de esa región. Esa política del PT está más claramente expresada en la línea de las centrales sindicales que influencia, la CUT y la CTB (dirigida por el PCdoB). Estas centrales firmaron un comunicado conjunto en que ya desde el título piden que “el Congreso asuma el protagonismo” y la articulación “con el Congreso Nacional y todos los gobernadores, independientemente de la filiación política e ideológica”, con quienes es claramente imposible llevar adelante cualquier medida seria de combate a la pandemia, ni que decir una política independiente.
El PSOL publicó una resolución de la dirección ejecutiva nacional defendiendo “la salida de Jair Bolsonaro”, advirtiendo la necesidad “de que el movimiento de salida ocurra en forma democrática, construido de forma amplia y con apoyo popular”. El manifiesto firmado por el PSOL junto con el PT y otros partidos deja más clara su orientación: en la práctica, es un apoyo a que el general Hamilton Mourão, vicepresidente, asuma la presidencia (sea por el impeachment de Bolsonaro o por su renuncia). Eso significa no solo renunciar a defender cualquier salida mínimamente independiente, sino incluso cualquier bandera democrática, entregando el Gobierno a un general ultra reaccionario que, en el aniversario del golpe militar, elogió al régimen dictatorial brasileño (1964-1985). En lo inmediato, su política canaliza el justo sentimiento de rechazo contra Bolsonaro hacia salidas institucionales que fortalecen el campo del “bonapartismo institucional”, como se desprende del llamado que hacen en su nota oficial a “surmarnos a los esfuerzos que hacen los gobernadores”, en una “amplia unidad” que engloba incluso a partidos golpistas (como Rede) con tal que se opongan a Bolsonaro. La condición básica para que el PSOL cumpla algún papel de defensa de la población en esta pandemia exige que rompa con esa política de sujeción a Mourão, a los gobernadores y al bonapartismo institucional.
La mejor forma de atacar al bonapartismo es con la respuesta más contundente frente al coronavirus, basada en una política independiente. ¿Por qué los parlamentarios del PSOL no ponen el peso de sus bancadas para exigir tests masivos ya, la contratación de trabajadores para la salud pública, la reconversión de la industria que tenga la técnica adecuada para la producción de insumos médicos y hospitalarios al servicio de la población? La forma de combatir “la catástrofe que nos amenaza” (para rescatar de Lenin algo más que el título de una nota, como se limita a hacer el MES, corriente interna del PSOL) implica ayudar a desarrollar la auto-actividad de los trabajadores, jerarquizando medidas que tiendan al control obrero generalizado de todas las iniciativas económicas y sanitarias que pongan en marcha los gobiernos.
Control obrero y batalla contra la pandemia
La forma más eficaz de impedir que Bolsonaro, los militares y los golpistas de todo pelaje sigan descargando los efectos de la pandemia en las espaldas de los trabajadores, es articular un programa de emergencia que destine, de inmediato, todos los recursos disponibles y acumulados por los capitalistas al combate del Covid-19.
Recursos hay, casi ilimitados: basta ver los miles de millones inyectados en los bancos y empresas. Pero los capitalistas y sus gobiernos, responsables por el estado lamentable de la infraestructura sanitaria, quieren preservar sus ganancias por sobre nuestras vidas. Es por ese motivo que la aparición del sujeto obrero, a través del control obrero de la producción y distribución de insumos médicos y hospitalarios, es una condición fundamental.
El anuncio de 23 millones de tests que hizo el Ministerio de Salud de Bolsonaro todavía es un bluff, y la política de 2.000 por día de Doria, además de insuficiente, todavía son palabras al viento; incluso los test que ya se están haciendo se demoran a veces más de una semana en tener el resultado. Exigimos que los tests sean masivos, o sea, que se testeen a todos los que presenten cualquier síntoma y, siguiendo la “ruta del virus”, también a todas las personas que hayan tenido relación con los sintomáticos (lo que debe incluir a todas las personas que busquen ser testeadas alegando que tuvieron contacto con alguien con síntomas sin exigir ninguna prueba, y que en barrios y en las regiones donde la diseminación sea grande, el testeo masivo e indiscriminado puede ser más ventajoso), además de los trabajadores de la salud y todos los trabajadores que siguen trabajando (que son muchos e incluyen a mucha gente sin síntomas), o los que vuelven al trabajo.
Hay que batallar por lo que niegan Bolsonaro y los gobernadores: centralizar todo el sistema de salud, incluyendo la salud privada (desde los grandes laboratorios hasta las clínicas hospitalarias y hospitales privados), bajo control de los trabajadores y especialistas, para garantizar todas las instalaciones necesarias para recibir los eventuales infectados que necesiten internación: confiscando todas las salas que falten (hoteles, etc.) y proveyendo respiradores (mediante producción de emergencia, importación, etc.). Es urgente la contratación de todos los trabajadores de salud desempleados y los estudiantes de medicina que ya egresaron, para hacer frente a las necesidades de la población.
Ni Bolsonaro ni los gobernadores desean tocar las ganancias patronales, y permiten que sigan produciendo bienes inútiles para el combate al coronavirus, mientras los trabajadores se infectan sin ninguna protección. Eso debe terminar. Las industrias incapaces de producir bienes útiles a la población deben cerrarse, y todos los trabajadores sin ingresos que fueren licenciados (así como los autónomos e informales) deben recibir su sueldo íntegro a costa de las ganancias patronales y como mínimo un “salario de cuarentena” de 2.000 reales (cerca de 375 dólares) durante toda la crisis.
Las organizaciones de la clase trabajadora tienen planteado intervenir en esta crisis con un programa independiente de las distintas fracciones capitalistas. Las centrales sindicales deben salir de su pasiva disciplina al bonapartismo institucional y batallar seriamente por esas medidas de emergencia. Solo los trabajadores de la salud, sindicatos obreros y organizaciones populares pueden estar al frente de un gobierno de emergencia en lugar de todos estos golpistas que hacen poco caso de nuestra salud y empleos.
Ese gobierno de emergencia tendría como una de sus tareas centrales, al realizar las medidas necesarias para proteger las vidas de millones, la convocatoria y organización de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que concentre todos los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial, donde puedan ser debatidos democráticamente toda la reconfiguración del país para responder no solo a la cuestión inmediata de garantizar empleos y vidas, sino todas las cuestiones estructurales que condenan a la inmensa mayoría a una vida de miseria.
Esa es la mejor manera de acompañar el legítimo odio popular contra el gobierno y cuestionar a Bolsonaro, los militares y todos los golpistas. En este combate, los marxistas alentarán el desarrollo de organismos de autoorganización, algo que, en una experiencia de control obrero, es una base insoslayable para la comprensión de la necesidad de un gobierno obrero de ruptura con el capitalismo.
Traducción: Isabel Infanta |
